FIRMO EL EJECUTIVO LA INICIATIVA INDIGENA

Rosa Elvira Vargas Ť Con la proposición de modificar seis artículos constitucionales, la Presidencia de la República informó que la iniciativa firmada ayer por el mandatario del país, Ernesto Zedillo, en materia de derechos y cultura indígenas, ``se apoya en la propuesta que hizo la Cocopa, pero subsana las preocupaciones que expresara el Ejecutivo federal a los integrantes de la comisión respecto de algunos puntos'' del plantea- miento original.

Flanqueado por miembros de su gabinete --entre ellos el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, y el director del Instituto Nacional Indigenista, Carlos Tello-, el mandatario firmó poco antes del mediodía la denominada iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas, con la que el gobierno federal pretende ``solucionar políticamente'' el conflicto en Chiapas.

Al término del acto, realizado en el despacho presidencial, el coordinador del diálogo para la negociación en Chiapas, Emilio Rabasa Gamboa, afirmó en breve entrevista que la iniciativa, que este domingo turnará el Presidente al Congreso a través de la Cámara de Senadores, hace cumplir y se finca totalmente en los acuerdos de San Andrés.

Asimismo, estableció que ``exclusivamente'' aborda cuestiones indígenas y ningún otro tipo de elementos que intervienen en el conflicto chiapaneco, como podría ser la presencia del Ejército en aquel estado.

Según un comunicado de la Presidencia, la iniciativa signada por el Ejecutivo propone reformar los artículos 4, 18, 26, 53, 73, 115 y 116 de la Constitución de la República, ``a fin de alcanzar la efectividad de los derechos sociales, económicos, culturales y políticos de los mexicanos indígenas, con pleno respeto a su dignidad''.

Además, añade la Presidencia, la iniciativa propone reconocer y consagrar derechos para la preservación y el libre desarrollo de las culturas indígenas, con el respeto absoluto que merecen. También recoge e incorpora la pluralidad de ideas expresadas en múltiples foros que se abrieron para analizar la cuestión indígena en el país.

Las reformas constitucionales que se proponen, se establece, cumplen con los acuerdos de San Andrés Larráinzar al sugerir un nuevo marco jurídico nacional para los pueblos indígenas. Las mismas comparten íntegramente ``el espíritu y la intención que motivaron el esfuerzo de la Cocopa al elaborar una propuesta de reforma constitucional''.

Según el mismo comunicado de prensa, el presidente Zedillo confía en que los legisladores de todos los grupos parlamentarios analicen y debatan su propuesta ``con un espíritu abierto'', mirando siempre por el interés superior del país para que las reformas que plantea hagan efectivos los derechos de los indígenas, respeten los principios rectores del orden jurídico y preserven ``sin ambigüedades la soberanía y la unidad nacionales''.

Se trata, concluye el comunicado de Presidencia, de contar con reformas constitucionales que en su caso determine el Poder Legislativo y contribuyan ``a la solución política del conflicto en Chiapas''.

Unico que accedió a hablar con la prensa, Rabasa Gamboa dijo que, independientemente de la entrega de la iniciativa de reformas al Congreso, siempre será necesario mantener el diálogo con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). También se refirió al anticipado rechazo al proyecto presidencial por parte del PRD, y señaló que ``ya verá ese partido la iniciativa cuando se presente en el Congreso y fijará su posición con conocimiento de su contenido''.

También indicó que el hecho de que existan varias iniciativas legislativas para intentar resolver la problemática de Chiapas permite al Congreso de la Unión tener varios puntos de vista, conjuntarlos y rendir un dictamen que incorpore elementos de las distintas fuerzas políticas.

Rabasa Gamboa precisó que será el Congreso el que decida qué iniciativas tendrán la aprobación, pero todas deberán ser analizadas en el seno de las comisiones competentes, que serían en este caso la de Gobernación y Puntos Constitucionales y la de Asuntos Indígenas.

El funcionario concluyó al señalar que la iniciativa presidencial ``tiene todos los elementos que permiten cumplir plena y cabalmente con los acuerdos de San Andrés Larráinzar''.

En la firma de la iniciativa estuvieron además el secretario de Salud, Juan Ramón de la Fuente; la canciller Rosario Green; el titular de Desarrollo Social, Carlos Rojas; el secretario de Agricultura, Romárico Arroyo, y el asesor jurídico del Presidente, Germán Fernández Contreras.

Se ratificó que este domingo, una vez que la iniciativa se envíe al Senado, el secretario de Gobernación tiene instrucciones del propio presidente Zedillo para informar extensa y detalladamente a la opinión pública sobre el contenido del documento. El texto de Labastida Ochoa será dado a conocer a través de los medios de difusión a partir de las 20 horas.

Jesusa Cervantes Ť La iniciativa presidencial que hoy enviará Ernesto Zedillo al Congreso de la Unión modifica por completo tres de los siete artículos que propuso la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) en su anteproyecto de ley; éstos son el 4, 115 y 7, según revelaron fuentes de la Secretaría de Gobernación.

De acuerdo con funcionarios que participaron en el análisis y elaboración de la iniciativa gubernamental, ésta ``es 85 por ciento el texto de la Cocopa y los acuerdos de San Andrés y el resto son las cuatro observaciones gubernamentales'', es decir, los citados artículos.

Sin embargo, estos articulados son la parte central de las modificaciones de ley, las cuales rechazó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional porque se apartaban de lo pactado en Larráinzar.

Los otros cuatro artículos (18, 26, 53 y 116) ``son iguales al texto de la Cocopa''.

En el artículo 4 de la iniciativa presidencial se estipula la libre determinación de los pueblos indígenas y su autonomía para decidir sus formas internas de convivencia, organización social, económica y política, aplicar sistemas normativos para la regulación y solución de conflictos internos, acceder al uso y disfrute de los recursos naturales y adquirir y operar medios de comunicación.

Todo esto lo acepta el gobierno, pero aclara que los sistemas normativos no pueden estar ``convalidados por autoridades jurisdiccionales del estado'' de manera imperativa y sin que exista una legislación de por medio. Acepta el acceso al uso y disfrute de los recursos naturales, pero no de manera colectiva, sino con base en las formas de propiedad estipuladas en el artículo 27 constitucional: comunal, ejidal y pequeña propiedad.

La iniciativa gubernamental excluye el término de territorio cuando se refiere al uso y disfrute de los recursos naturales, pues considera que dicho concepto se refiere a un espacio excluyente del resto del territorio nacional.

El gobierno también acepta, en el artículo 4, que los indígenas tengan plena autonomía para adquirir y operar medios de comunicación, pero con apego a la ley de Radio y Televisión; es decir, las concesiones o permisos se otorgarían mediante concurso; de lo contrario, argumenta, se crearían fueros para los pueblos indios.

Admite la educación bilingüe, pero se opone a hacer a un lado la facultad del Ejecutivo para elaborar los planes y programas; es decir, que se hagan programas especiales para los pueblos indios.

En sus cuatro observaciones, el gobierno expone todos estos aspectos, incluidos en la iniciativa de ley y que hacen a un lado la propuesta de Cocopa.

En el artículo 115 el gobierno rechaza que un municipio pueda reconocer su pertenencia a un pueblo indígena porque, según dice, un municipio no puede decir si pertenece o no a otra instancia distinta de la entidad federal.

Además, la propuesta gubernamental estipula que cuando un municipio tenga población mayoritariamente indígena ``se convalidará'' la elección, ya sea mediante usos y costumbres o por voto directo y secreto.

Sin embargo, cuando la población mayoritaria no sea indígena, el pueblo indio tendrá derecho de autonomía para elegir a sus autoridades, pero éstas deberán sujetarse a las autoridades municipales electas por sufragio directo, sobre todo en asuntos de seguridad pública y obligaciones civiles.

Por otra parte, la iniciativa acepta la participación de los pueblos indios en la planeación del desarrollo nacional y avala la remunicipalización y redistritación, con base en la ubicación geográfica de los pueblos indios.

Por ejemplo, en Ocosingo se podrá realizar una nueva remunicipalización y aumentar el número de ayuntamientos. Esta labor corresponderá a los congresos locales y la redistritación al Instituto Federal Electoral, en coordinación con las comisiones estatales electorales.