14 AÑOS Y 8 MESES PARA EL GENERAL GALLARDO

Jesús Aranda Ť Sereno, el general José Francisco Gallardo Rodríguez escuchó la sentencia del consejo de guerra, que le aplicó la condena máxima por los delitos de malversación y destrucción de archivo, con una pena acumulada de 14 años y 8 meses de prisión, una ``amonestación'' para que no reincida e inhabilitación por diez años en el Ejército y la Fuerza Aérea, y retención de sus ``servicios y enganches''. Sin embargo, la sentencia condenatoria no implica que será degradado sino la pérdida del empleo como general brigadier.

Después de que los cinco miembros del consejo de guerra respondieron durante cinco horas las 24 preguntas que les hizo el juez, general Nelson Alejandro Ramírez Velázquez, respecto de la inocencia o culpabilidad de Gallardo Rodríguez, se dio lectura a la sentencia ``en calidad de autor intelectual y voluntario'' de los delitos de malversación y destrucción de lo perteneciente al Ejército.

Gallardo está en posibilidad de obtener la libertad preparatoria, pero sólo podrá solicitarla hasta que se defina su situación jurídica por la acusación de enriquecimiento ilícito -el militar solicitó el amparo de la justicia federal ante el cuarto tribunal colegiado, y en caso de proceder se declararía su inocencia; de lo contrario se le iniciaría un nuevo consejo de guerra por ese presunto ilícito-. En tanto continúen los procesos en su contra, Gallardo seguirá percibiendo un sueldo de aproximadamente mil pesos.

Veinte preguntas, fuera de la litis, afirmó el abogado

El vicealmirante Porfirio Maximiliano Torres Hernández (presidente), el general José Vicente Arau Cámara, el vicealmirante Eduardo Valente Gordillo Flores, el general Rolando Eugenio Hidalgo Eddyy y el general Magdaleno Cortés Colmenares -los cinco integrantes del consejo de guerra-, cumplieron el juramento rendido al inicio de la sesión, el cual les fue leído solemnemente por el juez de la causa:

``Aquí está la conservación de la disciplina, el prestigio y el honor de las fuerzas armadas. Actúen con la verdad sin tomar en cuenta la suerte que pueda correr el procesado'', dijo.

Después de la lectura pública de las preguntas, Francisco Garzo -abogado defensor de Gallardo Rodríguez- objetó los 24 cuestionamientos y aseguró que ``por lo menos'' 20 de las preguntas estaban ``fuera de la litis'', es decir, no tenían relación con las acusaciones contra el general.

Pasadas cinco horas de deliberación a puerta cerrada, el consejo de guerra reanudó la sesión. El pequeño recinto -para 72 personas- fue abarrotado por los representantes de los medios de comunicación, ya que la incertidumbre sobre la suerte del militar había sido objeto de controvertidas deliberaciones la víspera.

Por fin entraron los consejeros, todos se mostraban tranquilos e incluso se dieron tiempo para intercambiar algunos comentarios en espera de que arribaran el presidente del consejo y el juez de la causa. Había llegado la hora de tomar en cuenta testimonios, peritajes y documentales de cargo y descargo recogidos durante los 19 días que duró el consejo.

El juez ordenó a la escolta militar presentar armas, los presentes se pusieron de pie y de pronto cesaron el ruido y los comentarios de los asistentes.

Válidos, los argumentos de la fiscalía militar

Por su parte, el general José Francisco Gallardo Rodríguez se mostraba sereno, firme frente al jurado que momentos después habría de condenarlo.

Comenzó la lectura de la sentencia y se confirmó que el consejo de guerra había considerado válidos los argumentos de la fiscalía militar -que acusó a Gallardo de actuar con dolo- para imponer la pena máxima.

De entrada, el juez Ramírez Velázquez dijo que al conocer la causa 317/98 el consejo había determinado -nunca precisó si por unanimidad o mayoría- los siguientes puntos:

Se sentenció al general Gallardo en su calidad de autor ``material y voluntario'' del delito de malversación, razón por la que se le condenó a 12 años de prisión ordinaria, con destitución de empleo e inhabilitación por diez años para volver a servir en el Ejército y la Fuerza Aérea.

De acuerdo con el Código de Justicia Militar, la pena tiene calidad de retención con derecho a obtener la libertad preparatoria, ``dejándose a salvo los derechos de la Secretaría de la Defensa Nacional por cuanto al daño patrimonial afectado''.

El segundo punto resolutivo precisa que el general Gallardo fue encontrado culpable y penalmente responsable en su calidad de ``autor material y voluntario'' del delito de destrucción de lo perteneciente al Ejército en su modalidad de archivos, razón por la que se le impuso pena privativa de la libertad de ocho años.

Además, se le ``interrumpe'' su derecho de ``servicios y enganche'', es decir, que no puede contratar o ser contratado por el Ejército durante los diez años referidos, y también aquí se estableció el derecho a la libertad preparatoria.

El punto tercero de la resolución señala que debido a la ``figura de acumulación de la pena'', y para los efectos del cumplimiento de la ``temporalidad'', se le decretó aumentar en una tercera parte el tiempo de su duración por lo que respecta al ilícito de destrucción de lo perteneciente al Ejército. Es decir, a la sentencia de 12 años por malversación se sumaron dos años cuatro meses (dos terceras partes de la pena máxima) por lo relacionado con los archivos. Esto por cuestiones de procedimiento, no porque el juez haya reducido la pena.

Además, el juez ordenó ``amonestar'' al inculpado para que ``no reincida'' y dio a conocer que la pena privativa de la libertad del general empieza a contar a partir del 9 de noviembre de 1993, fecha en que fue encarcelado. Asimismo, dijo que la compurgación de la pena podrá ser en el Distrito Federal o ``donde tenga a bien decretarlo la Secretaría de la Defensa Nacional''.

La defensa del militar apeló la sentencia y tiene un plazo de cinco días para interponer el recurso correspondiente ante el Supremo Tribunal Militar; en caso de resultar desfavorecido, podrá apelar inocencia ante la justicia federal.

Para solicitar la libertad previa -en caso de darse esta posibilidad-, Gallardo Rodríguez tendría que pedirlo al Supremo Tribunal Militar, el cual tomaría en cuenta el punto de vista del director de la prisión para establecer si su conducta amerita concederle la liberación.

En tanto que para solicitar la conmutación y reducción de la pena, el general Gallardo tendría que dirigir su petición al Presidente de la República, quien a su vez deberá tomar en cuenta el punto de vista del Supremo Tribunal Militar.

Jesús Aranda Ť ``Continuaremos adelante, no hay que doblarse, acudiremos a otras instancias para demostrar que soy inocente'', le dijo el general Gallardo a sus hijos después de escuchar la sentencia del consejo de guerra que lo condenó a 14 años y ocho meses de prisión.

Minutos después, Gallardo recibió a su hijo mayor, Francisco, y a su abogado Félix Francisco Garza, en los locutorios de la prisión militar. Dejó colgado en su celda el reluciente traje de general brigadier que portó durante los 19 días del proceso y nuevamente vistió el uniforme reglamentario de los presos y su gorra Nike.

El general brigadier de 51 años de edad, cuya degradación e inhabilitación por diez años surtirá efecto hasta que la causa sea resuelta en definitiva -seguramente por la justicia federal-, llevaba consigo un termo con café y vasos.

Se sentó en los locutorios y con la misma serenidad con que enfrentó el fallo dijo: ``Yo los conozco perfectamente (a los militares), sabía que venía esa resolución, sin embargo, por ustedes (sus hijos y esposa) les otorgué el beneficio de la duda, pero ahí están los hechos, resultó lo que tenía previsto''.

Aunque molesto por el fallo, les dijo que debían seguir adelante y que aun cuando se apelará la sentencia ante el Supremo Tribunal Militar, sabe que el dictamen será condenatorio. Por eso, indicó entre sorbos de café, acudiremos ante la justicia de la Unión porque tengo confianza en que ahí se valoren las pruebas y contradicciones de los testigos, porque ahí sí hay independencia de criterio y (los jueces) no dependen del secretario de la Defensa Nacional.

El general brigadier fue irónico en algunos momentos, como cuando les comentó: ``me hubieran echado de una vez 40 años''. Y en tono serio también les dijo que todos lo militares internos en la prisión del Campo Militar No. 1 habían sido sentenciados por el consejo de guerra en las mismas condiciones que él, y todos han recibido las máximas penas por los delitos que les imputan.

Incluso, aseguró a familiares y abogado que la sentencia en su contra ya estaba dictada por el ``alto mando'' desde días atrás, y que el consejo de guerra ``fue pura pantomima'' y el hecho de haberlo abierto a los medios de comunicación fue porque el ministerio público creyó tener todo para lincharlo, pero ``se les reviró''.

Después de visitar a su padre, su hijo Francisco Gallardo señaló que el general estaba sereno, seguro y transforma su molestia ``en optimismo para salir adelante''.

Proceso transparente y apegado a derecho, afirma el procurador

Por su parte, el procurador militar, general Rafael Macedo de la Concha, dijo en breve entrevista que las resoluciones adoptadas por el consejo de guerra están de acuerdo con el marco legal que establece la normatividad castrense: ``Debemos atenernos a ella, en el marco de la transparencia plena, dentro de lo que fue el juicio ante el consejo de guerra''.

Afirmó que el fallo lo dio un tribunal ``autónomo, independiente, soberano'', que atendió la petición de la fiscalía de imponer la pena máxima por la comisión de los delitos de malversación y destrucción de lo perteneciente al Ejército en su modalidad de destrucción de archivos.

Fue condenado por consigna, afirman hijo y abogado

Por su parte, el defensor de Gallardo, Francisco Garza, y Francisco Gallardo, hijo del militar, señalaron que la sentencia del consejo de guerra demostró la falta de independencia y autonomía de criterio de sus miembros, además de que respondió a una consigna evidente, porque fueron ignoradas ``todas las pruebas de descargo, peritajes y contradicciones de testigos''.

Garza explicó que no era el momento de solicitar la preliberación de su defendido, porque está pendiente la resolución del juicio de amparo que interpusieron contra el auto de formal prisión por el delito de ``enriquecimiento ilícito'', que resolverá próximamente un tribunal colegiado.

Anticipó que una vez que el Supremo Tribunal resuelva la apelación de la sentencia, invocarán a la justicia federal para que se haga justicia al general Gallardo.

Afirmó que la sentencia se dictó sin observar, sin acatar, sin examinar las pruebas de carácter testimonial y pericial que se desahogaron durante la instrucción. Se desoyeron, agregó, todas y cada una de las exculpaciones que presentó la defensa, además de que no se atendieron las evidentes contradicciones en que incurrieron los testigos ni se revisaron los exámenes periciales exculpatorios.

``Parece ser que la temática (del consejo y de la justicia castrense) es contraria al principio universal de derecho, que nos indica que una persona es inocente en cuanto no se compruebe lo contrario''

A su vez, Francisco Gallardo declaró que la condena de su padre obedeció a la consigna particular del ex secretario de la Defensa, Antonio Riviello Bazán, y del actual secretario, Enrique Cervantes Aguirre. Además, sostuvo, la sentencia ratifica lo expuesto en su momento por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que denunció la campaña de persecución, acoso y hostigamiento contra su padre.

``Nosotros demandamos justicia, estuvimos aquí 20 días, fueron evidentes las contradicciones de los testigos que se utilizaron en su contra, se aportaron las pruebas suficientes para demostrar que él es inocente y a pesar de todo los integrantes del consejo no lo valoraron y respondieron a esta consigna'', indicó.

En la última de varias entrevistas que concedió durante el día, Francisco Gallardo señaló que a su padre ``lo tienen presionado, lo hostigan, lo humillan, está segregado y aislado''.

Sin embargo, el general Francisco Gallardo se mostró firme y sereno cuando escuchó la condena, cuando abrazó a sus hijos Francisco, Marco Vinicio y Alejandro, así como a su abogado al terminar la audiencia. Y también en el momento en que salió del auditorio del consejo de guerra y respondió, ante una apresurada pregunta, que se sentía ``muy bien'', y cuando en el locutorio señaló que seguirá luchando hasta demostrar su plena inocencia.