La Jornada domingo 15 de marzo de 1998

Adolfo Regino Montes
Iniciativa contra la paz

Fiel a su tradición racista, el PAN ha iniciado la ofensiva contra la paz en aras de una supuesta preocupación por los indígenas mexicanos. Lo lamentable es que no lo están haciendo solos, sino que tienen el aval de Ernesto Zedillo, pues han coincidido en la tesis fundamental de que los pueblos indígenas somos parte del pasado y no de la actualidad mexicana.

Haciendo honor a la tradición salinista de las alianzas, el PAN y Zedillo han decidido echar a la basura los acuerdos de San Andrés sobre derechos indígenas, y están anteponiendo sus intereses partidistas a las verdaderas demandas de los pueblos indígenas de una nueva y verdadera relación de coordinación y respeto entre éstos y el Estado mexicano.

Con ello el PAN no sólo le declara la guerra al EZLN, sino también a los pueblos indígenas de todo México. Su iniciativa de reformas constitucionales presentada en el Senado, es producto de mentes que han quedado anquilosadas en la tradición del monismo jurídico y constituyen una verdadera ofensa a la dignidad individual y colectiva de nuestros pueblos, por las siguientes razones.

1. Hay numerosas omisiones de conceptos fundamentales relacionados con los derechos indígenas. Por ejemplo, omiten toda referencia a los pueblos indígenas en su texto propuesto. Cuestión que es claramente contraria a la Constitución y a las leyes mexicanas, en donde aparecen como sujetos de derecho los pueblos indígenas.

2. También excluyen toda referencia al derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas como parte del Estado mexicano. A cambio, ellos proponen que las ``comunidades indígenas gozarán de autonomía... en el ámbito municipal, en los términos que establezcan las constituciones de los estados''. Ignoran tajantemente que el derecho a la libre determinación tiene como forma de manifestación --para el caso de nuestros pueblos indígenas-- la autonomía, misma que puede ejercerse en diversos niveles que van desde la comunidad, el municipio y las asociaciones de las mismas en tanto entidades colectivas. Reducir la autonomía a una mera expresión romántica como lo está haciendo el PAN, es sinónimo de no reconocer absolutamente nada.

3. Siguiendo con los absurdos panistas, para ellos no hay ninguna referencia concreta a las tierras y territorios indígenas que por ahora son plenamente reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo, entonces, vamos a subsistir los pueblos indígenas sin un asiento material definido y seguro jurídicamente? ¿Vamos a vivir en el aire o a seguir mendigando en las calles y los sótanos de los centros urbanos? ¿Nos van a venir a instalar sus maquiladoras o sus casinos al estilo de los gobiernos panistas del norte del país? ¿Qué propone el PAN al respecto?

4. Dolosamente están excluyendo en su propuesta los términos relacionados con los sistemas normativos internos, pues para ellos se reducen a simples ``usos y costumbres'', y que --como todos sabemos-- en estricto rigor son una fuente del derecho, pero no constituyen en sí una norma jurídica a secas. De esta forma despojan de toda capacidad jurisdiccional a las autoridades indígenas y pretenden la continuación de un sistema injusto que pesa sobre nuestras espaldas.

5. Por capricho partidario y de manera mágica proponen la elaboración de ``cartas municipales''. De entrada podemos sostener que esta propuesta no ha sido una idea que hayamos planteado los pueblos indígenas. Si revisamos con toda seriedad tanto los acuerdos de San Andrés como los resultados de la consulta sobre derechos y participación indígena organizada por el gobierno mexicano, no aparece ningún fundamento que permita su viabilidad y eficacia.

A la par, es importante remarcar que una de las características esenciales de los sistemas normativos internos que se han dado a sí mismos los municipios pertenecientes a los pueblos indígenas es la oralidad. Pretender plasmar por escrito una de estas normas como lo sugiere el PAN, sería un grave atentado contra la integralidad de las culturas indígenas.

Vistas las cosas de esta manera, ¿quién puede creerle al PAN que quiere la paz y no la guerra? ¿Ha pasado por la mente de sus legisladores que su iniciativa no es más que una provocación que está empantanando gravemente el proceso de paz en el sureste mexicano? ¿Por qué ahora dicen preocuparse por los indígenas cuando su gobernador Francisco Barrio manda golpear a los indígenas rarámuris como contestación a sus justas demandas? ¿Cómo pretender hacer eficaces las normas que están proponiendo sin la aceptación de los pueblos indígenas? ¿Qué ha negociado a cambio la dirigencia panista con el gobierno mexicano para golpear a nuestros pueblos y al EZLN? No callen, respondan... su iniciativa no es de paz, sino de guerra.