Ahora resulta que hay que discutir si los indios tienen derecho a tener derechos; una discusión que recuerda mucho aquella otra que se dio en la época Colonial cuando los encomenderos españoles insistían en negar que los indios tenían alma con el fin de explotar su fuerza de trabajo con mayor libertad. Han pasado quinientos años y los indios siguen igual porque las pretendidas políticas de apoyo a sus comunidades siempre se han decidido a sus espaldas y nunca se le ha dado derecho real a la libre determinación como pueblos. Esa ha sido la razón de ser del EZLN y su gran contradicción, siendo un grupo armado no ha pretendido tomar el poder, desde el 7 de enero de 1994 ha mantenido una tregua en espera de una solución negociada que incluya a los pueblos indios.

Desafortunadamente la iniciativa que ahora presenta unilateralmente el presidente Ernesto Zedillo en el contexto de una intensa campaña de publicidad, en realidad desconoce no sólo esta demanda fundamental del EZLN, sino también el proyecto de nación pluriétnica contenido en el Convenio 169 de la OIT y trivializa los Acuerdos de San Andrés, al punto de perder su esencia. Más preocupante aún es la visión que ofrece Zedillo en reciente entrevista del conflicto indígena en Chiapas (La Jornada, primera plana 16 de marzo 1998). Reducir la matanza de Acteal a una lucha entre grupos de asesinos, colocar en el mismo plano a los zapatistas y a los paramilitares, hablar del EZLN como una amenaza para el país, revela una profunda incomprensión de la naturaleza y la importancia del problema.

Los mexicanos tenemos derecho a preguntar si esos temores infundados pueden justificar una guerra de baja intensidad contra los pueblos indios, como la que se ha venido desarrollando desde 1995, con una presencia militar, que ha dado por resultado miles de indígenas desplazados de sus comunidades y pone en riesgo la gobernabilidad y la consolidación de la democracia a nivel nacional. Por ejemplo, según el informe del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, entre noviembre de 1996 y julio de 1997 la presencia del ejército ocasionó ``12 ejecuciones arbitrarias, 26 agresiones contra grupos, 19 detenciones-desapariciones, 38 privaciones arbitrarias de la libertad, 12 privaciones ilegales de la libertad, 23 actos de tortura y 11 tratos crueles contra campesinos indígenas'' principalmente en Chiapas, Oaxaca y Guerrero (La Jornada, 23 noviembre 1997, p.3).

En un informe reciente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, AC, se documenta la existencia de los grupos paramilitares ``Máscara Roja'', ``Los Chihulines'', ``Alianza San Bartolomé de los Llanos'', ``Fuerzas Armadas del Pueblo'', ``Paz y Justicia'', ``Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista'', ``Degollagores'', ``Tomás Munzer'', además de otros grupos que actúan en la zona menos identificados. Una característica común a todos ellos es su filiación priísta, que atacan a indígenas que no pertenecen a ese partido, y la impunidad de que gozan.

Parecería obvio que la amenaza militar no proviene del EZLN, cuando lo urgente desde un punto de vista humanitario y desde una perspectiva de gobernabilidad y consolidación democrática a nivel nacional, es resolver la cuestión indígena y devolver al Ejército Mexicano la dignidad que le corresponde como defendor de la Patria.

El enunciado ``la libre determinación de los pueblos indios'', contenido en el artículo cuarto constitucional, tendría que concretarse en derechos específicos que tienen que ver con la vida política, la cultura (incluyendo educación), las comunicaciones (incluyendo medios electrónicos), la administración de justicia y el uso de los recursos naturales de su territorio; porque sin un sustento material, ¿cómo podrían sobrevivir los pueblos indios?

Este proceso será difícil, pero como no se trata de una definición jurídica, sino de una realidad social los pueblos indios están ahí, es indispensable encontrar un nuevo ordenamiento jurídico que les dé cabida en la nación y que les permita ser parte de ella sin perder su identidad.