Construir un régimen político donde la participación democrática ciudadana esté garantizada, tenga espacios propios y seguros y sus voces sean oídas y atendidas por los gobernantes, no es fácil en una ciudad donde dominó 70 años un régimen autoritario, que no oía, ni veía, ni entendía a los opositores, las voces críticas o disidentes eran satanizadas, y la ``consulta popular'' aparecía como un rito religioso sin ninguna consecuencia para los convidados y los organizadores. Es aún más difícil si se trata de una iniciativa limitada a una ciudad, importante pero aislada en esto del resto del país, cuyos ciudadanos no confían en sus gobernantes.

Por eso, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al diseñar la iniciativa de nueva ley de participación ciudadana tiene que abrir bien sus sentidos a quienes quieren participar, e hilar muy fino la tela de su propuesta para que responda a la complejidad de los procesos de participación ciudadana local.

Es necesario crear formas de consulta a toda la ciudadanía, que se conviertan en decisorias y vinculatorias para el gobierno, como el plebiscito y el referéndum. Se requieren espacios múltiples para la participación ciudadana directa, donde pueda transmitir abiertamente al poder público o privado sus opiniones y demandas, que puedan ser abiertos por los ciudadanos mismos, como audiencias públicas con funcionarios y legisladores o cabildos abiertos en las delegaciones.

La población debe tener pleno derecho de organizarse sectorial o territorialmente y que todas las organizaciones sean reconocidas como interlocutoras del Estado, sin relaciones privilegiadas con ninguna, o a espaldas de los asociados. Habría que encontrar los caminos, mediante la libertad de asociación, para evitar que las organizaciones sociales se vuelvan corporativos autoritarios, afiliados a partidos políticos y excluyentes, gestores privilegiados con el riesgo de la doble corrupción, hacia arriba y hacia abajo.

Es necesario tener estructuras participativas formales, homólogas a los desaparecidos Consejos Ciudadanos Delegacionales, pero deberían ser flexibles, poco complejas, articuladas horizontalmente a escala del Distrito Federal, obligadas a comunicarse con los ciudadanos que representan.

La estructura de participación formada por las organizaciones sociales, la formal establecida en la nueva ley y la legislatura local deberían tener vasos comunicantes fluidos para transmitir en red las opiniones y demandas de la población. La participación ciudadana democrática debe ser parte integral de procesos de gestión pública, jugando un papel significativo en la planeación urbana, las políticas de desarrollo y la elaboración del presupuesto, con intervención definida en el diagnóstico, las propuestas, las decisiones, la aplicación y la evaluación de resultados.

Finalmente, hay que integrar la participación directa en la aplicación de políticas públicas y sus acciones (seguridad, servicios urbanos, vivienda, educación, salud, protección civil y ecológica, etcétera), manteniendo la plena libertad de los ciudadanos frente al poder y el trato igual para todos, según la planeación democrática de las acciones. Para que esta fuerza pueda liberar su creatividad y capacidad de transformación, debe ser claro que su trabajo es libremente decidido, sirve el bien común, no se utiliza para fines partidarios y obtiene los mismos apoyos que todos los esfuerzos similares, en los límites de las posibilidades.

Es posible que una ley de participación ciudadana no logre resolver e integrar toda la compleja trama de acciones, procesos, ámbitos y formas, pero debería intentarlo. Lo que no puede faltar es la fijación positiva del derecho inalienable a la organización y participación democrática directa de los ciudadanos en la gestión pública, sin subordinación al poder político o gubernamental, en el marco del respeto estricto de la ley; y la obligación del Estado de informar a los ciudadanos oportunamente, con veracidad y transparencia, sobre la gestión pública y de rendir cuentas ante ella y someterse a su juicio.