Soy inocente; sólo cumplí órdenes de Arévalo Gardoqui: el general Gallardo

Jesús Aranda Ť Después de más de cuatro años de que inició el proceso penal en su contra y en vísperas de que el consejo de guerra emita su fallo, el general José Francisco Gallardo Rodríguez alzó la voz y aseguró: ``soy inocente de los cargos que se me imputan, nunca robé nada, nunca vendí nada ni enajené nada de la Villa Ecuestre'', y cuestionó por qué después de cinco años de haber demostrado ante las propias instancias militares su no culpabilidad, se le procese ahora por los mismos delitos.

Durante una intervención en la que por primera y única vez habló directamente ante los cinco miembros del consejo de guerra, Gallardo Rodríguez precisó que nunca tuvo autonomía ni poder de decisión en la Villa Ecuestre -ni siquiera para ordenar arrestos- y que todos los actos que ahí se realizaron fueron ordenados por el ex secretario de la Defensa Nacional, Juan Arévalo Gardoqui, y por el Estado Mayor de la propia Sedena. Aseguró que en su momento, Arévalo tenía cien caballos en la Villa Ecuestre, razón por la que ``supongo que no quería que quedaran ahí documentos''.

Al hacer uso de su derecho para defenderse, Gallardo explicó en forma pormenorizada sus funciones en la Villa Ecuestre y dijo que él cumplía exclusivamente órdenes de Arévalo Gardoqui, además de que éste era quien controlaba las pensiones de los 280 caballos adscritos a la villa.

Explicó que la secretaría particular de Arévalo Gardoqui era la que manejaba los documentos originales contables y negó haber destruido archivos. Asimismo, detalló que en 1989 la propia Sedena lo exculpó de los cargos por los que ahora le acusan. ``Yo solamente cumplía órdenes'', dijo una y otra vez.

Durante la exposición de Gallardo, que duró aproximadamente 20 minutos y la cual apoyó con una serie de cuadros sinópticos escritos en cartulinas, fueron evidentes la mirada de desdén que le dirigía el tercer vocal del consejo de guerra, Rolando Eugenio Hidalgo Eddy, y los gestos de incredulidad del cuarto vocal, Magdaleno Cortés Colmenares, que contrastaban con el interés mostrado por el presidente del consejo, Porfirio Maximiliano Torres, y los vocales Eduardo Valente Gordillo Flores y José Vicente Arau Cámara.

El general Gallardo fue el último en participar en la audiencia de ayer, luego de una controvertida sesión en la que fueron constantes las imprecaciones, indirectas y acusaciones de falta de conocimiento en materia jurídica entre el fiscal militar, Gerardo Salazar Bolaños, y el abogado del general, Félix Francisco Garza.

Los ánimos subieron de tono al grado que Salazar Bolaños afirmó que Gallardo había sido mal defendido por su abogado y recordó que esto incluso podría acarrearle problemas legales a Garza, a quien criticó por no presentar testigos de descargo, haber aplicado tácticas dilatorias para que se consumara el proceso y no presentar pruebas en favor de su cliente.

El fiscal solicitó al consejo que se aplicara la ``pena máxima'' contra el procesado, por haber actuado ``dolosamente'' en los delitos que se le imputan.

Garza respondió en términos duros. Dijo que la fiscalía no fue capaz de demostrar documentalmente que Gallardo infligió daño patrimonial alguno al Ejército; que no había pruebas de que el general tuviera a su cargo el material y equipo por el que se le acusa de malversación y que ante los elementos presentados por la fiscalía era ``imposible'' sostener conclusiones acusatorias, por lo que ``de plano'', al faltar la fundamentación y motivación que exige la ley, solicitaba al consejo que se declarara la inocencia de su cliente por los delitos que le imputan y se ordenara su libertad inmediata.

Dijo que el cuarto tribunal colegiado había fijado la litis del asunto, y que el proceso se limitó a revisar los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1988 y la fiscalía no fue capaz de demostrar que ``mi defendido haya vendido forraje, destruido archivos o hecho mal uso de vestuario y equipo en esos meses que precisa la causa''.

Al término de la audiencia los hijos del general Gallardo, Francisco y Alejandro, negaron que su padre haya solicitado perdón alguno y comentaron que, por el contrario, en diciembre de 1995 hubo acercamiento de cinco generales enviados por el secretario Enrique Cervantes Aguire para ``convencerlo'' de que aceptara su culpabilidad ``en algún cargo'' y en cuatro horas estaría libre. La respuesta de mi padre, aseguraron, fue no negociar su libertad.

Este miércoles el juez de la causa, general Nelson Alejandro Ramírez Velázquez, presentará un cuestionario a los integrantes del consejo de guerra, quienes deliberarán en sesión privada para dar a conocer su fallo de culpabilidad o inocencia.

De resultar culpable, el juez establecería la pena y la defensa apelaría el fallo ante el Supremo Tribunal Militar.