Arrinconados por el vendaval chiapaneco, los torbellinos malsanos de Morelos y Campeche no han recibido la atención que sus propios vientos contaminados les merecen. Ambos son ejemplo de armazones y valores criminales incrustados al interior del aparato y la mentalidad de gobierno, que llegan y tocan hasta el último nivel jerárquico de sus administraciones. Sin embargo, por un malabarismo increíble, tanto Carrillo Olea como González Curi niegan no sólo injerencia directa sino hasta el mero conocimiento de los hechos.

Ambos, por tanto, entran en ese espacio de rampante incredulidad colectiva que los proyecta como ejemplo del nivel, todavía pedestre, en que se desenvuelve la legalidad y su impacto en la vida organizada al evitar que se conforme con el estricto mando del derecho.

Cierto es que la vigencia de una cultura democrática no se define a partir de la alternancia, como se empeñan en esparcir, por estos atribulados días, los promotores a toda costa de la continuidad del presente estado de cosas. Pero su posibilidad efectiva tiene que adoptar una esencia tangible en cualquiera de los procesos electorales. Cuando por diversos motivos se altera y hasta impide tanto el recambio como su misma factibilidad, entonces se tiene la evidencia de funcionar en un estado previo, autoritario y tramposo, respecto de la voluntad soberana de los electores.

Se forma y esparce así la certeza de contar con un sistema diseñado para beneficio de un grupo que siempre será pequeño, ilegítimo y muchas veces ilegal. Lo importante entonces recae, aun en estos días donde los votos comienzan a contar y ser contados, en la introducción y práctica de mecanismos para que sea posible castigar, no sólo en las urnas sino en tiempos intermedios, los errores de aquellos que fueron mandatados por urnas adulteradas previamente o que propiciaron o cometieron delitos varios durante el ejercicio de sus funciones.

Lo que no se tiene y ahora es por demás claro, son los instrumentos que permitan corregir las desviaciones en que un gobernante incurre en el periodo normal. Instrumentos que conjuguen la legalidad con la renovación continua de la legitimidad. El referéndum o el plebiscito, cuando tomen acta de naturalidad y aten la conducta y sobrevivencia de un gobierno al juicio y valoración ciudadanas, serán las armas que tanta falta hacen en estos días de funcionarios asesinos (Morelos) coaligados para secuestros, muertes y robos o para violar toda intimidad de personas e instituciones (Campeche) con los mismos recursos públicos.

La supina e insostenible postura de negar todo conocimiento de hechos, por demás ilegales, en que incurrieron los primeros niveles en la jerarquía decisoria, como eran el procurador de Justicia para el caso Morelos y la secretaría de Finanzas junto a la general de gobierno en Campeche es, con toda flagrancia, inaceptable. Se atenta contra la salud de un pueblo y se maltrata la dignidad e inteligencia colectiva con estúpidas afirmaciones de desconocimiento de los hechos. El aparato de espionaje en Campeche es una afrenta nacional. El priísmo ha estado esquivando el bulto en ambos sucesos, en cierta medida explicable porque los llevaron a efecto miembros de su entorno, pero el juicio contrario y el castigo electoral de los ciudadanos es inevitable, máxime si se sabotea con reiterada negligencia y razones pedestres, la introducción de los correctivos.

Se solicita, con urgencia y ahora sí, actuar con todo el peso de la ley y auscultar la voz de un activo medio ambiente para unir a las élites gobernantes con las pulsaciones ciudadanas.

Un gasto millonario en dólares para espiar a simples personas en sus diarias actividades o en aquellas que se desarrollan en la plaza pública, es una acción condenable por principio y mínima decencia. Armar el aparato con sus máquinas y personal es una tarea que requiere de una intrincada red conspirativa. Pero, sobre todo, una calidad tan deteriorada de los funcionarios involucrados junto a su jefe último, el gobernador, que los incapacita para seguir siendo tales.