La presentación en el Senado de la República, por parte de legisladores panistas, de una iniciativa de su partido para modificaciones constitucionales sobre derechos indígenas, no ayudará a reactivar el proceso de pacificación en Chiapas ni se traducirá en un mejoramiento de la marginación política económica, social y cultural que afecta a los componentes indígenas del país. Por el contrario, este acto enturbia y agrega complicaciones adicionales a la de por sí difícil circunstancia chiapaneca y hace más incierto el establecimiento de un estatuto de dignidad y justicia para los pueblos indígenas.

Por principio de cuentas, con su acción el partido blanquiazul pretende introducirse como un bando adicional en una negociación que tenía dos protagonistas claramente establecidos: el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Como lo admitieron inequívocamente Santiago Creel y Germán Martínez Cázarez, la propuesta de modificaciones presentada ayer se apega a ``los principios y plataforma panista'', es decir, pretende imponer los intereses y alineamientos partidarios a las necesidades y conveniencias de los pueblos indígenas y de la sociedad en general.

Lo anterior resulta congruente con el hecho de que, por su ideología, por su historia, por la gran mayoría de sus bases sociales y por su práctica política, el PAN ha sido, desde su fundación, un instituto político alejado de las necesidades, los valores y las realidades indígenas. De hecho, antes de enero de 1994, Acción Nacional prácticamente ignoraba la lacerante situación de los pueblos indígenas del país y si bien pugnaba por procesos de ciudadanización individual -valiosos en la perspectiva de la democratización-, veía con animadversión ideológica el establecimiento o la vigencia de derechos colectivos o comunitarios.

Acaso como reflejo de estas tradicionales posturas y creencias partidarias, la iniciativa presentada ayer deja fuera muchos aspectos de los acuerdos de San Andrés Larráinzar y proyecta una percepción pobre y atrasada de la cuestión indígena: entre otras cosas, no define con claridad el sujeto de la ley, confunde comunidades con pueblos -no entendidos éstos como localidades o asentamientos sino como formaciones histórico-sociales-, soslaya la existencia de sistemas normativos indígenas, vuelve al concepto de ``usos y costumbres'', deja fuera el derecho a la libre determinación y restringe la aplicación de la autonomía al ámbito estrictamente municipal, a pesar de que expresiones como el lenguaje y la educación no siempre se constriñen al municipio.

Es significativo, también, que Acción Nacional pretenda ubicar la solución a los problemas indígenas en una esfera partidaria y legislativa en la cual los propios indígenas no están adecuadamente representados. Fue precisamente esta ausencia de representación una de las consideraciones fundamentales para llevar el asunto a las mesas de San Andrés Larráinzar, al margen de las doctrinas partidistas; ese foro no sólo significó el reconocimiento del EZLN como interlocutor indígena del gobierno, sino que se ratificó la necesidad de que la solución a la marginación política de los indios pasaba necesariamente por la formulación de un pacto entre los pueblos indígenas y el Estado.

La decisión blanquiazul de presentar una versión partidista de los acuerdos de San Andrés es, en tal medida, una negación del espíritu de esa negociación y un escollo de primera importancia para la concreción de los acuerdos ahí logrados.

En el ámbito político, la iniciativa panista constituye una vulneración de los procedimientos e instancias establecidos en la Ley para el Diálogo y la Pacificación promulgada hace tres años: ignora la existencia de la Conai como vía de comunicación e intermediación -y llega al extremo de formular la improcedente humorada de que el EZLN puede enterarse del texto de la iniciativa por medio de Internet- y desarticula a la Comisión de Concordia y Pacificación.

Lo más grave es que, con esta medida, Acción Nacional podría estar coronando la destrucción de los consensos nacionales que se alcanzaron en la ley pacificadora de 1995, en San Andrés Larráinzar y en la iniciativa de reformas legales elaborada por la Cocopa. Tal destrucción, debe recordarse, dio inicio con el rechazo del gobierno federal a ese último documento y ha venido expresándose, desde entonces, tanto en actitudes indolentes hacia el conflicto chiapaneco -actitudes que abrieron el margen de maniobra para los grupos paramilitares que asesinaron a 45 personas en Acteal en diciembre del año pasado- como, posteriormente, en provocadores hostigamientos e incursiones militares en las comunidades zapatistas y en el empecinamiento por acorralar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional y por marginarlo de las decisiones.

Es desde cualquier punto de vista lamentable que, en circunstancias en que el país requiere con urgencia de consensos, el gobierno federal y Acción Nacional se empeñen en destruir los que se lograron, con grandes esfuerzos, en San Andrés La- rráinzar y en el seno de la Cocopa.