Ruiz Ferro y colaboradores ``sabían todo pero lo escondían'', afirma el edil priísta de Chenalhó
Elio Henríquez y Angeles Mariscal, corresponsales, Chenalhó, Chis., 18 de marzo Ť Un total de 38 indígenas que tenían orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en la matanza de Acteal, se entregaron hoy voluntariamente a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), ya que aseguran ser ``inocentes'' y desean que se les haga ``un juicio imparcial para que se demuestre que no somos culpables''.
Al hacer entrega formal de los 38 tzotziles --militantes del PRI y del Frente Cardenista--, el alcalde priísta Pedro Mariano Arias Pérez exigió que sean investigados el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro y otros ex funcionarios, ``porque ellos sabían todo pero lo escondían y no hubo atención, no hicieron caso'', dijo.
Desde ayer, las autoridades municipales invitaron a los reporteros para que atestiguaran esta mañana la entrega voluntaria de los 38 indígenas originarios de Acteal, Los Chorros, Pechiquil, Canolal y La Esperanza, entre otras comunidades.
Se les permitió irse a desayunar
Decenas de policías judiciales federales, encabezados por el general Guillermo Alvarez Nara, llegaron a esta cabecera para recibir a los tzotziles acusados de haber participado en la masacre de Acteal. Después de una reunión de más de dos horas para corroborar los nombres de los inculpados y revisar las identificaciones, la PGR les dio ``permiso'' para que fueran a desayunar caldo de pollo en un restaurante de la localidad.
Antes de abordar el autobús que los trasladaría al penal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez --a las 11.30 horas--, los 38 priístas y ``cardenistas'' subieron a la segunda planta del palacio municipal, donde el edil Arias Pérez los entregó a la PGR.
El alcalde dio a conocer que al enterarse de que la Procuraduría tenía las órdenes de aprehensión libradas desde el 14 de marzo pasado, las autoridades municipales convocaron a una reunión el domingo anterior para ``buscar una alternativa, a fin de que no sean molestados ni espantados los habitantes de las comunidades de donde son originarios los acusados''.
Fue así como, con la colaboración de los agentes rurales y de los propios inculpados, se llegó al acuerdo de que se entregarían voluntariamente ``para que se les haga un juicio justo, porque creemos todavía en nuestras instituciones'', afirmó el edil, al leer una carta que los 38 indígenas le enviaron al presidente Ernesto Zedillo para informarle de su decisión.
Pero al mismo tiempo exigieron que ``se haga justicia y sean castigados los culpables de haber asesinado a 18 compañeros nuestros antes de los hechos de Acteal, y cuyos asesinos son simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Usted ha dicho que la justicia es igual para todos; esperamos que eso se cumpla y no sea parcial como hasta ahora ha sido, porque pareciera ser que únicamente se pretende castigar a los que simpatizamos con el gobierno y a los otros se les tiene miedo'', manifestaron.
Al entregar a los indígenas, Arias Pérez pidió a la Procuraduría General de la República que ``no vayan a ser maltratados como siempre lo han hecho las autoridades, porque ya basta con eso de que si no se declaran culpables los amenazan y los golpean''.
El alcalde de extracción priísta exigió que ``seamos respetados como indígenas, y quienes hayan tenido la culpa de lo de Acteal, como ex funcionarios de alta categoría, que también sean investigados, porque no se vale que el pobre indio siempre es el afectado y el molestado''.
--¿Cómo cuáles ex funcionarios? --se le preguntó.
--Empezando por el ex gobernador (Julio César Ruiz Ferro), el procurador de Justicia del estado (Marco Antonio Bezares Escobar), y viene abajito; ellos sabían todo pero sólo podían esconder, y quienes pagan las consecuencias son los pobres compañeros de aquí, porque no hubo atención en realidad; aquí sí digo la verdad porque más vale decirla y no esconder lo que es.
--¿Van a pedir a la PGR la detención de esos ex funcionarios?
--No, estoy pidiendo justicia y ellos sabrán qué es lo que van a hacer, si se puede o no, pero que se aplique la ley.
--¿Los ex funcionarios tienen la culpa de la matanza?
--Bueno, se les hizo saber algunas veces y ellos no hicieron caso. No dijeron ellos hagan eso, que se entienda lo que digo.
Ante el munícipe, el primer subcomandante de la PGR, Juan José Larios González, se comprometió a respetar ``los derechos humanos'' de los 38 acusados, cuyas órdenes de aprehensión forman parte de las 50 que aún estaban pendientes de ejecutar, según informó la dependencia federal la semana pasada.
Se despidieron sonrientes y bromistas
A las 11.30 de la mañana, los 38 indígenas --la mayoría de ellos sonriendo y haciendo bromas mientras se despedían de algunos amigos y familiares-- subieron al autobús y escoltados por agentes federales y por soldados enfilaron hacia Cerro Hueco. ``¿No falta nadie?'', preguntó un judicial, mientras se alejaba el camión.
Luego de su arribo al penal, los indígenas fueron trasladados a una celda especial, en espera de que presenten su declaración preparatoria ante el juez primero de distrito, Roberto Navarro Suárez. Con este grupo suman 91 las personas detenidas por los hechos de Acteal, en tanto que dos ya fueron liberadas y tres menores se encuentran en el Consejo Tutelar.