En el cuarto Congreso Nacional del Partido de la Revolución Democrática se discutirán los documentos básicos de la organización. Estando en desacuerdo con el proyecto de declaración de principios elaborado por la Secretaría de Estudios y Programa, presenté al Consejo Nacional una propuesta alternativa. No pude estar presente en la discusión ni exponer en ella mis razones. El Consejo Nacional aprobó el primero después de breve debate y acordó la publicación de ambos proyectos entre los documentos para el congreso, para que éste pudiera conocerlos, discutirlos y decidir en definitiva.

Sin embargo, en el folleto respectivo publicado por aquella secretaría sólo aparece el proyecto oficial, no así mi documento. Si no todos los miembros del PRD, al menos los lectores de La Jornada podrán saber que esta discusión existe y que el monolitismo pertenece a otros tiempos. Digo a continuación mis razones, compartidas por otros miembros del PRD.

Una declaración de principios no es un documento de coyuntura. Debe resumir y reflejar, para los integrantes del partido y para la sociedad a la cual éste se dirige, cuáles son sus ideas rectoras; si se quiere, cuáles son sus ideales, antigua palabra siempre llena de contenido, para esa sociedad.

En muy grandes líneas, este documento se propone ser una declaración republicana, pues la república, entiendo, es el ideal de sociedad y de política del PRD. Por eso en él no figuran entre los principios ``la crítica y la autocrítica'', ``las cualidades de bondad y ternura que nos identifican a los seres humanos'' y ``la voluntad colectiva'', como en cambio figuran en el proyecto oficial. Estas, y otras similares, son formulaciones heredadas, aunque tal vez sus autores no lo sepan, de ideas y prácticas provenientes de sociedades y Estados totalitarios de diverso signo y de sus respectivos partidos.

1) Ancla la declaración de principios del PRD en la estirpe de los documentos mexicanos fundadores, es decir, en una historia de ideas, y no una de organizaciones.

2) Enuncia principios universales, impersonales y abstractos que propone para la República. En consecuencia, no comienza cada uno de sus párrafos con la invocación de ``El Partido'' (así, con mayúscula), como lo hace el otro documento, cuyo pensamiento tiene como referencia e interlocutor a la comunidad partidaria y no a la sociedad organizada en República.

3) Define desde el inicio (punto 1) el término democracia, consustancial al nombre y a los fines del PRD. La ausencia de esta definición, y de otras, es notoria en el otro proyecto.

4) Organiza los principios en una secuencia lógica, evitando los ``ismos'' y definiendo los términos con economía de adjetivos y de medios.

Creo que bastan estas líneas para justificar la estructura y las razones de un proyecto largamente trabajado, discutido y destilado.

La historia de México es la de las luchas de nuestro pueblo por gobernarse a sí mismo y por integrarse como nación libre, igualitaria e independiente. La Independencia, la Reforma y la Revolución han sido etapas de esa historia en las cuales la movilización popular superó los regímenes caducos, estableció nuevas instituciones y volvió a fundar la legitimidad de la República y de sus gobiernos.

Los principios e ideales de esas luchas están plasmados en documentos fundadores como los Sentimientos de la Nación, la Constitución de 1857, el programa del Partido Liberal Mexicano de 1906, el Plan de San Luis, el Plan de Ayala y la Constitución de 1917. La defensa y el restablecimiento de esos principios, forjados y defendidos por el pueblo mexicano en su historia, en sus leyes y en su vida social, es el contenido de nuestra revolución democrática.

Inspirado en esos ideales, el Partido de la Revolución Democrática se constituye como asociación de mujeres y hombres libres e iguales para afirmar la República, establecer la vigencia de la Constitución, fundar las instituciones en la libertad, la justicia, la igualdad, la razón y la tolerancia y abrir irrestrictas posibilidades políticas, económicas, sociales y culturales a la comunidad nacional y a cada uno de los mexicanos y las mexicanas.

Para alcanzar esos objetivos, nuestro partido reafirma el contenido del llamamiento fundador del 21 de octubre de 1988 y hace suyos los siguientes principios de la revolución democrática:

La democracia es un orden social en el cual las decisiones mayoritarias de la población controlan las fuentes fundamentales del poder político, económico y social a nivel nacional y local y donde las minorías gozan de los derechos de representación y de las garantías para organizarse, defender sus ideas y convertirse eventualmente en mayoría.

La Constitución y las leyes de la República establecen que la fuente de la soberanía reside en los ciudadanos y ciudadanas y sólo ellos pueden decidir, a través del voto, quién gobierna y cómo se gobierna en el país. El sufragio efectivo, la no reelección, la pluralidad de partidos políticos con derechos iguales, la posibilidad de la alternancia en el gobierno y la vigencia efectiva de los derechos y garantías individuales son condiciones para el ejercicio de esa decisión soberana.

El federalismo, el municipio libre y la separación e independencia de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial son principios consustanciales a nuestra forma de gobierno republicana.

El libre ejercicio del propio derecho dentro del total respeto al derecho ajeno es, en la República, la norma de las relaciones internas de la sociedad y de las relaciones entre la sociedad, los gobernantes y las instituciones estatales. Los derechos humanos, tal como han sido definidos por las Naciones Unidas y suscritos por nuestro país, y los derechos y garantías individuales establecidos en nuestra Constitución, son la base inviolable de la libertad, la dignidad y la vida de todos los habitantes del territorio nacional. La tortura, la prisión injusta y el asesinato de ciudadanos por órganos estatales o paraestatales recibirán el máximo castigo.

La responsabilidad de los gobernantes y funcionarios y la rendición de cuentas ante sus electores y ante la nación y sus instituciones son obligaciones inseparables de la legalidad republicana. Cada funcionario será responsable individual del respeto a la ley y no podrá amparar su violación en órdenes recibidas, en actos establecidos o en violaciones de otros. Los delitos cometidos en el ejercicio de la función pública conllevarán el máximo de la correspondiente pena legal. Los más severos controles sociales deben establecerse contra los actos de corrupción de funcionarios públicos, que serán castigados con el máximo rigor.

Jueces independientes, imparciales y probos son condición indispensable para asegurar el respeto de autoridades y ciudadanos a los preceptos constitucionales y legales, la honestidad de los funcionarios, la confiabilidad de las relaciones de mercado y la protección de los derechos de cada uno. La justicia debe convertirse en hábito social y en recurso al alcance de todos, siempre abierto para restablecer derechos conculcados o amenazados.

Las libertades establecidas en la Constitución son inviolables. Su ejercicio requiere la libre circulación de las ideas y de las personas y la libre disposición por parte de la sociedad y de sus organizaciones de los medios de comunicación masivos: televisión, radio, prensa y telecomunicaciones. La extensión y el enriquecimiento de las libertades supone una permanente elevación y extensión de la educación pública, tal como está dispuesto en el artículo 3o. constitucional, y de la cultura de la población en general. La educación pública debe ser libre y gratuita desde la escuela primaria hasta el nivel universitario.

La separación de la Iglesia y el Estado y la libertad de creencias y de pensamiento forman parte inseparable de nuestro régimen de libertades. La garantía más efectiva del ejercicio de todas ellas y de su respeto por parte de las autoridades es la extensión y la generalización de las diversas formas de organización autónoma, política, social y cultural, de la libertad.

La igualdad de todos los mexicanos y todos los seres humanos es un principio fundador de nuestra nación. Luchamos por la supresión de toda discriminación material o moral en razón de sexo, raza, etnia, edad, propiedad, condición social, nacimiento, ocupación, inclinación sexual o aptitudes individuales entre los habitantes del territorio nacional. Luchamos por abolir no sólo los privilegios por nacimiento, sino todo privilegio proveniente de la riqueza personal, la función pública o el poder y por asegurar el derecho al disfrute personal y familiar del producto del propio trabajo manual e intelectual.

La igualdad entre mujeres y hombres en todos los terrenos de la sociedad y de la cultura es condición de civilización y libertad. Dicha igualdad presupone el reconocimiento de la diversidad en necesidades, demandas y exigencias. El respeto a aquella condición, a la diversidad y a los derechos específicos de niños y ancianos es requisito de nuestra igualdad republicana.

Los derechos sociales: alimentación, salud, educación, trabajo, descanso, vivienda, ingresos mínimos vitales, garantizados por la comunidad y el Estado a cada ciudadano y ciudadana según dispone nuestro régimen constitucional, son también garantías de aquella igualdad.

La nación mexicana es pluriétnica, multilingüe y pluricultural. Entre sus principios fundadores están la igualdad de las etnias y comunidades indígenas y su derecho a desarrollarse como parte de la nación mexicana con pleno respeto a su cultura, su autonomía y sus formas de organización.

El trabajo humano, que junto con la naturaleza es fuente de toda riqueza, sufre hoy una degradación sin precedentes en el país y en el mundo. Ante un gigantesco y acelerado crecimiento del conocimiento científico y de la tecnología, que han dado posibilidades insospechadas de realización individual y social, se ha intensificado la separación entre la inmensa mayoría de la humanidad y esos logros y posibilidades.

La revolución democrática se propone fundar nuestra convivencia social y nuestra República en el restablecimiento de la dignidad del trabajo y en su fusión creadora con el conocimiento científico y el saber tecnológico. Nuevas formas de organización y de división del trabajo a la medida de las necesidades humanas, proscribiendo faenas degradantes y capacitando para las innovaciones y el cambio, deben conquistarse y afirmarse como fuentes permanentes de realización personal y de riqueza social. La revolución democrática lucha por superar la explotación del trabajo humano así como toda forma de explotación y dominación de unos seres humanos sobre otros.

El derecho original de la nación a la propiedad de la tierra y el subsuelo del país, en el cual se originan la propiedad privada y la propiedad social, el derecho de los pueblos y las comunidades a sus tierras y el derecho de los campesinos a la dotación de sus parcelas bajo el régimen ejidal son principios inseparables reconocidos en la Constitución. La revolución democrática confirma y defiende esos derechos irrenunciables, así como la existencia y la importancia del ejido como forma de tenencia de la tierra y de organización agraria productiva, democrática y cultural. El ejido debe ser fortalecido y defendido y recibir el apoyo del Estado y de la comunidad nacional para su desarrollo, modernización y tecnificación, junto a la pequeña propiedad productiva y combinado con ésta.

Una explotación privada voraz e incontrolada está destruyendo los bosques, las tierras, las aguas y los cielos de nuestro país, patrimonio común de todos los mexicanos. La revolución democrática tiene entre sus principios irrenunciables la defensa y la recuperación de ese patrimonio.

El municipio libre, célula originaria del sistema federal y cuna de nuestras libertades, debe ser establecido y respetado como el hogar y la escuela de autogobierno de los ciudadanos, defendido contra el centralismo absorbente y despótico, y convertido, en el libre uso de sus recursos, en parlamento del pueblo donde se exprese la voluntad ciudadana.

Es condición de la democracia la existencia y el desarrollo de una sociedad fuerte y organizada, que se expresa a través de partidos políticos, sindicatos de trabajadores, organizaciones campesinas, asociaciones de empresarios, comunidades indígenas, organizaciones urbano-populares, grupos y asociaciones civiles de todo tipo y con diversos objetivos. Sobre estas organizaciones se basan las posibilidades de participación ciudadana en el gobierno y la democracia se convierte en la forma normal de relación entre los ciudadanos y de éstos con el gobierno.

Para garantizar ese funcionamiento democrático, es preciso abolir cualquier injerencia del Estado y de los gobiernos en la vida interna de las organizaciones de la sociedad; derogar las disposiciones que sancionan la subordinación corporativa de los sindicatos de trabajadores y las organizaciones campesinas al Estado; afirmar su autonomía y su vida democrática; y mantener su independencia con relación a los partidos o grupos políticos. Sólo a los afiliados de las organizaciones sociales corresponde reglamentar su vida interna, financiar su funcionamiento y decidir sobre el uso de sus recursos y la legitimidad, la actividad y la orientación de sus dirigentes.

México surgió y creció como nación en un enfrentamiento continuo con los intentos de imponernos dominaciones extranjeras y con las castas locales aliadas a esos intentos para conservar sus privilegios y poderes. Las penalidades y los costos, así como los grandes logros de esas luchas, han contribuido a forjar el destino, el carácter y el orgullo nacionales. El principio de la independencia y la soberanía de la nación es prioritario con relación a cualquier otro objetivo o empresa que los mexicanos nos propongamos o llevemos a cabo.

El petróleo nacionalizado es historia que sintetiza nuestra lucha por la independencia y la soberanía. Ese recurso y sus beneficios pertenecen a todos los mexicanos. Es la materialización del principio de la propiedad de la nación sobre el suelo y el subsuelo de nuestra patria. Deben mantenerse su propiedad y su administración estatales y asegurarse una gestión transparente y honesta de la empresa nacional.

La revolución democrática afirma los principios de soberanía, independencia y autodeterminación que han asegurado la existencia, la identidad y la dignidad de nuestra nación. El respeto inviolable al derecho de asilo es parte irrenunciable de esos principios. La ley republicana protege a todos los habitantes del territorio nacional.

Nuestra política exterior considera a esos principios también válidos para todas las naciones y pueblos del mundo, en particular para todos los que integran la Patria Grande latinoamericana, que luchan por el inalienable derecho a organizarse y gobernarse en su propio territorio, con su idioma, leyes y costumbres.

La revolución democrática postula la dignidad del ser humano como valor sustantivo de la sociedad. Esa dignidad requiere la racionalidad, la tolerancia, el respeto mutuo y la paz como normas de las relaciones entre los individuos, las comunidades y las naciones.

Los enfrentamientos entre grandes potencias y las rivalidades entre naciones, combinadas con el desarrollo de los conocimientos científicos y los recursos tecnológicos puestos al servicio de la guerra y la destrucción, colocan a la humanidad siempre al borde de guerras de exterminio. La paz entre los seres humanos y entre las naciones no es sólo un objetivo deseable, sino una necesidad indispensable e impostergable si el género humano ha de salvarse de la degeneración y la autodestrucción.

La revolución democrática hará de nuestro país, como lo fue en las mejores épocas de su historia, una comunidad empeñada en contribuir al logro de ese objetivo y comprometerá a nuestros gobiernos con aquellas causas que en el plano internacional afirmen y defiendan a la paz, la dignidad y el respeto al derecho ajeno como normas primeras de convivencia entre las naciones y entre los seres humanos.

Sobre los anteriores principios, resumidos en las cinco palabras de nuestro lema: ``Democracia ya. Patria para todos'', el Partido de la Revolución Democrática manifiesta ser una organización política constituida por ciudadanos y ciudadanas mexicanos de acuerdo con los principios y normas que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No está sujeta a organización internacional o partido extranjero alguno y rechaza toda clase de apoyo proveniente de extranjeros o ministros de culto de cualquier religión. Conduce sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática.

Noviembre de 1997.

Esta propuesta: ``Ancla la declaración de principios del PRD en la estirpe de los documentos mexicanos fundadores, es decir, en una historia de ideas, y no una de organizaciones.

``Enuncia principios universales, impersonales y abstractos que propone para la República.

``Define desde el inicio el término democracia, consustancial al nombre y a los fines del PRD.

``Organiza los principios en una secuencia lógica, evitando los ``ismos'' y definiendo los términos con economía de adjetivos y de medios''.