La sobrepoblación llega a ciento por ciento; 12 personas ingresan cada día

Raúl Llanos y Juan Antonio Zúñiga Ť El narcotráfico se ha posesionado de los reclusorios capitalinos con su poder, con su economía, con su actitud de crimen organizado, reconoció ayer el director general de Reclusorios y Centros de Readaptación Social del Distrito Federal, Carlos Tornero Díaz, quien sostuvo que la situación es tal que ``si por la mañana se intenta limpiar de toda droga esos lugares de reclusión, para la noche estarían incendiados''.

Al comparecer ante los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el funcionario precisó que 56 por ciento de los reos son adictos a algún tipo de estupefacientes y a ellos son los que manejan a su antojo los narcotraficantes: ``van y vienen para donde esos señores quieren que vayan y vengan; suben o bajan el precio de la droga o hacen difícil la oferta y la demanda''.

Claro en su diagnóstico sobre la situación que encontró en los penales de la ciudad, Tornero manifestó que hay también crimen organizado, integrado no sólo por narcotraficantes, sino también por secuestradores, asaltacamiones, contrabandistas, asaltabancos y violadores, quienes conforman ``grupos de gran poder económico y con mucha capacidad de destrucción''.

Ante esta situación, hizo un llamado a la Secretaría de Gobernación para que separe a los presos que purgan penas del fuero federal de los del fuero común, así como definir los mecanismos y espacios para alojar en puntos diferentes a los reos sentenciados y a los procesados, ya que eso genera una fuerte contaminación de internos.

Millones de dólares por privilegios

Destacó que en los 80 días que lleva en su cargo ha buscado solucionar los principales problemas que aquejan a las cárceles, entre ellos el de los privilegios, situación que se ha abatido en 80 por ciento, pues había sido fomentado por autoridades anteriores.

``Con eso, cuando menos los reclusorios han dejado de producir muchos millones de dólares y era lo que se pagaba por los privilegios, por rentas --porque la familia vivía ahí hasta por 15 días--, por el chofer, el sirviente, el secretario; tenían bar, jacuzi, gimnasio, lugar para la esposa, para la otra esposa, y todo eso costaba muchísimo''.

El funcionario subrayó que ahora nadie recibe ese dinero y puntualizó que ``uno de los internos, de los mas importantes en este tráfico de influencias de poder y de droga en los reclusorios'', le planteó llegar a un acuerdo para continuar con los mismos privilegios, lo cual rechazó. Añadió que continuará adelante con esta política, aun cuando sabe que eso implicará riesgos.

Tornero Díaz indicó que frente a esa problemática ha presentado ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) 22 casos por introducción de drogas o alcohol, mientras que a la PGR se le notificaron 37 denuncias, más los informes entregados por irregularidades diversas ante la Contraloría Interna a nivel reclusorios.

De hecho, indicó que ``desgraciadamente, la corrupción nace más que nadie de los empleados; es el foco en donde se crea, se disemina, se cultiva y se continúa''.

Olvido de 20 años

Al inicio de su presentación ante los diputados locales, el titular de la DGR presentó un diagnóstico y dijo que había un deterioro significativo por la falta de mantenimiento de la estructura, el mobiliario y el parque vehicular desde hace más de 20 años, mientras que los motines y los cateos ayudaron a la destrucción de instalaciones que nunca se han rehabilitado.

Argumentó que hay mucha sobrepoblación, pues existe capacidad instalada para 7 mil 599 internos y a la fecha suman ya 14 mil 157; a pesar de las ampliaciones y proyectos de expansión existirá esta problemática, porque prácticamente ingresan a diario 12 reos.

Señaló que en el caso de la Penitenciaría del Santa Martha Acatitla, a pesar de la característica de los reos que ahí se albergan, las áreas son poco seguras, susceptibles de fugas, con bardas demasiado bajas y escasez de concertinas (alambrado de seguridad), mientras que la población elabora armas e instrumentos peligrosos.

Respecto al personal de seguridad y custodia, indicó que 67 tenían antecedentes penales y 146 presentaban dependencia a sustancias tóxicas. Dijo que a pesar de que 56 por ciento de los internos son adictos, sólo 10 por ciento es atendido por los programas de farmacodependencia, mientras que en los servicios de salud ``existen evidencias de tráfico de psicotrópicos.''