Las razones que inducen a los legisladores mexicanos para decidir el sentido de su voto son muy variadas. Los integrantes del Congreso de la Unión son impulsados para fundar sus decisiones y apoyar el sentido de sus votos por diversas razones, desde las que se sustentan en impulsos económicos directamente vinculados con sus intereses patrimoniales personales, como el monto de las dietas, el importe de los bonos de eficiencia, o las deducciones de emolumentos por inasistencia, o las partidas para cubrir honorarios o sueldos de personal auxiliar.

Otras ocasiones los motivos de los miembros del Congreso se inspiran en intereses de la entidad federativa en la que fueron elegidos o por las tendencias electorales y, excepcionalmente, por las orientaciones ideológicas del partido del que forman parte.

Un tercer nivel de las motivaciones se encuentra cuando las decisiones se guían por razones generales, de alcance federal y tan altas consecuencias que no sólo impactan determinadas zonas o posiciones ya sean partidistas, ideológicas, regionales o sectoriales, sino que las decisiones afectan al país entero en cuestiones esenciales.

No cabría objetar la legalidad de las decisiones legislativas, cuando se motivan en causas legales, pero sí cabe objetar como antipatriótico y contrario al interés de la Nación, fundar votos legislativos en razones personales, sectoriales o partidistas cuando en el asunto a debate y en la decisión que se tome, está involucrado el interés nacional.

Estamos en el umbral del segundo periodo de la 57 Legislatura Federal en cuya agenda se encuentra una cuestión fundamental para la Nación, que ya dura más de cuatro años y que está significando una herida muy grave para el cuerpo y el funcionamiento de nuestras instituciones.

Más de cuatro años llevamos ya del conflicto bélico que en enero de 1994 inició el EZLN, y después de este tiempo el gobierno no ha podido, no ha sabido o no ha querido resolver, sino que ha tomado una serie de medidas, como el desconocimiento de compromisos contraídos.

Hace más de cinco meses, un amplio grupo de ciudadanos de diversos partidos o sin filiación solicitamos al Congreso de la Unión, precisamente el día de su instalación, que en vista de la incapacidad del Poder Ejecutivo para poner fin al conflicto armado, el propio Congreso, en ejercicio de sus funciones y para poner en relieve su independencia frente al Ejecutivo, convertido en una de las partes, aprobara una Ley que reconociera la obligatoriedad de los acuerdos de San Andrés e impusiera al jefe del Poder Ejecutivo el deber de cumplirlos, tal y como el gobierno federal se había comprometido a hacerlo. La iniciativa de esa ley podría suscribirla cualquier legislador federal, grupo o fracción partidista o plural.

Por diversas razones, ningún miembro del Congreso o grupo de ellos, se atrevió a lanzar la iniciativa, y el Congreso sigue sin resolver nada. El conflicto sigue en pie, y los legisladores se encuentran amenazados con una iniciativa legislativa presidencial que al desconocer la validez y obligatoriedad de los acuerdos de San Andrés, volverá a encender el fuego bélico.

En virtud del inicio del nuevo periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión (16 de marzo), es tiempo de hacer un nuevo llamamiento a los legisladores para que, olvidándose de sus intereses partidistas o sus motivaciones fraccionalistas, regionalistas o ideológicas, hagan prevalecer la necesidad de dar ya solución al conflicto armado mediante una ley: a) que, siguiendo la línea que dice aceptar el jefe del Ejecutivo, declare la plena obligatoriedad de los acuerdos de San Andrés Larráinzar. b) ordene al jefe del Ejecutivo que inicie los procedimientos legales necesarios, no para debatir de nuevo sobre los temas ya decididos o para dialogar sobre ellos, sino para instrumentar a la brevedad, la ejecución de los acuerdos.

La situación involucrada es de tal manera grave y peligrosa, que sería conveniente establecer que la votación que se emita deberá ser pública para que cada legislador asuma la responsabilidad clara de su voto. La solución de Chiapas tiene hoy una inocultable perspectiva hacia el futuro de México entero y significación para el humanismo integral del futuro previsible. Esperemos que nuestros legisladores puedan compaginar su condición de mexicanos, con la de miembros de una comunidad humana que lucha por un mundo mejor.