Carrillo Olea ``no debió ignorar'' la corrupción en Morelos: CNDH

Francisco Guerrero Garro, corresponsal, y Triunfo Elizalde Ť En respuesta a la recomendación 25/98 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos envió antenoche a la presidencia del Congreso de Morelos para pedirle que convoque a una ``sesión extraordinaria'' para analizar la gravedad ``de la ola de secuestros, homicidios, tortura, abuso de autoridad y otros ilícitos cometidos o consentidos, que ocasionaron un ambiente de corrupción'' en esa entidad, ``lo que no debió ser ignorado por Carrillo Olea'', la Comisión de Coordinación y Control del Congreso estatal aceptó la propuesta y dijo estar satisfecha de la celeridad con que la CNDH atendió este asunto.

La recomendación se envió a la diputada priísta Rocío Carrillo Pérez, presidenta de la diputación permanente del Congreso del estado, pero la legisladora estaba ausente cuando la CNDH entregó el documento y éste lo recibió la Comisión de Concertación y Control Interno del Congreso del estado, presidida por Hugo Carbajal Aguilar.

La CNDH intervino para investigar las quejas de Francisco G. Reséndiz Rodríguez, Miguel Angel Ocampo y Francisco Quintanilla Bravo, víctimas de violaciones a sus garantías individuales, y dio por ciertos los hechos denunciados ``por la falta de disposición de la Procuraduría General de Justicia de Morelos para proporcionar íntegramente la información solicitada''.

Asimismo, investigó el caso de Jorge Nava Avilés, alias El Moles, muerto a manos de agentes de la Policía Judicial estatal. La Procuraduría General de la República atrajo este caso y consignó a los implicados.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos se negó a proporcionar el texto de la recomendación 25/98, en cuyas conclusiones informa que en Morelos ``algunos integrantes de los órganos de procuración de justicia generaron un ambiente de inseguridad pública en los gobernados, derivado de la ola de secuestros, homicidios, tortura, abuso de autoridad y otros ilícitos permitidos o consentidos por ellos, lo que ocasionó un ambiente de corrupción e impunidad en favor de los autores intelectuales y materiales''.

Enfatiza que la seguridad pública y la procuración de justicia son elementos fundamentales de la convivencia pacífica, por lo que ``el gobernador de Morelos, Jorge Carrillo Olea, debió aplicar toda su experiencia, capacidad y profesionalismo para atender el reclamo de sus gobernados (...) al no hacerlo así descuidó áreas básicas, máxime que tiene a su cargo el mando de las fuerzas de seguridad pública del estado por disposición de la ley de la materia''.

Para la CNDH, ``la omisión en el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales referidas ocasionó graves violaciones a los derechos humanos de diversos integrantes de la población local, cuestión de interés público que amerita que esa diputación permanente convoque a sesión extraordinaria al Congreso del estado de Morelos, para que sea ese órgano colegiado el que califique la gravedad de los actos u omisiones enunciadas y, en su caso, tome las medidas pertinentes para que se atienda con imparcialidad y eficiencia la regularización de la situación social y se restablezca la confianza ciudadana''.

Con base en lo anterior, la CNDH pide a la presidencia de la diputación permanente convocar a los miembros del Congreso a una sesión extraordinaria ``a fin de que, previo análisis del presente documento (la recomendación 25/98) y con los elementos adicionales de juicio con que se cuente o se llegaran a recabar, examine la gravedad de las acciones que procedan y que permitan que las investigaciones de los hechos se efectúen de manera pronta, expedita e imparcial, actuando en consecuencia''.

Asimismo, recomienda que en el caso de realizarse la sesión extraordinaria se incluya en el orden del día correspondiente ``la necesidad de exhortar, bajo un principio de colaboración de poderes, al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del estado de Morelos, a efecto de que estos órganos, en ejercicio de sus facultades, procedan a investigar las quejas que actualmente son del conocimiento de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de ese Congreso local, que pueden ser constitutivas de faltas o responsabilidades oficiales de magistrados, jueces y demás servidores públicos de la administración de justicia, y se detecten las posibles irregularidades de aquellos juicios en los que se involucren asuntos sobre secuestros, que deberán ser resueltos conforme a derecho''.

Luego de pedir al Congreso que requiera a la PGJE que ``investigue y en su momento resuelva la situación jurídica de los distintos casos contemplados en el presente documento'', recomienda ``valorar en el seno del Congreso local si la legislación actual en materia de seguridad pública, procuración, impartición y administración de justicia resulta adecuada y, en caso contrario, impulsar una serie de reformas legales en los rubros señalados''.

Hugo Carbajal, en nombre de la mayoría parlamentaria, integrada por los diputados de PAN, PRD y PCM, expresó el reconocimiento del Congreso del estado a la CNDH ``por atender con prontitud y eficacia, en estricto apego a la ley, las quejas presentadas por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso del estado, así como de otras organizaciones sociales, relacionadas con la inseguridad pública y la procuración e impartición de justicia en nuestra entidad''.

Los diputados morelenses, dijo Hugo Carbajal, ``asumimos la responsabilidad de iniciar los procedimientos legislativos conducentes a fin de dar cumplimiento cabal a las recomendaciones de la CNDH''.

Por su parte, el panista José Raúl Hernández Avila afirmó que desde el momento en que se conoció el contenido de la recomendación de la CNDH y que se pusieron en contacto los cuatro partidos políticos representados en el Congreso, ``con la excepción del PRI, que decidió no participar'', se inició el proceso para convocar al periodo extraordinario de sesiones, que podría empezar la próxima semana.

Tras enterarse de la recomendación, las organizaciones que demandan la renuncia del gobernador Carrillo Olea, aglutinadas en la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, confiaron en que el Congreso del estado haga su investigación y que el mandatario morelense se vea forzado a dejar su cargo y que los funcionarios acusados sean consignados, según dijo Gerardo Becerra de Hita, uno de los coordinadores de la CMMC.

Por su parte, los dirigentes estatales del PAN y del PRD, Adrián Rivera Pérez y Julián Vences Camacho, coincidieron en que las fracciones parlamentarias de sus partidos llevarán ``hasta sus últimas consecuencias'' la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que, según Vences Camacho, se erradiquen definitivamente la corrupción policiaca y la mala administración de justicia y, por fin, Carrillo Olea se vaya.

En tanto, el gobierno del estado no hizo comentarios sobre la recomendación, pero trascendió que analiza la recomendación de la CNDH y que mañana los abogados de la Secretaria General de Gobierno emitirán una primera opinión.