Eduardo R. Huchim
Desinformación

In memoriam Manuel Menéndez Navarrete, subdirector del Diario de Yucatán

Es alarmante que el Presidente de la República mantenga sobre la matanza de Acteal, y en general sobre el conflicto armado de Chiapas, una visión tan distorsionada como la que reflejan sus declaraciones al diario El Mercurio de Santiago, Chile (Rosa Elvira Vargas, La Jornada, lunes 16 de marzo, pp. 1 y 8). Importa detenerse en tres pasajes de los decires presidenciales:

a) El EZLN quiere ``provocar la violencia''.

Acaso el EZLN quiera lo que dice el Presidente -¿no sería lógico en una insurrección?-, pero ciertamente lo quiere de una manera extraña, pues en cuatro años no ha efectuado acciones bélicas, aun cuando el gobierno intentó descabezar violentamente el movimiento y aun cuando el Ejército ha intentado peligrosas incursiones en terrenos zapatistas.

b) Lo que ocurrió en Acteal fue una matanza ``por parte de un grupo de asesinos que se habían sentido agredidos y a quienes el otro grupo les había matado 18 personas''.

Es claro que, a consecuencia de los cientos de hechos violentos en Chiapas, ha habido víctimas entre los simpatizantes zapatistas y entre los antizapatistas y que entre los desplazados hay simpatizantes de los dos bandos, si bien los neutrales y los del EZLN forman una gran mayoría. Pero en el caso de Acteal las víctimas fueron hombres, mujeres y niños pertenecientes a la agrupación Las Abejas, cuyas principales características son el pacifismo y la neutralidad. Además, al ser asesinados estaban orando y ayunando por la paz. Más aún, pese a haber perdido madres, hermanos, hijos y otros parientes a manos de los llamados paramilitares, los sobrevivientes del grupo no quieren vengarse aunque sí exigen el castigo para los asesinos.

¿Verdad que algo no embona cuando se quiere imputar asesinatos a gente que se reúne para orar, ayunar y que, tras de la matanza, no quiere vengarse?

La declaración del presidente Ernesto Zedillo, entonces, indica una desinformación grave e increíble en un jefe de Estado.

c) El asesinato de las 45 personas no puede ser atribuido al PRI o a cualquier otro partido.

En esto tiene razón parcialmente el mandatario. No es posible atribuir la matanza a ningún partido. Lo que sí han afirmado testigos y deudos de la terrible barbarie de Acteal es que los autores son priístas y cardenistas (militantes del Partido del Frente Cardenista) y que la principal causa de la matanza fue el rechazo de las víctimas a hacerse priístas. Es decir, el PRI no es autor de la matanza, pero los autores sí militaban en ese partido, incluso el principal instigador, Jacinto Arias, presidente municipal de Chenalhó.

El PRI, pues, no puede evitar ni anular el hecho de que fueron militantes suyos los asesinos ni que la pretensión de forzar militancias estuvo en el centro de las motivaciones de la matanza. Tampoco el gobierno del presidente Zedillo puede decirse ajeno a la misma porque se mantuvo en la inacción ante los continuos señalamientos de la actividad de los llamados grupos paramilitares en Los Altos y en el norte de Chiapas. Como tampoco podrá el gobierno evadir su responsabilidad si la barbarie de Acteal se repite porque, como se ha dicho reiteradamente, las circunstancias en que aquélla sobrevino se mantienen y los paramilitares no han sido desarmados.

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Para no perderse en el torbellino de hechos y dichos sobre Chiapas, los acuerdos de San Andrés Larráinzar y sobre las iniciativas presentadas en el Congreso, es menester tener en cuenta algunas obviedades. En el conflicto hay dos partes, el gobierno y el EZLN. La Cocopa, instancia coadyuvante, redactó una iniciativa que, a regañadientes, fue aceptada por una de las partes, el EZLN, pero la otra (el gobierno) la aceptó sólo en parte y formuló sus conocidas ``observaciones''. Ahora, una de las partes, el gobierno, ha enviado al Congreso un proyecto propio. El siguiente paso lógico es que la otra parte, el EZLN, formule sus ``observaciones'' a la iniciativa gubernamental (como antes lo hizo el Ejecutivo), que ha nacido con una desventaja indiscutible: no tiene el consenso de la instancia coadyuvante, la Cocopa.