El 8 de marzo tuvo lugar en el estado de Morelos una consulta ciudadana organizada por la Coordinadora Ciudadana Morelense, que comprende un gran abanico plural de por lo menos 44 organizaciones cívicas, políticas, sociales, empresariales, populares, de trabajadores, etcétera. A pesar de las opiniones que por algunos medios se virtieron, sobre todo electrónicos, en el sentido de que tal plebiscito se vería en la práctica desairado, por la falta de información, organización y coordinación, el caso es que acudieron a 813 casillas que se distribuyeron por 33 municipios, 108 mil 267 ciudadanos y ciudadanas, que representan el 12.49 por ciento de la lista nominal de electores de Morelos.

He aquí, para la historia, la lista de las casillas: Amacuzac 15 casillas, Atlatlahuacan 4, Axochiapan 5, Ayala 35, Coatlán del Río 18, Cuautla 142, Cuernavaca 160, Emiliano Zapata 35, Huitzilac 8, Jantetelco 8, Jiutepec 60, Jojutla 38, Jonatepec 9, Mazatepec 15, Miacatlán 9, Ocuituco 13, Puente de Ixtla 12, Temixco 40, Temoac 4, Tepalcingo 20, Tepoztlán 20, Tetecala 9, Tetela del Volcán 6, Tlalnepantla 3, Taltizapan 19, Tlaquiltenango 10, Tlayacapan 10, Totolapan 4, Xochitepec 23, Yautepec 40, Yecapixtla 5, Zacatepec 11, y Zacualpan de Amilpas 3.

Es público y notorio que la jornada se desarrolló sin incidentes, a pesar de lo copioso de la votación y de la falta activa de respaldo de las autoridades.

El hecho es tanto más significativo y digno de encomio, cuanto que en su organización y realización participaron cientos de ciudadanos y ciudadanas, que ofrecieron gratuitamente su tiempo y recursos para elaborar boletas, acondicionar urnas, ubicar e instalar casillas, informar y orientar a la ciudadanía, llevar la lista de los votantes, realizar el conteo, hacer el cómputo general, publicar los resultados, etcétera.

Que sepamos, no se tiene memoria en el estado de Morelos, y quizás en los demás estados de la República, de un acontecimiento cívico de tanta importancia, llevado a cabo con tal éxito por la propia ciudadanía, en el ejercicio legítimo de sus más elementales derechos políticos, solamente equiparable a la consulta que en 1995 organizó sobre la paz Alianza Cívica; y ello a pesar de que anacrónicamente nuestra Constitución y nuestras leyes todavía ignoran figuras indispensables de democracia directa, como precisamente la consulta ciudadana, el plebiscito, el referendo, la iniciativa popular y la revocación del mandato. La ejemplar conducta de los morelenses viene a confirmar, como se ha repetido desde hace años, que en el país no basta la democracia electoral, por más que ésta tenga que seguir llevándose a cabo con confiabilidad y transparencia, sino que es también necesaria la democracia participativa, que permita a la ciudadanía tomar parte en las decisiones que le afectan, y refrendar con su voto la legitimidad de sus autoridades.

Tomando en cuenta experiencias de este tipo en el país y sobre todo en el extranjero, el escrutinio morelense preguntaba en forma cerrada, y por demás precisa y concreta, si se estaba o no de acuerdo con la permanencia del gobernador en su cargo. El 89.45 por ciento del total de los encuestados, es decir, 96 mil 849, opinó que debe ser relevado; en tanto que sólo el 5.61 por ciento, es decir 6 mil 72 ciudadanos y ciudadanas, opinaron que puede permanecer en su oficio. Sea lo que fuere de la representatividad de estos datos, ellos muestran la falta de respaldo popular que tienen las actuales autoridades. La escandalosa ineficiencia y corrupción de los aparatos de procuración e impartición de justicia, así como la renuencia de la autoridad a poner a tiempo remedio, como se manifestó el pasado 17 de febrero en la ejemplar Manifestación del Silencio, en la que participaron cerca de 10 mil personas, parecen ser las causas de tan rotundo resultado. No obstante que éste no tiene fuerza legal, se entregó formalmente el pasado martes a los representantes de la Legislatura del estado. Toca a ellos valorar y apreciar con responsabilidad los hechos, darles cauce legal, y orientar en esta crisis de gobernabilidad a la ciudadanía, buscando con firmeza la satisfacción de sus reclamos legítimos y la paz en la entidad.

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