El pasado mes de diciembre el gobierno mexicano firmó con la Comunidad Europea dos acuerdos, uno global denominado de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, y un acuerdo interino que recoge del primero la parte correspondiente a la apertura comercial.

El primero de ellos deberá ser ratificado, tanto por el Parlamento Europeo como por los de cada uno de los países que conforman la Unión Europea, lo mismo que por el Senado de la República, en el caso de México. El segundo entrará en vigor después de recibir el dictamen de conformidad del Parlamento Europeo y del Senado mexicano.

El acuerdo México-Unión Europea incorpora la ``cláusula democrática'' que condiciona de alguna manera la apertura comercial a la existencia de compromisos sobre el respeto a los derechos humanos y de orden democrático.

Días después de la firma de tales acuerdos, se cometió el asesinato de indígenas en Acteal, Chiapas, lo que provocó una urgente resolución del Parlamento condenando la matanza, y el cuestionamiento por parte de grupos importantes de europarlamentarios respecto del cumplimiento de los derechos humanos en México.

Estos diputados plantearon al Parlamento el ``congelamiento'' del proceso de ratificación del acuerdo interino, condicionándolo a que el gobierno mexicano diera ``señales palpables'' de respeto a los convenios y normas internacionales en la materia que se ha obligado a cumplir.

El Parlamento Europeo convocó el pasado 3 de marzo a una audiencia pública con representantes del gobierno y de la sociedad civil mexicana para discutir la situación de los derechos humanos en México.

Tal como lo reseñaron La Jornada (11-03-98) y la revista Proceso (No. 1114, marzo 8, 98), la visión del México que presentaron las organizaciones sociales y no gubernamentales contrastó con la del gobierno representado por la Secretaría de Relaciones Exteriores. El México del primer mundo con crecimiento económico ascendente, problemas de empleo resueltos y avances democráticos encabezados por un gobierno que trabaja por la paz en Chiapas, no fue el mismo del que padece desempleo crónico, crisis agudizada por el libre comercio y una situación deteriorada de los derechos humanos a nivel nacional.

El planteamiento central de las organizaciones sociales mexicanas en Bruselas fue respaldar el incremento de las relaciones de México con Europa potenciando la multilateralidad, pero a la vez solicitar una prórroga o aplazamiento a la ratificación del acuerdo interino.

Uno de sus argumentos fue señalar que el acuerdo no se conoce en México, que fue negociado a espaldas de la sociedad, y que incluso el Senado desconoce los documentos formales signados por el Ejecutivo en diciembre pasado. Asimismo, se argumenta el incumplimiento reiterado del gobierno mexicano de sus compromisos en materia de derechos humanos.

El documento presentado por las organizaciones civiles mexicanas en torno de los acuerdos comerciales entre la Unión Europea y México, habla de la necesidad de ampliar la discusión sobre los posibles efectos del acuerdo de liberalización comercial en México y la Unión Europea, y a la vez cuestiona la ausencia de normas laborales y ambientales que garanticen el avance de estándares, y la inexistencia de mecanismos de representación de la sociedad civil en el Consejo Conjunto, encargado de supervisar la marcha del acuerdo.

Asimismo, se hace un llamado a construir un acuerdo que sea incluyente, promotor del desarrollo social y económicamente justo, que permita caminar hacia adelante, garantizando la equidad entre pueblos y naciones. En este sentido se señala que el acuerdo carece de mecanismos específicos para enfrentar las asimetrías entre México y sus potenciales socios comerciales en Europa, y se demanda el establecimiento de formas de verificación sobre el cumplimiento de la cláusula democrática.

El debate se ha centralizado en los parlamentos o congresos de los países con los que México negocia acuerdos de libre comercio, porque es ahí donde existen posibilidades de debate, de discusión y de incidencia en la decisión de los diputados. En el caso de México, desgraciadamente, será el Senado con mayoría priísta el órgano legislativo al que tocará ratificar los acuerdos, y es previsible que, tal como ha ocurrido antes, se aplique el fast track y en solo un día los senadores aprueben un acuerdo que tal vez desconozcan sustancialmente.