El gobierno, sin intención de ``alterar'' la ley de concordia, manifiesta Emilio Rabasa

El secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, definió en dos partes la estrategia gubernamental para resolver el conflicto en Chiapas. De un lado, dijo, está la atención a los derechos de los pueblos indígenas, para lo cual se envió al Congreso de la Unión la iniciativa de ley en la materia, y del otro, el trato con el EZLN.

Marcos ``es otro asunto'', indicó, tras advertir que el gobierno federal discute sólo con los partidos políticos los sistemas democráticos y ``no con un grupo armado''.

Por su parte, Emilio Rabasa envió un mensaje a los zapatistas, a quienes convocó a sentarse a dialogar ``cuanto antes'' y reiniciar el proceso de negociación suspendido hace 18 meses.

El coordinador oficial señaló que el gobierno no tiene la intensión de ``alterar'' la Ley para el Diálogo, la Reconciliación y la Paz Digna en Chiapas, que suspende las órdenes de aprehensión dictadas el 9 de febrero de 1995 contra la dirigencia zapatista. No obstante, indicó que el grupo rebelde se ubicaría nuevamente al margen de la legalidad si no aceptan la decisión del Legislativo, de aprobarse la iniciativa de ley sobre derechos y cultura indígenas.

Al respecto, el director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, José Luis Soberanes --quien sirvió al presidente Zedillo como asesor para hacer las observaciones a la ley elaborada por la Cocopa sobre derechos y cultura indígenas--, se reunió con Francisco Labastida y advirtió que las órdenes de captura contra la dirigencia zapatista sólo están suspendidas y podrían reactivarse cuando la Cocopa declare ``suspendido el diálogo''.

Ayer, de todos los sectores del gobierno se desató una corriente de apoyo a la iniciativa presidencial sobre derechos indígenas. Los secretarios de Salud, Educación y Desarrollo Social indicaron por separado que esta propuesta es el camino para allanar el conflicto chiapaneco.

Carlos Rojas. secretario de Desarrollo Social informó en Tapachula que el gobierno federal canalizaría para Chiapas unos mil 600 millones de pesos este año para diversos programas productivos y obras, para no estar ``condenados'' a los mismos trabajos que realizaron los chiapanecos durante muchas generaciones.

También opinaron empresarios y comerciantes, quienes se manifestaron contra el EZLN, como lo han hecho de manera insistente en las últimas semanas, acusándolo de tener de ``rehén'' al país. ``Ya es tiempo de dejar de ser rehenes de un pequeño grupo, el cual no sólo quiere decidir sobre el destino de un estado, sino del país en general'', demandó Armando Araujo Montaño, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco).

Empresarios, funcionarios y gobernadores priístas aplaudieron la iniciativa presidencial y aseguraron que se da un paso fundamental en la solución del conflicto en Chiapas. Acusaron a Marcos y al EZLN de tener una ``actitud demagógica'' ante la postergación del problema.

Los sistemas democráticos se discuten con partidos: la SG

Luego de que el domingo envió un mensaje a la nación al entregar la iniciativa presidencial sobre derechos y cultura indígenas, el secretario de Gobernación ofreció ayer varias entrevistas radiofónicas en las que defendió la propuesta oficial y criticó a los zapatistas y a Marcos, sobre quien se refirió nuevamente como ``el señor Sebastián Guillén''.

En una entrevista con José Gutiérrez Vivó, dijo que la iniciativa tiene como razón esencial atender las demandas de los pueblos indígenas y que no era justo que ``por un diferendo'' en su presentación ante el Congreso de la Unión, se estuviera posponiendo la atención a estos pueblos.

Mientras que del EZLN y Marcos, el secretario señaló que la negociación, el acuerdo y la terminación de las hostilidades son ``un camino que paralelamente se debe continuar y el gobierno mantiene ahí su posición: no quiere que haya un enfrentamiento, no quiere que haya un conflicto armado, no quiere que haya más sangre derramada entre mexicanos''.

Labastida opinó que Marcos ``es otro asunto'', porque al frente del EZLN declaró la guerra al Estado mexicano el primero de enero de 1994 con la intención de establecer ``un sistema socialista en el país'', aunque posteriormente planteó que se discutieran con él los sistemas de justicia y democráticos de la nación.

``Los sistemas democráticos se discuten con los partidos, no se discuten con un grupo armado, no se integra con el sistema democrático y luego se le impone a los partidos y a la nación mexicana. Somos los mexicanos todos, por nuestro voto, en un país democrático, los que definimos qué partido debe gobernar, con qué plataforma política y cuál es la definición de país que queremos. Eso nos corresponde a los mexicanos, no le puede corresponder a un grupo armado definir cómo es el país'', señaló Labastida.

Lo que se debe arreglar con el EZLN, consideró, es cómo terminar un conflicto armado, darles seguridad, atender sus demandas y llegar a una solución negociada, pero sin detener la atención de las necesidades de los grupos indígenas.

Por su parte, el coordinador para el diálogo en Chiapas, Emilio Rabasa, insistió en que el gobierno federal estaría dispuesto al reposicionamiento de las tropas militares en Chiapas, siempre y cuando el EZLN acepte regresar al diálogo y deje ``esa actitud de intransigencia''.

A su vez, el gobernador de San Luis Potosí, Fernando Silva Nieto, exhortó al Senado a dejar de lado intereses políticos y partidistas en la discusión de la iniciativa de derechos indígenas. En tanto, el gobernador de Campeche, José Antonio González Curi, acusó a los zapatistas de tener una ``actitud demagógica'' en su propósito de alargar el conflicto. (Antonio González Vázquez y Rodolfo Villalba Sánchez, corresponsales; Laura Gómez, Miriam Posada, Claudia Herrera, Angeles Cruz y José Gil Olmos.)