Los cambios introducidos al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal dejaron sin bases a la Ley de Participación Ciudadana, heredada de tiempos de la hegemonía priísta en el Ejecutivo y el Legislativo capitalinos, que no constituyó un marco legal adecuado para la promoción y garantía de la participación democrática amplia de los ciudadanos.

Ahora, la nueva mayoría en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal impulsa el debate público para estructurar una nueva legislación; éste puede ser precisamente un ejercicio fundador de la participación democrática que se busca promover y reglamentar.

En México, en las relaciones al interior del Estado, entre éste y la sociedad, así como entre la base social, existen cuatro prácticas institucionalizadas, íntimamente entrelazadas, hechas ``cultura'', que se oponen como barreras a la participación ciudadana democrática, cuya erradicación debe ser a la vez objetivo y condición de la ley y la práctica social: corporativismo, clientelismo, patrimonialismo y corrupción.

El corporativismo, parte estructurante del régimen político de partido de Estado vigente, niega la libertad política de los individuos, encadenados estatutaria o prácticamente a un partido por su corporación (sindicatos de trabajadores, organizaciones territoriales o sectoriales, gremios profesionales y empresariales, etcétera); sus integrantes, amenazados por la exclusión, son objeto de un control político, laboral y social autoritario.

El patrimonialismo toma los bienes públicos como propiedad privada del gobierno o administrador, cuyo manejo es secreto y no está sujeto a vigilancia por ninguna instancia ciudadana. La discrecionalidad de los funcionarios en el manejo de los bienes públicos e institucionales, que es correlativa, ha permitido en los diversos niveles del Estado y sus instituciones, poner el patrimonio público al servicio de intereses particulares o de partido, reproductores del poder político y económico, generadores de desigualdad y, por tanto, de exclusión económica, política y cultural, que niega la participación democrática. El clientelismo, montado sobre la contraprestación recíproca entre dominantes y dominados, de gestorías, favores, obediencias y lealtades, cierra la pinza autoritaria, que niega la participación libre de los actores sociales.

La corrupción, que domina las relaciones al interior del Estado y las instituciones públicas y privadas, que rige la relación entre Estado y sociedad civil, que es habitual en la cotidianidad de los ciudadanos y parte ``normal'' de la vida social, es un ``impuesto informal'' e ilegal cobrado a toda la sociedad. Se trata de una forma de explotación, de enriquecimiento ilícito y ampliación de las desigualdades; un pesado lastre para la eficiencia de las instituciones públicas y privadas; un elemento constitutivo de la violencia que hoy penetra por todos los poros de la ciudad; y un atentado a la libertad de los sujetos.

Una ``cultura'' política y social construida sobre estos cuatro pilares no promueve ni acepta la participación democrática, activa, decisoria de la comunidad local y/o nacional. Pero por ser ``cultura'', no es posible erradicarla con un simple cambio de gobierno o una legislación correctiva; eliminarla formaría parte de la movilización social de largo aliento que se busca impulsar con una legislación promocional y garante de derechos y obligaciones. El debate para la construcción de la ley podría ser el punto de partida de una inaplazable cruzada social contra esta insoportable ``cultura''.

En el Distrito Federal, las cuentas presupuestales oscuras, la desaparición de bienes patrimoniales, el aviadurismo, el espionaje a funcionarios de la actual administración, el agresivo hostigamiento de las organizaciones corporativas al gobierno capitalino, en ocasiones ilegal, la parcialidad y unilateralidad de la mayoría de los medios de comunicación, la venalidad de los aparatos policiales y judiciales, la penetración profunda del narcotráfico en las estructuras del poder político y económico, son muestras de esta tela de araña estructural, sin cuyo desmantelamiento no habrá ningún proyecto de nación viable ni sustentable, ni siquiera el neoliberal.