Labastida: no se usará la fuerza en Chiapas

José Gil Olmos Ť El gobierno federal no usará la fuerza para resolver el conflicto en Chiapas, aseguró el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, al enviar un mensaje a la nación para explicar las razones presidenciales de presentar ante el Congreso de la Unión la iniciativa de derechos y cultura indígenas. Sin embargo, acusó al EZLN de retrasar la solución del problema y lo invitó a dejar la amenaza de la violencia y retornar al diálogo suspendido desde septiembre de 1996.

En el mensaje trasmitido en todo el país por radio y televisión, ayer por la noche, el representante gubernamental enumeró nueve aspectos de la ``iniciativa de avanzada'' enviada a la Cámara de Senadores para su discusión y aprobación, entre los cuales destacan el reconocimiento a la autonomía y leyes propias de justicia de los pueblos indígenas, la remunicipalización, el uso colectivo de recursos naturales, educación bilingüe y la asistencia de intérpretes en juicios.

``Hoy termina una de las causas del conflicto'', argumenta Labastida al tiempo de asegurar que con dicha propuesta el gobierno de la República cumple con los acuerdos de San Andrés Larráinzar y mantiene la vía institucional para resolver el conflicto, pues la violencia, advierte, provocaría anarquía y caos. A continuación el texto íntegro del mensaje:

El presidente Ernesto Zedillo me ha instruido informar a todos los mexicanos que el día de hoy envió al honorable Congreso de la Unión la iniciativa de reformas a nuestra Constitución para ampliar y fortalecer los derechos de los indígenas.

México es un país de leyes e instituciones. Debemos avanzar por esta vía. La otra, sería la violencia, la anarquía y el caos.

Cualquier problema o conflicto puede y debe ser resuelto, si es jurídico, por conducto de las leyes; si es político, a través del diálogo y la negociación; siempre a través del respeto, la tolerancia y la buena fe.

Se trata de un conflicto que ha preocupado a todos los mexicanos y que a todos nos sigue lastimando; un conflicto que ha sido causa de división en comunidades, grupos sociales y sectores de la opinión pública.

El conflicto empeora las condiciones de miseria, atraso e injusticia en que han vivido las comunidades indígenas de Chiapas. Está provocando desunión y violencia, está frenando el afán de progreso de los chiapanecos.

Diálogo y negociación

El gobierno de la República siempre ha estado decidido a resolver el conflicto a través del diálogo y la negociación. Así lo acreditan los hechos.

El 12 de enero de 1994, pocos días después que el EZLN atacara violentamente al Ejército Mexicano y le declarara la guerra al gobierno de México, éste declaró un cese unilateral de hostilidades.

Desde entonces, el Ejército Mexicano no ha realizado ninguna acción ofensiva o represiva.

El mismo año de 1994, el gobierno promulgó una ley de amnistía para que pudieran reincorporarse pacíficamente a la vida normal quienes habían recurrido a las armas.

También durante 1994, el gobierno realizó negociaciones en San Cristóbal, en las que se pactaron bases con el EZLN para la paz. Esas bases fueron posteriormente rechazadas por el grupo armado.

A principios de 1995, el gobierno federal, junto con el Poder Legislativo, promovió la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas.

Cumpliendo con esa ley, el gobierno impulsó nuevas negociaciones en San Miguel y en San Andrés Larráinzar.

En febrero de 1996 se firmaron los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas.

Nunca, en ningún momento, durante estos cuatro años, el gobierno ha suspendido el diálogo. Nunca lo ha condicionado. El gobierno siempre ha cumplido lo pactado, ha honrado sus compromisos.

El gobierno federal ha buscado por todos los caminos posibles la reanudación del diálogo, que fue unilateralmente suspendido por el grupo armado. La nación demanda la solución del conflicto en Chiapas y el gobierno federal comparte esta exigencia. Ya no es posible que la irresponsable negativa al diálogo retrase la solución e impida que se amplíen y fortalezcan los derechos de los indígenas en todo el país.

El EZLN canceló el diálogo. Está incumpliendo la ley y trata de diferir la solución de los conflictos. El gobierno ni caerá en la provocación, ni detendrá la solución del problema. La nación exige una solución. Por ello, el Ejecutivo federal ha asumido la responsabilidad de presentar al honorable Congreso de la Unión esta iniciativa de reformas constitucionales.

Así como para pelear se necesitan dos, para hacer la paz se necesitan dos. No ha habido pleito, porque el gobierno no ha querido; y no ha habido paz, porque el grupo armado no ha querido.

La iniciativa enviada al honorable Congreso confirma que el Estado mexicano tiene un compromiso indeclinable con todas las comunidades indígenas del país. Reconoce la situación de injusticia, de marginación y de pobreza extrema, que por siglos han sufrido.

Esta situación de injusticia y atraso estuvo en el origen del conflicto en Chiapas y no puede ni debe continuar. Es necesario construir un pacto social para una nueva relación entre el Estado, los pueblos indígenas y todos los mexicanos.

Un pacto que promueva mejores oportunidades, que eleve su nivel de vida; que asegure para sus familias buenos servicios de salud y educación, entre otros.

Al enviar esta iniciativa, el gobierno cumple los acuerdos de San Andrés.

El contenido de la iniciativa de reformas se ha cuidado para que no contenga ambigüedades que generen conflictos en su interpretación, en materias fundamentales, de tenencia de la tierra y autonomía, entre otros, ni ponga tampoco en riesgo la unidad de México y la estabilidad del país.

La nueva iniciativa es congruente con el marco constitucional y cumple estrictamente lo pactado en San Andrés. Integra el proyecto de la Cocopa y, sobre todo, establece las bases para un nuevo pacto social con los indígenas del país.

La iniciativa de reformas constitucionales del presidente Ernesto Zedillo es una iniciativa de avanzada, porque amplía y fortalece los derechos indígenas más allá de la legislación nacional y el derecho internacional actualmente existentes.

1o. Reconoce la autonomía y la libre determinación de los pueblos indígenas para que puedan decidir sobre sus formas de convivencia interna y organización social, económica, política y cultural, en el marco del orden jurídico vigente.

2o. Protege su identidad cultural, de tal suerte que la educación impartida por el Estado en las comunidades indígenas sea bilingüe, respetando sus tradiciones y preservando sus lenguas, usos y costumbres.

3o. Facilita la trasmisión de su cultura, su lengua y conocimientos, al regular la forma en que puedan adquirir, operar y administrar sus propios medios de comunicación.

4o. Garantiza que la impartición de justicia en materia de conflictos internos se realice acorde a sus sistemas normativos y sus resoluciones sean convalidadas mediante procedimientos simples establecidos en las leyes.

5o. La ley los protege para que sean asistidos en los juicios por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su propia lengua y cultura.

6o. Establece que su participación y representación en los órganos decisorios de los municipios sea de conformidad con sus tradiciones, usos y costumbres.

7o. Protege también la asociación de las comunidades indígenas para promover su desarrollo.

8o. Impulsa una remunicipalización que toma en cuenta la distribución geográfica de los pueblos y comunidades.

9o. Reconoce el acceso de manera colectiva al uso y disfrute de los recursos naturales, respetando las formas de tenencia de la tierra que garantiza el artículo 27 constitucional.

El gobierno de la República tomará, además, otras decisiones para impulsar el desarrollo de Chiapas. Decisiones para mejorar y extender la educación, la salud, los caminos, el crecimiento económico y el empleo. Apoyará al gobierno del estado para que mejore de fondo la aplicación de la justicia y regrese el estado de derecho.

Necesario, poner fin al conflicto

Por eso es tan importante terminar el conflicto en Chiapas; y por eso hoy reitero que el gobierno federal no usará la fuerza para resolverlo. Tampoco caerá en provocaciones.

El gobierno hace un nuevo llamado al EZLN para que deje atrás los pretextos, para que deje la amenaza de la violencia y regrese al diálogo; para que se sume al esfuerzo que nos están demandando todos los mexicanos. Un esfuerzo de todos para superar agravios, vencer rezagos y construir un porvenir justo para todos.

La estabilidad que reclama Chiapas debe ser edificada entre todos. Los mexicanos queremos que cada quien cumpla su parte, para lograr la solución pacífica que todo México anhela, que todo México exige, que todo México merece.

Con esta iniciativa, el gobierno cumple con su compromiso explícitamente contraído en los acuerdos de San Andrés Larráinzar de impulsar la reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas.

Hoy termina una de las causas del conflicto.

Estamos acudiendo ante la máxima instancia legislativa de la nación: el Constituyente Permanente.

A su decisión nos habremos de sujetar todos.

Con la decisión soberana del Constituyente Permanente, sólo nos corresponderá cumplir sus mandatos en favor de los indígenas de México.

Muchas gracias.