HALLAN EL CADAVER DEL JESUITA GUINEA; SUS CAPTORES, PRESOS

Humberto Ortiz Moreno Ť Tras nueve meses de incertidumbre en las investigaciones sobre su secuestro, el cadáver del sacerdote jesuita Wilfredo Guinea Ramos fue encontrado ayer envuelto con una bolsa de tela y sepultado en una casa semiconstruída situada en una de las zonas más recónditas y peligrosas de la delegación Iztapalapa.

Detenido anteayer en las inmediaciones de la estación Constitución de 1917 del Metro, Juan Carlos García Gasca, de 29 años de edad y cabecilla de una banda de cuatro sujetos dedicados al robo y secuestros, confesó ante el MP y después públicamente que ninguno mató a la víctima, sino que ``murió solo''.

Según versiones de los investigadores e incluso de la Compañía de Jesús, Guinea padecía del corazón y usaba marcapasos, por lo que debía tomar medicamentos especiales.

Los delincuentes revelaron que el jesuita, de 74 años de edad, falleció entre los apretujones dentro del auto compacto en que lo transportaron a la casa ubicada en Jiménez Cervantes número 18, de la colonia San José Buenavista. Hora y media después, cuando quisieron reanimarlo y ponerlo en cautiverio, dicen, el cura ya no respondió y sólo quedaba inhumarlo. Tanto fue su arrepentimiento por haber precipitado el deceso del sacerdote que, trascendió, hubo momentos durante esos nueve meses en que, alrededor de su tumba clandestina, le rezaron unos rosarios post mortem.

Guillermo Flores Heredia, de 38 años; Francisco Olarte Jiménez, de 27; Javier Figueroa Domínguez, y el propio García Gasca, de 29, fueron virtualmente contratados por Víctor Manuel Albor Loza, quien proveía refacciones para la empresa editorial de La Buena Prensa, que dirigía Guinea y conocía perfectamente los movimientos del jesuita.

Así, ejecutaron el plagio el pasado 17 de junio de 1997 en el área de Chimalistac. Se pusieron en contacto con la Compañía de Jesús y pidieron 5 millones de pesos por el rescate del religioso. Mediaron el rector de la Iberoamericana, Enrique González Torres, y el presidente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, David Fernández.

Finalmente, pactaron un rescate de 2 millones 455 mil pesos que serían entregados el 22 de junio. Así ocurrió y los plagiarios se comprometieron a liberarlo a las 12 de la noche. El padre Guinea llegaría en un taxi a su domicilio. Pero nunca apareció. Y la Procuraduría capitalina tuvo conocimiento del secuestro hasta el 2 de julio y abrió la averiguación previa DGSP/283/97-07, bajo denuncia del cura Antonio Serrano Pérez.

Desde entonces, las pesquisas no dieron resultados. Aún había esperanzas de que el padre Guinea estuviera con vida. Todavía ayer, cuando el cuerpo era descubierto, no había seguridad sobre la identidad. Mas entre su ropaje negro traía tres acreditaciones irrefutables: una licencia de manejo y dos tarjetas de crédito a nombre de Wilfredo Guinea Ramos.

El cadáver fue retirado del inmueble enmedio de una muchedumbre y conducido al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia de ley, realizándose a la vez peritajes en materia de criminalística de campo, antropología forense y química para confirmar su identidad.

Rueda de prensa

En rueda de prensa, el procurador Samuel del Villar; Patricia Bugarín, directora de de Investigación de Delitos contra la Seguridad de las Personas, las Instituciones y la Administración de Justicia, y Juan Marcos Báez, titular de la Dirección de Investigaciones de la Policía Judicial, aseguraron que el esclarecimiento del secuestro no fue fortuito, así hayan detenido a García Gasca en el Metro Constitución de 1917, inicialmente en posesión de grapas de cocaína, sino que fue producto de exhaustivas indagatorias y persecución sobre los sospechosos.

En el interrogatorio confesó dedicarse, junto con sus cuatro cómplices, al robo y secuestro. Entre sus víctimas ubicó a un sacerdote y a un empresario de la industria aceitera. Esto despejó las dudas y los investigadores fueron hasta la obra en construcción donde los cinco sujetos enterraron al jesuita.

Guillermo Flores Heredia, capturado en la hostil zona de Iztapalapa, condujo al MP y agentes judiciales hasta la tumba clandestina, detallando cómo ocurrieron los hechos el 17 de junio pasado cuando ``se nos murió'' el padre Guinea. Lo exhumaron a metro y medio bajo tierra. Los 2 millones 455 mil pesos producto del plagio, dijeron los criminales, ya se los gastaron.

El procurador Del Villar dijo haber tenido contacto ayer con la Compañía de Jesús para informarle del hecho y aseguró que la organización religiosa patentizó su agradecimiento al personal que realizó la investigación.

Aunque que existe un marco jurídico ``particularmente impropicio'' para que la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal pueda cumplir con sus obligaciones de investigación y persecución de los delitos'', concluyó, el desenlace de este caso demuestra que existe una base institucional sólida para resolver oportunamente los casos más relevantes. Los seguiremos conforme a la ley, remachó, pues no hacerlo ha permitido la proliferación de conductas que tanto daño ocasionan a la sociedad.

Presentados los cinco delincuentes ante los medios de comunicación, el cabecilla, Juan Carlos García, apenas alcanzó a musitar antes de ser retirado del auditorio de la PGJDF: ``No lo maté, murió solo...''.

Angeles Cruz Ť Después de una larga espera, ayer finalmente el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez tuvo noticias del paradero del padre Wilfredo Guinea, quien fue secuestrado el 17 de junio de 1997 y por cuya liberación pagaron 2 millones 459 mil pesos.

Rafael Alvarez, tercer visitador del organismo no gubernamental, consideró que las investigaciones resultaron infructuosas y fue hasta la llegada de la nueva administración en el DF cuando el caso fue retomado.

El padre jesuita era secretario de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). Desde hacía más de 30 años tenía bajo su dirección a la empresa editorial Buena Prensa, que edita los misales dominicales y que para la visita del papa Juan Pablo II a Cuba imprimió miles de biblias y evangelios que se distribuyeron en la isla.

De acuerdo con el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Guinea no tenía enemigos ni vínculos con asuntos políticos o sociales que lo hicieran blanco de algún ataque, por lo que considera que su secuestro expresa sobre todo el grave problema de inseguridad pública, impunidad y corrupción de los cuerpos policiacos que padece la ciudad de México.

Con el hallazgo de los probables restos del padre Guinea, el Centro considera que posiblemente su muerte ocurrió incluso antes de que se pagara el rescate. Alvarez dijo que en las llamadas telefónicas los secuestradores preguntaron por el nombre de los medicamentos que el sacerdote tomaba para atender sus problemas cardiacos, pero nunca especificaron si había algún problema con su salud.

La organización subraya que un mes después del plagio del sacerdote, la Procuraduría General de la República (PGR) y la General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) no pudieron avanzar en el esclarecimiento de los hechos, aunque oficialmente la PGR se deslindó de las pesquisas por no ser de su competencia.

Un día después del plagio, el 18 de junio de 1997, un grupo de jesuitas se entrevistó con el procurador Jorge Madrazo, quien designó al agente especializado en secuestros Ernesto Mendieta para dar seguimiento al caso.

Unas horas después del secuestro, los plagiarios se comunicaron al teléfono celular de la señora Trinidad Ambriz, quien se desempeñaba como contadora en Buena Prensa, e iba con Guínea cuando lo secuestraron. Después de varias comunicaciones, se acordó con los captores entregar el rescate la madrugada del 22 de junio y al mediodía informaron que Guinea había sido liberado y que en 30 minutos llegaría a las oficinas de la empresa editorial. Esto jamás ocurrió.

Entonces, acusa el organismo, inició su trabajo el agente Ernesto Mendieta, quien según la orden jesuita aseguró que tenía intervenidas las llamadas telefónicas de los secuestradores y que ya había localizado la zona de la ciudad desde donde se comunicaban; oficialmente, la Procuraduría General de la República informó que Mendieta sólo había asesorado a la orden y sobre las dudas de su actuación, indicó que sería la PGJDF la instancia responsable de fincar responsabilidades.

El 23 junio, Luis Téllez, entonces encargado de la Oficina de la Presidencia de la República, solicitó a la Compañía de Jesús un plazo de 48 horas para realizar una investigación exhaustiva y antes de que se informara a la opinión pública. Al no obtener resultados, dos días después se informó a los religiosos que el Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen), a cargo de Jorge Tello Peón, daría seguimiento al caso y se les pidió que presentaran la denuncia penal correspondiente.

El 16 de junio se presentó una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a partir de agosto se detuvo la investigación, la cual fue retomada el 8 de enero de 1998 en la PGJDF que encabeza Samuel Del Villar.