Ayer, el presidente Ernesto Zedillo informó sobre la intención del gobierno federal de presentar unilateralmente una iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas. El documento será firmado hoy por el Ejecutivo y enviado al Congreso mañana domingo, cuando comience el periodo ordinario de sesiones legislativas.

Si bien la determinación presidencial pone un punto final al desgastante debate político en torno a la propuesta de la Cocopa y a las cuatro observaciones formuladas por el gobierno a la misma -polémica en la que, debe señalarse, las objeciones oficiales nunca pudieron ser justificadas-, lo cierto es que el costo de la decisión gubernamental es muy superior a los beneficios que ofrece, y supone la pérdida de una oportunidad histórica invaluable: establecer un nuevo pacto social entre el Estado y los pueblos indígenas por la vía del diálogo y el consenso. Además, esta situación podría ser considerada como un incumplimiento en los hechos del compromiso, suscrito durante las negociaciones de San Andrés, de que la traducción jurídica de los acuerdos alcanzados debería recibir la aceptación de todas las partes.

Es indudable que el Poder Legislativo es la instancia por excelencia para aprobar y promulgar leyes y que, junto al Ejecutivo y los congresos de los estados, cuenta con las facultades para proponer iniciativas de ley. En ello se basa, en gran medida, la institucionalidad democrática y republicana de la nación. Sin embargo, como se estableció en los acuerdos de San Andrés, ante la falta de representación indígena formal en el Congreso y dada la complejidad de los problemas y los retos que deben ser abordados para atender cabalmente los legítimos reclamos de los pueblos indios del país, el consenso entre todos los actores involucrados en la negociación es un ingrediente insoslayable para permitir que las reformas constitucionales y legales que se lleven a cabo influyan de manera objetiva en la solución de las causas que dieron origen al conflicto chiapaneco.

Como lo han señalado múltiples voces en la sociedad, las desigualdades, la marginación, la injusticia y la discriminación que padecen las comunidades indígenas no se resol- verán por decreto. Por ello, en el entendido de que las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas son sólo el primer paso de un proceso mayor, ¿cómo abordar satisfactoriamente los múltiples aspectos que quedaron pendientes durante el diálogo de San Andrés, si el gobierno federal ha optado por una salida unilateral? ¿Cómo revitalizar la negociación y la búsqueda de consensos si, luego de un largo proceso de debate y de la formulación de una propuesta que recibió un amplio apoyo de múltiples sectores políticos y sociales del país, el Ejecutivo optó por una interpretación propia que deja fuera al resto de los actores? ¿Cómo alcanzar la paz justa y duradera si no se cuenta con el indispensable consenso de todas las partes?

Ha de reconocerse que los señalamientos del presidente Zedillo en el sentido de que el gobierno federal rechaza el uso de la violencia y la represión para resolver el conflicto chiapaneco resultan pertinentes y alentadores. Pero no debe olvidarse que, para prevenir que se derrame más sangre en Chiapas, son necesarias mucha otras medidas, entre ellas la distensión militar, el desmantelamiento de los grupos paramilitares que operan en la entidad y el fortalecimiento de las instancias de mediación e interlocución entre el gobierno y el EZLN. Hasta el momento, el Ejército Mexicano no se ha retirado de las tierras y el hábitat de las comunidades indígenas, la mayoría de los paramilitares permanecen activos e impunes, y la Cocopa y la Conai han visto reducidos considerablemente sus márgenes de maniobra, sobre todo con la falta de consenso y la presentación unilateral de iniciativas de ley.

Una reforma incompleta y que no recoja cabalmente los compromisos ya firmados en San Andrés sólo dejará insatisfacción en la sociedad y postergará peligrosamente la solución del conflicto chiapaneco. En esta perspectiva, es dable exhortar a los legisladores a que durante el análisis y la votación de los proyectos de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas -hasta ahora, el PAN y el gobierno federal, con el previsible apoyo de la bancada priísta, han anunciado la presentación de sus propias iniciativas, y cabe la posibilidad de que el PRD presente como propio el documento de la Cocopa- recurran de manera obligada a la negociación abierta y al consenso, se aparten de criterios y filiaciones partidistas o de grupo, antepongan los intereses superiores de la nación y validen de manera cabal y sin cortapisas el contenido de los acuerdos de San Andrés. Sólo así será posible que las modificaciones a la Constitución que se realicen contribuyan de manera efectiva a la paz, a la atención de las demandas de las comunidades indígenas, a la recomposición social en Chiapas, al desarrollo democrático del país y al establecimiento de una nueva relación, justa y armónica, entre el Estado y los pueblos indios de México.