¿Está negociando la cúpula panista su aval a la guerra del gobierno federal contra los pueblos indígenas de México?
1. El anuncio de que el PAN (10 de marzo) coincide con el PRI (11 de marzo) en la estrategia de fuerza del gobierno federal contra los pueblos indígenas, ha llamado la atención de muchos comentaristas, pues hace ver que los líderes del PAN están embarcándose en una nueva aventura de deshonor: sumándose a la decisión oficial de incumplir los acuerdos de San Andrés y de imponer de manera unilateral una reforma constitucional en materia de derechos y cultura indígenas.
2. La ``nueva estrategia'' oficial para enfrentar la insurgencia de los pueblos indígenas no sólo no los ha doblegado, sino que ha llevado al gobierno ``de Zedillo'' a su más bajo nivel de credibilidad, por lo que resulta sorprendente que ante sus demandas de apoyo los únicos que hayan mordido el cebo sean hasta ahora los líderes del PAN.
3. El objetivo actual de las acciones irracionales del gobierno resulta cada vez más evidente: quebrar el entramado institucional que se fue construyendo para el diálogo de paz por el impulso de la sociedad civil, y que el Congreso de la Unión consagró en la ley para el diálogo en 1995. El gobierno federal, y atrás de él la dirigencia del PAN, están intensificando la campaña para desacreditar a la Conai y sabotear a la Cocopa, y no ocultan ahora su pretensión de abrogar o modificar la propia ley para el diálogo (El Universal, 12 de marzo), lo que conduciría a terminar con la posibilidad de cualquier solución negociada al conflicto.
4. Nada de ello puede, sin embargo, sorprender, pues el gobierno actual no ha tenido la menor capacidad política: no quiso enfrentar las demandas de transición y de reforma del Estado, y ahora pretende engañar a los pueblos indios aprobando una reforma constitucional que no corresponde a los acuerdos de San Andrés ni al Convenio 169.
5. El grupo en el poder no puede esconder su talante autoritario ni ocultar su incapacidad para el diálogo. En 1995, los emisarios gubernamentales se negaron a dialogar en la mesa 2 de San Andrés, arguyendo que no podía haber un diálogo entre iguales ya que había que tener en cuenta ``la relación de fuerzas'' existente, y ahora los colaboradores ``de Zedillo'' están instalados en el monólogo y la propaganda.
6. Los tecnócratas neoliberales constituyen un caso insólito, pues gastan anualmente cifras multimillonarias en hacer su propia propaganda, sin entender cómo agravian con ello a los mexicanos.
7. ¿Cuánto están derrochando Labastida y compañía en sus reclamos publicitarios por televisión, pretendiendo mentirosamente que ``el gobierno está cumpliendo los acuerdos de San Andrés''?
8. No es de extrañar ahora que estas gentes no puedan enfrentar ya una situación que ellos mismos han ido deteriorando con su incapacidad política y su propia estrategia de violencia militar y paramilitar. Salinas, Córdoba y Zedillo, y los tres empleados que dan la cara por ellos -Orive, Labastida y Rabasa- no quieren ver ni escuchar al EZLN, y están así haciéndolo todo más difícil. Actúan como si los zapatistas no existieran, y dejan ver claro que quieren imponer de manera unilateral una aparente salida al conflicto, sin darse cuenta de que ésta no sería una solución sino que lo complicaría aún más: que no significaría la paz sino la guerra.
9. El documento del Consejo Nacional del PAN que sintetiza su posición (10 de marzo) es en este sentido un signo más de que la dirigencia azul está negociando con Córdoba y Zedillo el servirles una vez más de comparsa en el Congreso, pues se subordina a la lógica guerrerista del gobierno.
10. El PAN no ha tenido nunca una política hacia los pueblos indígenas, pero resultaría muy grave que desconociera su compromiso con la paz, y desde luego el hecho de que la iniciativa de la Cocopa fue redactada por dos panistas, uno de ellos su ex jefe nacional, el senador Luis H. Alvarez. Es una vergüenza que a más de medio siglo de su fundación el PAN no tenga en su programa una propuesta en materia de derechos indígenas, que en su plataforma electoral de 97 sólo haya incluido unos renglones mal redactados y que, como lo reconociera el presidente panista, Felipe Calderón, jamás hubiese examinado con seriedad el problema (XEQ, 9 de marzo). Pero el hecho de que Acción Nacional se subiese al carro gubernamental para sabotear una salida pacífica al conflicto constituiría más que una vergüenza: sería no nada más la confirmación de la subordinación del blanquiazul al salinismo (y al PRI), sino una grave responsabilidad histórica por apuntalar la guerra del gobierno contra los pueblos indígenas.