Se rompió como por encanto ese largo y sinuoso camino sin sentido, sin fin, en espiral, en el que se encontraban las negociaciones para la paz en Chiapas. No significa esto que se reinicia el diálogo, sino que algunos actores empiezan a dejar atrás las indefiniciones y, en consecuencia, los otros están obligados a tomar posición.

Con la firma por parte del Ejecutivo, ante el pleno de su gabinete, de una iniciativa de reforma a siete artículos constitucionales para hacer efectivos los derechos de los mexicanos indígenas, se inicia un proceso legislativo sin precedente frente al cual los actores involucrados tienen que definirse y decidirse a anteponer el interés de la paz con dignidad y justicia frente a los de partido, de grupo de presión o de ideología.

A reserva de conocer la iniciativa misma, analizarla, revisarla a la luz de la responsabilidad histórica para opinar sobre su contenido, el hecho mismo de que se presente ante el Congreso puede generar dos procesos opuestos: el de la polarización y la toma de posiciones intransigentes que tensen y se manifiesten por la ruptura o, por el contrario, el de la generación de condiciones para destrabar el diálogo y, en un nuevo espacio, el de un Congreso plural, construir una salida al conflicto que respete los acuerdos de San Andrés, en sus objetivos y en sus derivaciones jurídicas.

El EZLN, la Conai, la Cocopa, el gobierno, los partidos y sus legisladores tenemos el desafío, la responsabilidad moral, de evitar el primero de los escenarios y empujar por la reconciliación.

Para ello, será preciso que, privilegiando el valor de la política, se comparta una intención justiciera y se establezcan límites a los maximalismos, desde los llamados a favor del uso de la fuerza hasta las actitudes intransigentes y posiciones inamovibles que obstruyen la reanudación del diálogo.

La iniciativa del Ejecutivo abre la puerta a nuevas condiciones para modificar la situación de las etnias en el país, y desplaza el conflicto del campo de la intermediación con diálogo interrumpido al terreno de la discusión legislativa, con efectos en la correlación de las fuerzas políticas y en la opinión pública.

Corresponderá a los partidos debatir responsablemente para perfeccionar la iniciativa e incidir en la construcción de un nuevo consenso social, que propicie un clima de entendimiento y de convivencia pacífica. A los organismos de intermediación -Cocopa y Conai- les toca, como lo sugirió el obispo Samuel Ruiz, resolver ``la situación de presiones externas, donde cada uno de los actores quiere jalar a la mediación a su lado'', y retornar su papel imparcial de facilitadores de la conciliación.

El EZLN tiene el reto de hacer una relectura de las nuevas condiciones que derivarán del papel del Congreso y, sin claudicar en las causas justas, abonar efectivamente en el sentido de la paz con dignidad.

Este momento es de definiciones. La sociedad se mantiene atenta y vigilante al curso que tome esta nueva fase del conflicto en Chiapas y de la posición que irá tomando cada uno de los involucrados. Si durante las campañas electorales la disputa ideológica es por el centro, una coyuntura como la actual genera tendencias hacia los extremos.

Quienes apostamos por profundizar la reforma democrática del Estado mexicano esperamos que con la iniciativa se abra paso a la deliberación, sin cancelar el camino de la negociación política y sin abandonar el objetivo que compartimos sociedad, gobierno y partidos: la causa indígena. Hoy tenemos la oportunidad de que, en la democracia, con alianzas y acuerdos transparentes seamos capaces de responder positivamente a la pregunta de Alain Touraine: ¿Podremos vivir juntos?

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