ASTILLERO Ť Julio Hernández López

Hay la versión confiable de que el siguiente paso en la estrategia gubernamental para Chiapas será la propuesta de una ley de amnistía, que en un breve plazo permitiría a los insurgentes del sureste la entrega de las armas, su reinserción en la vida civil, y la cabal aplicación de las venideras reformas constitucionales.

Tan bonito escenario (en el que al fin se verían coronados --en el papel-- los esfuerzos gubernamentales de pacificación y concordia) da respuesta a la pregunta que los sesudos estrategas del eje aliado Los Pinos (PRI y Bucareli)-PAN, se hacen: aprobada que será alguna de las iniciativas de reformas constitucionales en materia indígena que se han presentado, ¿qué sigue?, ¿ir con el papelito de la nueva ley en la mano, lleno de firmas y sellos, a decirles a los zapatistas que hagan el favor de someterse a la letra de lo acordado entre las alfombras y los candiles de San Lázaro?

No. El gozne entre la situación actual, y la aplicación de la inminente nueva legislación indígena, sería ese breve tiempo en el que la indulgencia del poder se mantendría generosamente dispuesta a olvidar los agravios del pasado para construir la ventura del futuro: amnistiados los rebeldes, aprobadas las leyes que dicen interpretar acuerdos míticos como los de San Andrés, reconstruido el edén indígena, todos seremos felices gracias a los artificios de leguleyo con los que se supone que habrían sido resueltos los históricos problemas políticos y sociales de Chiapas. Con lo fácil que era simplemente tomar la decisión de aprobar leyes...

Portentosa hazaña

Sin trabas ni tropiezos, cual corresponde a quien juega sin contrincante en cancha propia, el gobierno federal se encamina hacia una histórica victoria. A la otra parte de la disputa, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se le ha dejado fuera del estadio; al árbitro Cocopa-Conai le pusieron piedritas en los zapatos, le descompusieron el silbato y lo enredaron en discusiones acerca de la legitimidad de su oficio, y en las tribunas se instalaron enjundiosas porras blanquiazules y tricolores. Los medios de comunicación están prestos para narrar tan portentosa hazaña. Todo listo, señoras y señores.

Profusión de iniciativas

Justo en los últimos días de vigencia de la pasada legislatura federal, el diputado perredista Juan N. Guerra presentó la iniciativa de reformas constitucionales elaborada por la Cocopa de ese momento, de la que formaba parte el mencionado Guerra. La decisión personal del legislador sinaloense se fincó en el cumplimiento de la obligación que a su entender había tenido tal comisión de redactar y presentar la citada iniciativa. Algunos de sus compañeros de la Cocopa consideraron impropia la acción, por estimar que abría el camino a que el gobierno, sin consenso ni negociación, se valiera de que ya había sido presentada esa iniciativa para someterla a votación y desecharla. Hoy, allí está, congelada, tal iniciativa.

Otra iniciativa es la que, conforme a su compromiso anunciado con toda anticipación, presentó el presidente Zedillo. En ella, de manera unilateral, se cumple el deseo de interpretar los acuerdos de San Andrés conforme a la visión oficial. Con ella se cumple con lo que esta parte gubernamental desea cumplir, y se deja de lado lo que no conviene. Desde luego, en este texto se ``incorporan'' las famosas cuatro observaciones que en realidad son un conjunto de observaciones agrupadas en cuatro temas.

Y luego la iniciativa panista, presentada de manera relampagueante para impedir que el PRI y Gobernación robasen a los blanquiazules las propuestas de salvación, mediante la praxis legislativa, de los indígenas chiapanecos. Tanta identidad hay entre PAN, PRI y Gobernación, que entre ellos se celan la paternidad de las brillantes ideas y se acusan de intentos de plagio.

¿Y el riesgo de reanudar la guerra?

Hasta los más entusiastas defensores de las bondades de las iniciativas presidencial y panista saben que, al fondo, innombrado, está el riesgo cierto de que las armas vuelvan a hablar en el sureste.

Podrá el Congreso realizar la mejor de sus tareas. Podrá la letra de la nueva ley ser ejemplo mundial. Pero tras ese oropel está el hecho contundente de que se está arrinconando a los zapatistas mediante el uso de una legalidad y una institucionalidad que no pueden resolver el conflicto real. Vendrán campañas de propaganda para colocar a los zapatistas y al perredismo como factores de desunión y de violencia, y se tratará de mostrar cómo al esfuerzo gubernamental (de jugar solo, en cancha propia, sin árbitro) no se le ha correspondido con un gesto aprobatorio, pero, allá, en el sitio del infortunio histórico, los problemas no se van a resolver con iniciativas, votaciones, leyes y discursos.

Astillas: La propuesta panista de cartas municipales, contenida en su iniciativa de reformas en materia indígena, tiene un dato interesante pues, según su exposición de motivos, tales cartas ``están inspiradas en la más auténtica tradición de los ordenamientos que dan vida y estructura a las comunidades naturales; las mismas que inspiraron la batalla de los comuneros de Villalar contra la imposición imperial...''. ¿Villalar? Sí. Según explicaron a esta columna Clara Torres, jefa de prensa de la fracción panista en el Senado, y Luis Felipe Bravo Mena, uno de los senadores firmantes de la iniciativa, la referencia es a un episodio de la historia española. En el siglo XVI, comuneros de Castilla se rebelaron contra el emperador Carlos V, de Alemania y España, a quien pedían, sin lograrla, autonomía. Las tropas reales se enfrentaron a los comuneros, que fueron aplastados en su intento autonómico, pero de sus reclamos, y de su ejemplo, se nutrió la propuesta panista de atención a los indígenas chiapanecos... Por cierto, las tales cartas municipales son el producto de un trabajo de la Fundación Rafael Preciado Hernández, que es presidida por Salvador Abascal Carranza y cuyo director académico es Juan Antonio Le Clerck. En 1996, esa fundación plenamente emparentada con el panismo comenzó una investigación sobre problemas indígenas a partir de los conceptos de discriminación y pobreza. Lo que encontraron les sirvió de base para la propuesta de las tales cartas municipales... El pasado 13 de febrero se recibió en esta columna la copia de una carta al Correo Ilustrado de La Jornada enviada por el diputado panista Felipe Vicencio Alvarez, quien se refería a lo señalado por Astillero un día antes, cuando se daba cuenta del esquirolaje del Partido Verde Ecologista de México, que había anunciado su decisión de presentar por sí mismo una iniciativa de reformas en materia indígena. En el contexto de esa maniobra de ruptura con la Cocopa, decía esta columna que ``sería más fácil para el PAN zafarse (lo que le urge) del marco de la Cocopa, y prepararse para votar de una forma distinta a la que había sostenido hasta ahora''. El diputado Vicencio Alvarez (de quien esta columna ha recabado comentarios positivos por la seriedad de su trabajo legislativo, y por el talante abierto con el que lo enfrenta) escribió en aquella ocasión: ``Yo soy diputado federal del PAN y miembro de la Cocopa. En ninguna circunstancia he tenido urgencia alguna de zafarme del marco de esa comisión'' y, por el contrario, aseguraba, con el respaldo pleno de la dirigencia de su partido, estaba empeñado en fortalecer a la mencionada Cocopa y sus funciones. Hoy, por desgracia, las palabras del diputado Vicencio Alvarez no corresponden con la realidad política: la puñalada más grave, acaso final, dada contra la Cocopa, fue la iniciativa panista presentada en días pasados, con la cual virtualmente queda sin representatividad ni legitimidad verdadera esa comisión, tal como desde semanas atrás se veía venir.

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