ASTILLERO Ť Julio Hernández López

En el PRI pareciera haber concurso para ver quién le clava el último puñal a la Comisión para la Concordia y la Pacificación (Cocopa). Dos diputados han hecho en las horas recientes denodados esfuerzos para ser cuando menos finalistas en este torneo: Arturo Núñez, tabasqueño con intereses familiares y políticos en Chiapas, y Francisco Javier Gil Castañeda (pieza de Adolfo Orive Alba, coordinador de asesores de Francisco Labastida Ochoa).

Núñez, con intereses personales en Chiapas

El coordinador de los diputados federales priístas, Arturo Núñez, se lanzó el pasado martes contra Juan Guerra, César Chávez y Pablo Salazar Mendiguchía, porque como integrantes de la Cocopa correspondiente a la pasada legislatura, ``de mala fe, sin respetar íntegramente los acuerdos de San Andrés y sin técnica jurídica, pretendieron ir más allá de la propuesta'' inicial y redactar una iniciativa de reformas constitucionales que hasta la fecha es dolor de cabeza para los intereses gubernamentales.

Las acusaciones del priísta Núñez contra los perredistas Guerra y Chávez, que por lo demás ya no son ni legisladores ni integrantes de la Cocopa, pueden entenderse en el contexto de la guerra interpartidista relacionada con Chiapas, pero no así la agresión política contra Salazar Mendiguchía, quien es priísta, chiapaneco, continúa como senador y formalmente sigue siendo representante tricolor ante la Cocopa.

El encono verbal desatado por Núñez contra Salazar Mendiguchía forma parte de una abierta campaña de marginación que ha tenido su origen en Los Pinos, donde se le considera traidor a la causa tricolor por mantener posturas diversas, y en ocasiones adversas, a la línea cupular sobre el tema, y que se ha manifestado en la destitución de facto que se ha dictado en su contra al no citarlo a las reuniones de los legisladores priístas miembros de la Cocopa, a las que debería ser invitado.

Sin embargo, siendo suficientes por sí mismas las instrucciones superiores para que un subordinado las cumpla, las palabras de Núñez contra Salazar Mendiguchía se inscriben además en el plano de la injerencia del tabasqueño en la política chiapaneca, en la que cuando menos tres personajes han formado parte del esquema de alianzas con el ex gobernador Julio César Ruiz Ferro y con el actual mandatario estatal, Roberto Albores Guillén.

Esos tres personajes, chiapanecos, residentes durante buen tiempo en el Distrito Federal, colaboradores de Núñez en diversos encargos, son: Ameth Ramos Troconis, oficial mayor del gobierno del estado con Ruiz Ferro y ratificado con Albores Guillén, al igual que Antonio Santiago Becerra, entonces y ahora ocupante de la Secretaría de Educación, y Manuel Gómez Mandujano, quien fue secretario particular del ex gobernador y cuyo nombre aparece mencionado en diversos episodios relacionados con la masacre de Acteal.

El interés de Núñez en lo que pasa en Chiapas también es de índole familiar, pues su suegro es de dicha entidad: Eduardo López Pedrero, de Ostuacán, tenido como cacique ganadero y cacaotero.

Insatisfecho con la Cocopa, propone enterrarla

Francisco Javier Gil Castañeda se ha convertido al interior de la Cocopa en el ejecutor directo de las instrucciones de la Secretaría de Gobernación (desplazando de esas tareas al senador Oscar López Velarde -compadre del ex secretario Esteban Moctezuma Barragán-, a quien a pesar de los méritos en campaña se le escabulló la candidatura a gobernador de su natal Aguascalientes).

Presidente en turno de la Cocopa en este tramo delicadísimo, Gil Castañeda ha expresado en reuniones privadas de la citada comisión legislativa su desazón por la ausencia de diálogo con los zapatistas. ``Insatisfecho'' se ha declarado el priísta, y por ello, simple y llanamente, ha expresado en voz alta su percepción de que, al haberse quedado sin materia de trabajo, la Cocopa debería desaparecer. Mágica coincidencia entre la arremetida de Gobernación y las preocupaciones del priísta presidente en turno de la Cocopa.

Gil Castañeda, por lo demás, ha sido ejecutante y aval de diversas capitulaciones. Activista de izquierda en sus orígenes, fue expulsado de varias comunidades de Chiapas junto con Adolfo Orive, cuando ambos formaban parte de los asesores llamados ``norteños''. Luego participó en Línea Proletaria, en el Movimiento de Acción Popular (los mapaches) y en el Partido Socialista Unificado de México, y fue dirigente de la Unión de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (Unorca). Paisano de Hugo Andrés Araujo, dejó las siglas asociadas a la izquierda para darse de alta en las filas del salinismo. Así participó en los procesos aprobatorios de la visión salinista del artículo 27 constitucional y de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio (TLC). Ya como priísta, fue delegado de la CNC en Chiapas. Hoy es una pieza más de Adolfo Orive (el estratega de Labastida Ochoa para Chiapas), su ex compañero de andanzas del que se distanció durante algún tiempo.

Presidente municipal priísta pide investigar a Ruiz Ferro

El exitoso parte de guerra leído en el cuartel tricolor tiene, sin embargo, algunas menciones preocupantes, como la del presidente municipal priísta de Chenalhó, Pedro Mariano Arias Pérez, que ha demandado a las autoridades federales que sean investigados el ex gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro, y otros miembros de su gabinete, para establecer el grado de responsabilidad que podrían tener en la masacre de Acteal.

``Sabían todo pero lo escondían, y no hubo atención, no hicieron caso'', dijo el alcalde Arias Pérez, según el reporte del corresponsal de La Jornada, Elio Henríquez. Las palabras del funcionario de Chenalhó se produjeron durante el acto formal en el que 35 indígenas priístas y cardenistas, contra quienes había órdenes de aprehensión por cumplir, se entregaron voluntariamente a las autoridades federales de procuración de justicia.

El hecho de que una autoridad priísta demande investigar a Ruiz Ferro y sus funcionarios agrega dudas a la apresurada versión presidencial dada a conocer en Chile, según la cual la matanza de Acteal habría sido simplemente una revancha absurda. Son demasiados los cabos sueltos como para adelantar una sentencia, sobre todo si no se forma parte del órgano constitucional facultado exactamente para esos menesteres.

Hoy se suma la voz del alcalde priísta a las sospechas originales de que tras los hechos sangrientos de Acteal hubiese complicidades o negligencias atribuibles a las autoridades estatales. Por tanto, todavía hay campo para la esperanza de que el crimen del 22 de diciembre sea investigado a fondo y que los culpables, materiales e intelectuales, sean castigados conforme a las leyes vigentes y al necesario espíritu de justicia.

Astillas: El director del semanario sonorense Tiempo, Alejandro Oláis, entrevistó en Tijuana a Jesús Blancornelas, director a su vez de la famosa revista Zeta. De lo publicado destaca la mención de que el secretario de la Defensa ``se tomó muy a pecho'' la protección personal de Blancornelas, luego del ataque de narcotraficantes que lo puso a las puertas de la muerte, y le asignó ``doce soldados que custodian permanentemente'' sus desplazamientos. El polémico periodista bajacaliforniano aseguró, por lo demás, que no huirá de Tijuana y que mantendrá tanto su actividad periodística normal como su línea editorial.

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