Sólo en el primer cuadro, 160 grupos criminales, calcula la Judicial capitalina

Humberto Ortiz Moreno Ť La procuraduría capitalina advirtió que algunos jefes policiacos aún dejan operar ``a sus anchas'' a bandas criminales, propiciando impunidad. Sin embargo, garantizó que tarde o temprano caerán.

Como ejemplo de esta colusión que ha minado la lucha contra la delincuencia, citó el caso de tres agentes judiciales -prófugos- que fueron dados de baja y tienen una orden de aprehensión en su contra: extorsionaban a 60 carteristas que robaban en estaciones del Metro y que les redituaban mil pesos por cada uno, es decir, 60 mil semanales.

En este contexto, los investigadores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) han elaborado una radiografía de la criminalidad en la capital, revisada junto con el titular de la institución, Samuel del Villar, y determinaron dar la máxima prioridad a las delegaciones Cuauhtémoc y Alvaro Obregón, donde operan las bandas delictivas más peligrosas y violentas.

La Policía Judicial calcula que hay 160 grupos criminales tan sólo concentrados en el primer cuadro de la ciudad que ejecutan robos express y a transeúntes, y son las que más lastiman a la ciudadanía.

Son bandas menores que, sin embargo, revisten gran peligrosidad para los capitalinos y merecen un ``seguimiento exhaustivo'' para los detectives.

Quizá el delito que más alarma a autoridades y ciudadanía es el asalto en cajeros automáticos, pues las estadísticas demuestran que los malhechores dedicados a este ilícito en ocasiones no sólo se conforman con robar a sus víctimas, sino que llegan incluso a matarlas y, si son mujeres, hasta las violan.

En este contexto, el procurador Samuel del Villar aseveró que ya no es posible esperar a que los legisladores se pongan de acuerdo en las reformas penales y que entren en vigor las nuevas disposiciones, porque es preciso cumplir ahora con el reclamo de justicia de la sociedad.

Puntualizó que están en marcha 10 programas operativos desde el 5 de diciembre pasado, a la par de acciones de reestructuración delineados conforme a la incidencia delictiva que más afecta a la población y respecto de las áreas territoriales donde está concentrado el fenómeno, principalmente en 120 colonias.

Del Villar Kretchmar subrayó que paralelamente tiene que haber cambios profundos en el reglamento interior de la Procuraduría capitalina y en la normatividad constitucional penal y procesal, como condiciones para la eficacia en el cumplimiento de responsabilidades de la institución.

Lo fundamental, recalcó, es prestar un servicio cada vez más efectivo, ``ganarnos la confianza, colaborar estrechamente para enfrentar este enorme reto que consiste en hacer de la ciudad de México una ciudad segura''.

Cuestionado sobre el periodo tan corto de gestión que tiene para lograr estos propósitos, el procurador prometió hacer que el tiempo le rinda, ``jalando las horas de trabajo y los días de la semana'', y así ``podamos cumplir con la obligación que tenemos''.

Ayer al mediodía, el titular de la PGJDF recibió en su despacho al vocero de la organización civil México Unido contra la Delincuencia, el empresario Guillermo Velasco Arzac, quien le entregó un documento con 15 propuestas para combatir a la inseguridad y al crimen organizado.

El movimiento, que congrega a intelectuales, periodistas, empresarios, políticos y en general ciudadanos de clase media, exige ``acorralar al crimen'', depurar los cuerpos policiacos para borrar la colusión entre elementos y delincuentes, y mejorar los métodos para medir los índices delictivos, pues los actuales no son confiables.

Y es que, deploró Velasco, actualmente ``la víctima se encuentra en desventaja frente al delincuente''.

Por su parte, la Dirección de Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal informó que ha aportado elementos de prueba suficientes para que distintos jueces penales sentencien a 14 personas, entre ellas una mujer, con penas que suman 87 años, siete meses y 25 días de prisión por los delitos de robo, homicidio y lesiones, y por adquirir objetos robados, imponiéndoles multas que suman 90 mil 492 pesos y, en algunos casos, con la obligación de reparar el daño ocasionado a las víctimas.