INICIATIVA DE PAZ Ť Helguera

José Antonio Román Ť La Comisión Nacional de Intermediación (Conai) criticó ayer la iniciativa gubernamental de modificación a la Carta Magna en materia de derechos y cultura indígenas, al señalar que ``el procedimiento con el que se pretende llevar adelante la reforma constitucional es incongruente y violatorio del espíritu de diálogo y de la paz''.

Adicionalmente, aseguró que la propuesta del Ejecutivo ``se aparta'' de los acuerdos de San Andrés Larráinzar e incluso de los resultados de la consulta nacional sobre el tema.

La aprobación de cualquier ley con estas características atenta gravemente contra la credibilidad en la vía de la negociación y derivaría en una crisis mayor del proceso de paz, señaló.

Asimismo, subrayó que este tipo de procedimiento ``unilateral, incongruente y violatorio'' de la ley de diálogo rompe con el acuerdo político y vinculatorio de las partes y abre la posibilidad de la derogación del marco jurídico de la negociación y de acciones policiaco-militares, e implica un gravísimo riesgo para el país y su proceso de transición.

``Signos ominosos de la guerra''

Frente a lo que calificó de ``signos ominosos de la guerra'' y ante las graves circunstancias que mantienen trabado el proceso de diálogo y negociación, la Conai hizo una serie de llamados: al gobierno, para que ajuste su actuación a los procedimientos y acuerdos alcanzados; al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), para que, a pesar de todas las dificultades, mantenga su disposición de resolver el conflicto por la vía del diálogo; a los partidos y fuerzas políticas, a sostener todas aquellas iniciativas que, efectivamente, rindan frutos en favor de un México más justo, más democrático y más solidario.

Un especial exhorto lanzó al Congreso de la Unión, a quien le pidió detener la ``estrategia de desmantelamiento'' del proceso de diálogo y acelerar los pasos necesarios para alejar el espectro de la guerra; además, le pide considere que en los procedimientos contenidos alrededor de la reforma constitucional, está en juego el proceso de diálogo y negociación para la paz. Finalmente, lo llama a que promueva las iniciativas que cumplan plenamente los contenidos y procedimientos acordados.

A todos los movimientos y organizaciones de la sociedad civil, la Conai les pide que reactiven sus invaluables esfuerzos en pro de la libertad, la justicia y la paz justa y digna. ``En esta hora crucial, su fuerza y presencia es insustituible'', les expresa.

En un comunicado de prensa, resultado de una prolongada sesión plenaria el pasado lunes entre todos los integrantes de la Conai --encabezados por el obispo Samuel Ruiz--, se afirma también que el procedimiento ``unilateral'' echado a andar en torno a las reformas constitucionales, es todavía más grave si se considera la creciente militarización en zonas de presencia e influencia zapatista.

Sobre este tema, la Comisión Nacional de Intermediación afirmó que el crecimiento de grupos paramilitares --primero en la zona Norte, luego en la zona de los Altos y la Selva-- altera negativamente el clima sociopolítico del estado y presagia una peligrosa escalada de violencia. ``El crimen de Acteal, cuya aclaración sigue pendiente, ha hecho evidente la realidad de la guerra'', señala la comisión.

Por ejemplo, dijo, antes del mes de febrero de 1995, se tenía conocimiento de por lo menos 74 puntos geográficos con presencia de fuerzas militares y policiacas; en agosto de 97 ya eran 209. Después de la masacre de Acteal --22 de diciembre del año pasado-- a la fecha, ha ocurrido lo siguiente:

--Al menos 104 operativos militares en zonas de presencia e influencia zapatista.

--La presencia del Ejército Mexicano en Chiapas ha aumentado en por lo menos 5 mil efectivos, de los cuales 2 mil se han asentado en Chenalhó, sumando ya un número que oscila en 70 mil elementos de las fuerzas armadas, según diversas fuentes.

--Tres nuevos municipios han sido militarizados: Chenalhó, Chalchihuitán y Mitontic; actualmente son ya 66 los municipios con importante presencia militar.

Y añade:

``Estamos viviendo una situación política decisiva, en la cual el Congreso de la Unión tiene un papel clave para la construcción de una paz justa y digna para todos a través del impulso de la reforma del Estado y la transición a la democracia en México. Para ello, es fundamental que no se desvincule el proceso legislativo del proceso de diálogo y negociación para la paz''.

El texto de seis cuartillas está firmado por los cinco integrantes de la Conai: Concepción Calvillo viuda de Nava, Juan Bañuelos, Oscar Oliva, Raymundo Sánchez Barraza y Pablo González Casanova; además, sus cuatro secretarios: Miguel Alvarez, Gonzalo Ituarte, Pedro Nava y Salvador Reyes, así como su presidente, el obispo, Samuel Ruiz García.

Antes de regresar a San Cristóbal de las Casas, Ruiz García se reunió con el nuncio apostólico Justo Mullor, en la residencia diplomática. El único tema del encuentro, según trascendió, giró en torno al conflicto chiapaneco y los últimos acontecimientos ocurridos.

Defensa de lo acordado

A través del documento titulado En defensa de los pueblos indígenas, en defensa de la negociación para la paz y en defensa de lo acordado, la Conai hace un breve relato del proceso de paz, así como de la agenda, principios, bases, reglamentos y procedimientos que guiarían el diálogo.

El organismo señala que el proceso de diálogo y negociación entró abiertamente en crisis a partir de marzo de 1996, durante el desarrollo de la mesa dos de Democracia y Justicia, cuando el gobierno federal se negó a hablar y llevar a asesores e invitados. De igual forma, el texto enumera puntualmente los siete temas en donde la iniciativa presidencial sobre derechos y cultura indígenas ``se aparta'' de lo acordado en San Andrés Larráinzar y afecta los compromisos asumidos por el gobierno mexicano como signatario del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), porque:

--Reduce el ejercicio de los derechos de los pueblos indios a las comunidades.

--Habla de que la Constitución ``otorga'' derechos a los pueblos indígenas en lugar de simplemente reconocerlos, como se acordó en San Andrés.

--No reconoce los derechos de jurisdicción de los pueblos indios.

--No reconoce el derecho de los pueblos indios a su territorio.

--Omite el mecanismo establecido por los acuerdos de San Andrés y el convenio 169 de la OIT para determinar cómo se define como indígena un municipio, comunidad, organismo auxiliar del ayuntamiento e instancias afines.

--No reconoce, como lo hace el texto de la Cocopa y está acordado en San Andrés, a las comunidades indígenas ``como entidades de derecho público''.

--Tampoco reconoce el derecho de los pueblos indios de definir ``procedimientos'' para la elección de sus autoridades.

Seguiremos aportando a la paz

``Para la Conai y la sociedad civil democrática, es imperioso romper con clara y firme voluntad política en favor de la paz, el dique de obstáculos que dificultan cada vez más la reanudación del diálogo, y que reducen peligrosamente la eficacia de las acciones para reconstruir la confianza en esta vía. La Conai, comprometida en la búsqueda de la solución a las causas que originaron el conflicto armado, seguirá aportando a la paz con todas las actividades y tareas, públicas y privadas, que el grave momento exige'', concluye el texto, con lo cual se descartan los rumores sobre la posible desaparición del organismo.