Magdalena Gómez
Reforma indígena para la paz, asignatura pendiente

Con la presentación de la iniciativa de reformas constitucionales en materia indígena, el Ejecutivo federal consolidó una estrategia que afecta al contenido del Convenio 169 de la OIT y al de los acuerdos de San Andrés, tanto en sus conceptos como en su carácter simbólico de puente y esperanza para transitar hacia el diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y lograr la paz. A tres meses de llamados verbales a la paz y a más de un año de la negativa a enviar al Congreso la propuesta de la Cocopa se decidió imponer unilateralmente la interpretación oficial en materia de derecho indígena. Con ello se pretende evadir la responsabilidad sobre su negligencia en el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, misma que provocó la agudización del conflicto en Chiapas con expresiones tan dramáticas como la msacre de Acteal.

En sentido formal tiene la palabra el Constituyente Permanente. Sin embargo, este asunto tan importante para todo el país y para los pueblos indígenas está evidenciando la fragilidad de la llamada transición democrática. No se ven condiciones para detener o modificar la iniciativa presidencial. La posición adoptada por el Partido Acción Nacional al presentar su propia iniciativa y deslindarse de la de Cocopa lo coloca nuevamente como un potencial aliado del PRI, y bien sabemos que la fuerza del PRD no es suficiente contrapeso y con la mayoría de las legislaturas estatales no se cuenta.

Con la presentación de la iniciativa presidencial el debate nacional de los últimos dos años y el contenido de los acuerdos de San Andrés fueron desvirtuados. Se impuso la lógica del reduccionismo del derecho indígena y la técnica anticonstitucional de supeditar expresamente la nueva norma propuesta a otra cuya defensa les resulta fundamental, como es el caso de la relativa a recursos naturales que es precedida de la expresión ``de acuerdo con las formas y modalidades de propiedad previstas en el artículo 27 de esta Constitución'', además de que se suprimieron los conceptos ``de sus tierras y territorios''. Asimismo, olvidando que las normas formarían parte del todo que integra la carta fundamental, se advierte a los pueblos indígenas que tienen derecho ``a la libre determinación con respeto a las demás disposiciones de esta Constitución y a la unidad del Estado Mexicano, la expresión concreta de ésta es la autonomía de las comunidades indígenas''. De entrada introducen otra limitante, en este caso al concepto de pueblos, al restringir la autonomía a las comunidades indígenas y utilizar a lo largo del texto dicho término y ya no el de pueblos indígenas. Ni esta modificación ni la relativa a suprimir el reconocimiento a la comunidad como entidad de derecho público, así como muchas otras estaban anunciadas en las supuestas cuatro observaciones irrenunciables con las que se conminó al diálogo. No es por cierto nueva la postura de no cumplir los términos de su propio discurso.

Está en curso una campaña de medios donde se hacen afirmaciones sin sustento alguno como el de que su propuesta es de avanzada en el plano nacional e internacional. El concepto básico del convenio 169 es el de pueblos indígenas, no el de comunidades indígenas. No cabe duda que hicieron un ejercicio que les permitiera una campaña ``cuantitativa'' de medios. ¿Cuál es su unidad de medida para hablar de que está la propuesta de Cocopa en 85 o 90 por ciento?, cuando vulneran el eje de toda ella que es la autonomía para los pueblos indígenas. Inclusive, como parte de su estrategia de confusión se declaró en una entrevista que el asunto de los recursos naturales fue ``un exceso de la Cocopa, nos metió en el lío: en los acuerdos de San Andrés nunca se menciona la explotación colectiva de los recursos naturales'' (Arturo Warman, El Nacional, Suplemento, p. 11, 16 de marzo de 1998). En efecto, no se menciona como se afirma en la entrevista, se cita como dice la propuesta de Cocopa (Propuestas conjuntas..., p. 5, inciso d).

Ciertamente es preocupante el ambiente que genera la estrategia gubernamental. De ser consolidada por el Constituyente Permanente, se estaría provocando que la segunda reforma constitucional indígena del siglo nazca como la del 92, a espaldas de los pueblos indígenas. Por más fotos y campañas de adhesión que se organicen, esta no sería la reforma para la paz y la democracia, asignatura pendiente del Estado con dichos pueblos.