Carlos Montemayor
Acuerdos e iniciativa
El discurso gubernamental es cada vez más peligroso. Confunde la realidad con las palabras y los hechos con la desmemoria. Nunca ha estado el discurso oficial tan cerca del ejercicio puro de la demagogia como ahora. Por ello sus palabras son peligrosas. Por ello sus actos lo son más. El gobierno afirma que al enviar la iniciativa de reformas constitucionales en materia indígena al Congreso de la Unión está cumpliendo con los acuerdos de San Andrés. No es así. Los está cancelando, porque la esencia de los acuerdos es precisamente que sean eso, acuerdos. La iniciativa es un acto unilateral del gobierno, que inicia formalmente una cadena de cancelaciones y reducciones de los espacios de diálogo. O más grave aún: con esto el gobierno empieza a cancelar el diálogo mismo como una forma de resolver pacíficamente el conflicto de Chiapas.
Aún así, el gobierno afirma que sigue dispuesto a dialogar. Quizás ignora que el creciente y penetrante cerco militar en las Cañadas no es un buen ejemplo de diálogo. Quizás pasa por alto que la protección oficial y el fortalecimiento de los grupos paramilitares en el norte y en Los Altos de Chiapas tampoco son la mejor demostración de su apertura al diálogo. Al acorralamiento militar y paramilitar de los zapatistas, el gobierno agrega ahora una embestida informativa y jurídica que podría desgarrar los delgados hilos que sostienen la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas. Ahora esta ley comienza a ser incómoda y el gobierno prefiere solamente la ley sobre el uso de armas y explosivos.
En este contexto, ¿qué entiende por diálogo el gobierno? Sobre todo cuando en la Secretaría de Gobernación la amnesia ha barrido con los muchos episodios que durante 1996 protagonizó la representación gubernamental en la segunda mesa de negociaciones de San Andrés. En efecto, se olvida que el EZLN suspendió el diálogo porque la representación oficial previamente ya lo había cancelado. Y se olvida que a lo largo de 1997 el gobierno se confundió creyendo que la desaparición del conflicto de Chiapas en los medios informativos a causa de los procesos electorales equivalía a la desaparición del conflicto mismo.
Ahora, en medio de la violencia de los cercos militares y paramilitares, cuando quiere que creamos que su iniciativa de reformas a la Constitución es una forma de cumplir con los acuerdos y no una forma de eliminarlos, ¿qué idea tiene el gobierno del diálogo? ¿Lo exige sólo para la deposición de las armas? ¿``La irresponsable negativa al diálogo'' es del EZLN y no de los cercos militares y paramilitares ni de la súbita prisa gubernamental por cumplir con los acuerdos, convirtiéndolos en actos unilaterales y no en acuerdos? El discurso oficial es una peligrosa señal en el país. Particularmente cuando el secretario de Gobernación afirma: ``No ha habido pleito porque el gobierno no ha querido...''. Curiosa manera de referirse ahora al conflicto social en Chiapas desde las más altas atalayas del palacio de Covián.