La estrategia gubernamental de afirmar su voluntad de paz mientras trabaja para la guerra, teniendo como eje central de su discurso el supuesto reconocimiento constitucional del derecho de autonomía de los pueblos indígenas de México, cuando en sus observaciones lo niega, recuerda la posición asumida por José Stalin con respecto a las nacionalidades existentes en la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas (URSS). En su tiempo, este personaje llegó a afirmar que ``las naciones tienen el derecho de autodeterminación e incluso el de volver al antiguo orden de cosas, pero una cosa es el derecho de las naciones y otra la obligación de los socialdemócratas'', agregando que éstos tenían la libertad de agitar a favor o en contra tal derecho, de acuerdo a sus propios intereses.

Proporciones guardadas, similar ha sido la actitud del gobierno mexicano: en diversos momentos ha hecho un manejo de ella según conviene a sus intereses y los del pequeño grupo gobernante hasta llegar al actual, en donde pretende reconocerla pero de manera desnaturalizada, arrebatándole todos los derechos que encierra.

Tal vez no esté de más hacer un rápido recuento que ilustre lo anterior. Un día después de terminada la primera fase del diálogo de San Andrés, donde asesores e invitados de ambas partes coincidíamos que el principal reclamo de los pueblos indígenas era la autonomía, Marco Antonio Bernal, coordinador de la representación gubernamental, declaraba que eso no estaba a discusión. Pero el tema se impuso y el gobierno aceptó discutirlo. Cuando se presentaron en público los resultados de la Consulta Nacional Sobre Derechos y Cultura Indígena, organizada por la Secretaría de Gobernación y el Senado de la República, el Presidente de la República reconoció que la autonomía era una demanda legítima de los pueblos indígenas y su reconocimiento constitucional fortalecía a la nación.

En los acuerdos de San Andrés las partes asentaron la importancia de reconocer el derecho de los pueblos indígenas a ejercer la autonomía ``como parte del Estado Mexicano'' y se comprometieron a impulsar reformas en este sentido. El asunto parecía marchar bien. Eran tiempos en que el gobierno daba señales que iban a cumplir su palabra. Incluso el propio Bernal, aún en su calidad de coordinador de la delegación gubernamental, acudió a la Organización de Naciones Unidas a publicitar tales acuerdos, como un avance de la política de Estado mexicano hacia los pueblos indígenas.

Pero ahora el gobierno no quiere saber nada de esto, aunque insiste en que respetará los Acuerdos de San Andrés. Mas, como dice el refrán, del dicho al hecho hay mucho trecho y tanto su actitud como sus ``observaciones'', así lo confirman. Primero dijo que ninguna acción tomaría que no fuera consensuada con el EZLN, después intentó que el Congreso de manera unilateral elaborara la propuesta de reforma indígena, y ahora que ha decidido enviar su propuesta de reforma constitucional, pretende que la Cocopa lo acompañe en su aventura.

En este mismo sentido, lo grotesco de sus observaciones a la propuesta de la Cocopa en esta materia, moverían a risa si no fuera por lo delicado del asunto. Gobernación reclama que la autonomía sólo está referida a los derechos que tendrán los pueblos indígenas, pero no precisa la relación con el resto de los principios, instituciones y, en general, la organización del Estado mexicano.

Precisamente ahí es donde se da el desconocimiento de lo firmado porque la autonomía no es un derecho que otorga el Estado, sólo la reconoce; es un derecho inalienable de los pueblos y como tal, técnicamente debe quedar expresado en la parte dogmática de la Constitución, remitiendo la forma de su ejercicio en la parte orgánica, cosa que la propuesta de la Cocopa hace con bastante claridad. Asimismo, la unidad nacional está expresada ya en otras disposiciones de la propia Carta Magna.

Puede el gobierno seguir tratando de engañarnos con campañas publicitarias, pero una cosa debe tener presente: no es cualquier reforma la que resuelve el problema, sino una que atienda a contenidos mínimos del derecho reclamado y ésos están plasmados en los Acuerdos de San Andrés. Lo demás es espejismo. Los pueblos indígenas son conscientes de ello. Esperamos que el también lo sea y deje atrás sus prácticas totalitarias. Los tiempos no son para sostener discursos de corte estalinista.