ASTILLERO Ť Julio Hernández López

Una de las víctimas de la batida gubernamental contra los testigos incómodos del conflicto chiapaneco ha sido el Comité Internacional de la Cruz Roja, al que en México hemos dado en llamar Cruz Roja Internacional (CRI).

Presente en México (con plena aceptación gubernamental) desde el inicio de las hostilidades en el sureste, la misión de la CRI en México recibió en enero del presente año la orden tajante de suspender toda actividad en Chiapas. La atención médica a desplazados fue así cancelada. Los recursos económicos destinados a los chiapanecos por la vía de la instancia internacional de la Cruz Roja también frenaron su flujo.

Pero, sobre todo, se retiró (en el curso de un proceso como el que hoy estamos viviendo, que puede desembocar nuevamente en acciones violentas) la presencia de un organismo humanitario imparcial, con absoluta credibilidad en el mundo, cuyo testimonio no puede ser controlado o desvirtuado por las vías políticas nacionales.

La acometida contra la CRI aparece ahora como una más de las acciones tácticas con las que el gobierno mexicano ha ido desmontando las figuras que de cualquier forma entorpezcan su plan de acción actualmente en curso (satanización de lo extranjero, presión contra las ONG, confusión y desarticulación de la Conai y la Cocopa, multiplicidad de iniciativas de reformas en materia indígena, campaña propagandística intensa, aprobación con el voto aliado PRI-PAN de las reformas constitucionales, derogación de la ley para la concordia y la pacificación, ley de amnistía y, finalmente, acción directa contra quienes se nieguen a aceptar la recomposición ofrecida).

Las cosas, sin embargo, no son tan fáciles en el caso de la CRI, pues su condición jurídica no es ni remotamente la de una ONG, sino la de un organismo cuyo ámbito de acción en México ha sido reconocido por el propio gobierno mediante la firma de diversos convenios, uno de ellos el de la Conferencia Internacional que se celebró en Ginebra en 1986, en el que se establecieron las reglas del movimiento internacional de la Cruz Roja, con artículos como el 5, en cuyo numeral 3 se reconoce la capacidad de la CRI de tomar iniciativas humanitarias en cumplimiento del papel que le corresponde a esta institución.

Ciertamente, corresponde al gobierno mexicano aceptar o desechar las propuestas e iniciativas tomadas en cada caso, y definir cuándo desea manejar por sí mismo un problema interno, pero resulta altamente sospechoso que este gobierno eche fuera de Chiapas a la CRI justamente en momentos como los vividos en los meses recientes, cuando se han reabierto las tentaciones de reanudar la guerra en el sureste.

Tampoco debe dejarse de lado el hecho de que las maniobras para la virtual expulsión de la CRI de Chiapas se dieron después de la masacre de Acteal que, según distintas versiones, quiso ser ocultada. Si aquella matanza hubiese sucedido ahora, todos podemos estar seguros de que en esta fecha hubiese habido menos testigos incómodos (uno de esos ausentes la CRI) y mejores formas de acomodar los hechos a las versiones oficiales deseadas.

Entrevistado el 4 de marzo pasado, luego de una conferencia impartida en la Universidad Iberoamericana, el jefe de la misión de la CRI, Philippe Galliard, dijo, según apuntes tomados por Alma Muñoz, reportera de La Jornada, que esa institución está ``a la orden de los mexicanos, para darles una mano si lo estiman útil y conveniente''. Añadió en esa ocasión Galliard: ``Las puertas no están cerradas, nos han dicho esto en la cancillería, nos ha dicho esto Emilio Rabasa. Nos piden algo de paciencia, y tendremos toda la paciencia del mundo''...

Este domingo recién pasado, según nota de Elizabeth Velasco, miembros de la comunidad académica y artística, encabezados por Leticia Cano, Carlos Beltrán y Rafael Chávez, exigieron la intervención de la CRI en la zona norte de Chiapas para romper el ``cerco de hambre y terror'' que hay allá.

Pero resulta que la CRI ha sido arrancada de Chiapas por instrucciones del gobierno federal. Y no hay indicios de que haya la menor intención de revertir tales órdenes.

Aires guerrerenses

En el estado de Guerrero sigue alta la temperatura política. El sábado 14 se realizó en Chilpancingo un desayuno de priístas denominado Compromiso político, al que asistió el gobernador Angel Aguirre Rivero para apretar verbalmente las tuercas a militantes acelerados de su partido y hasta al recién salido de las filas tricolores, Jaime Castrejón Díez.

Del tono bélico que va tomando la política guerrerense dio cuenta una manta colocada en una de las paredes del salón donde se sirvió el citado desayuno: ``Tiempos de unidad priísta para el próximo desafío que será la madre de todas las batallas''. Según nota de Jesús Guerrero publicada en el semanario El Sur, el secretario general del PRI estatal, Héctor Vicario, ``ordenó que de tomar se sirviera Pepsi Cola, bebida a la que no está acostumbrada parte de los asistentes, y no la Coca Cola a la que está ligado'' empresarialmente el ex priísta Castrejón Díez.

La imagen tradicional de la unidad priísta también apareció mermada: no asistieron a la reunión los ex gobernadores Israel Nogueda Otero, Alejandro Cervantes Delgado y Rubén Figueroa, pues ``no se consideró prudente invitarlos''. Unica estrella en el escenario, el gobernador Aguirre Rivero barrió contra los priístas que critican a su partido, los que se autoflagelan ante los medios de comunicación, los que se reúnen con los adversarios para jugar al democrático. Esos ``perversos y ladrones de la política'' olvidan ``que nuestro partido les ha dado todo, y aún así lo critican'', además de que ``están mamando, quieren seguir mamando, y aún así patean el pesebre''.

Respecto a Castrejón Díez, quien días atrás había renunciado al PRI y se le considera como posible candidato externo del PRD a la gubernatura del estado, Aguirre dijo que ``nunca fue dirigente partidista, no tiene gente que lo siga, es más, ni su esposa lo va a seguir''. Por cierto, el ejemplo federal de acallar disidencias mediante la entrega de cargos públicos (actualizada en el caso veracruzano de Gustavo Carvajal), se reprodujo aquí con Amín Zarur, quien había anunciado la creación de un grupo que se denominaría ``De los cien'', que buscaría conformar un grupo plural rumbo a las elecciones de gobernador. Zarur fue nombrado secretario de Desarrollo Económico del gobierno estatal y el presunto grupo se quedó en el aire.

Astillas: El candidato del PRI a presidente municipal de Mérida es Erick Rubio Barthell, de 48 años y quien era secretario general del gobierno de Víctor Cervera Pacheco. El nuevo candidato, a quien se considera el representante principal de la corriente política de Emilio Gamboa Patrón en Yucatán, tendrá como contrincantes al panista Xavier Abreu y al perredista Francisco Luna Kan. En los corrillos meridanos se considera que el cerverismo se está deslindando de la corriente de Gamboa Patrón y que, por tanto, Rubio Barthell estaría condenado a perder las elecciones. Si el cerverismo buscara realmente ganar los comicios, se hubiese presentado la candidatura de la ex gobernadora Dulce María Sauri, o de los diputados Carlos Sobrino Sierra u Orlando Paredes Lara... El nuevo dirigente del PRI en Zacatecas, el senador Pedro de León, no pudo convencer ni siquiera a su suplente, Rafael Mier Pérez, de las bondades del partido tricolor, pues el citado suplente prefirió renunciar al PRI y pasarse al PAN para buscar la presidencia municipal de Sombrerete...

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