El domingo pasado, más de cien mil morelenses -equivalentes a 12.49 por ciento de los electores registrados en el estado- participaron en una consulta popular que, más allá de sus alcances legales y políticos, representa un legítimo ejercicio democrático y de libre expresión de la ciudadanía que no debe ser menospreciado ni pasado por alto.

En esa consulta, 98 mil 849 ciudadanos se manifestaron por la renuncia de Jorge Carrillo Olea a la gubernatura del estado, mientras que sólo 6 mil 72 avalaron su permanencia en el cargo. Si bien debe señalarse que esta consulta ciudadana no tiene carácter oficial, es indudable que sus resultados representan un claro voto de censura en contra del gobernador morelense y un indicador contundente de la indignación social que prevalece entre la población de Morelos, ante los casos de presunta colusión de funcionarios judiciales estatales con las bandas criminales de secuestradores que han asolado en los últimos años esa entidad.

Es evidente que la probable complicidad de elementos del aparato de justicia estatal con la delincuencia organizada y la realización de prácticas de tortura y asesinatos por parte de agentes judiciales no son hechos aislados: por el contrario, altos funcionarios del estado -entre ellos el propio procurador, Carlos Peredo Merlo, y el director de la Policía Judicial, Jesús Miyazawa Alvarez, ambos sujetos a proceso- se encuentran presuntamente involucrados en esos delitos, circunstancia que ha motivado una legítima y comprensible irritación social, máxime si se tiene en cuenta la situación de desasosiego y continuo temor por la ola de secuestros que ha golpeado duramente a la sociedad morelense.

Ante esos hechos, múltiples actores sociales y políticos del estado han señalado que Carrillo Olea debe asumir su responsabilidad -así sea por negligencia-, pues resulta inaceptable que el Ejecutivo estatal no estuviera al tanto de la vinculación de sus subordinados con el crimen organizado. El propio Congreso local -en voz de los legisladores de PAN, PRD y PCM- le ha pedido que considere su renuncia, y el resultado de la consulta pública del domingo pasado no ha hecho sino confirmar el rechazo de la sociedad a la gestión del mandatario y la crisis de autoridad y legitimidad por la que atraviesa el gobierno de Morelos.

Es indudable que para restablecer el estado de derecho en Morelos y emprender una lucha frontal contra la delincuencia se requiere una restructuración a fondo de todas las instancias de procuración de justicia de la entidad, la erradicación de toda práctica de corrupción y la supresión inmediata de todo nexo que personas o instancias del poder público pudiesen mantener con grupos del crimen organizado. De igual forma, para permitir la recomposición social y restaurar el clima de seguridad indispensable para una convivencia social armónica, el gobierno del estado debe recoger y atender las legítimas demandas de la ciudadanía. Sólo así será posible restablecer la vigencia de la ley en Morelos y recuperar la credibilidad de las instituciones y de las autoridades morelenses ante la sociedad que los eligió y a la que se deben.