La comisión, único mecanismo que puede coadyuvar a la negociación: Payán

José Gil Olmos y Mireya Cuéllar Ť La dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) designó a un grupo de legisladores expertos en derecho, para trabajar de manera conjunta con la Secretaría de Gobernación una propuesta de reformas constitucionales en materia de derechos indígenas a presentarse el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, la cual estaría basada en los acuerdos de San Andrés y no en la iniciativa elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa).

Por otra parte, el líder de la bancada priísta en la Cámara de Diputados, Arturo Núñez, previó la posibilidad de retirar a los integrantes de su partido en la Cocopa, si no se reanuda el diálogo suspendido por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), dijo.

Núñez Jiménez, el presidente nacional del PRI, Mariano Palacios; el líder priísta en el Senado, Genovevo Figueroa, y una decena de legisladores se reunieron ayer con el secretario de Gobernación, Francisco Labastida Ochoa, y el coordinador para el diálogo en Chiapas, Emilio Rabasa Gamboa, con la intención de avanzar en la iniciativa que en breve habrían de presentar en el Congreso de la Unión.

Palacios Alcocer mencionó que el grupo de legisladores que trabajarían con Gobernación estaría integrado por el diputado José Luis Lamadrid y los senadores Salvador Rocha, Trinidad Lanz Cárdenas y Eduardo Andrade.

En tanto, sobre la Cocopa señaló que confían en su ``validez como una instancia de intermediación'' --legalmente sólo es de coadyuvancia-- pero que el PRI estará atento a una ``solución activa'' al conflicto chiapaneco. Esto es, elaborar un proyecto de ley de derechos indígenas.

Por su parte, el también priísta y ex miembro de la Cocopa, Jaime Martínez Veloz, insistió en calificar como un ``planteamiento desafortunado'' la intención gubernamental de enviar su propia iniciativa.

Llamado a una reunión con el subsecretario Jorge Alcocer, Martínez Veloz señaló en entrevista que además del problema jurídico, la situación en Chiapas atraviesa por un conflicto político que es recuperar la confianza.

Dijo que el PRI debe ser congruente con los reclamos indígenas y que sería lamentable que siguieran ``a pie juntillas los dictados del secretario de Gobernación''. Por eso propuso que en vez de enviar una iniciativa de ley, el tricolor mande una ``iniciativa política''.

A su vez --en la Cámara de Diputados--, el coordinador de la fracción priísta Arturo Núñez adelantó la posibilidad de que los legisladores de su partido abandonen la Cocopa, toda vez que se encuentra interrumpido el diálogo ``de manera unilateral por el EZLN'', por lo que el supuesto básico de la Ley para el Diálogo y la Reconciliación en Chiapas no se cumple. ``Entonces, en función de qué ocurra con la negociación es que todos debemos analizar lo que habría que hacerse con la Cocopa, porque la hipótesis de la ley que la sustenta es de que todas la acciones punitivas en contra del grupo que cometió ilícitos en los primeros diez días de enero de 94, está en suspenso a condición de que se haya iniciado y se mantenga el diálogo; toda la estructura de la ley depende de la continuidad y evidentemente ésta no se está dando''.

En este sentido, Núñez Jiménez dijo que el PRI está evaluando la conveniencia de que sus legisladores permanezcan dentro de la Cocopa, pero aún no se ha tomado una decisión sobre el particular.

``Por lo pronto, y mientras la Cocopa exista, nuestra posición es la de apoyarla para que desarrolle de mejor manera sus tareas legislativas'', concluyó.

Elizabeth Velasco Contreras Ť En reunión privada, legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) se manifestaron por dar reconocimiento a la autonomía indígena en los mismos términos legales con que se otorga a las universidades, estados, municipios y sociedades cooperativas del país.

Convocados por el Consejo Político Nacional (CPN) y la Secretaría de Asuntos Indígenas del partido tricolor, los legisladores apoyaron un punto de acuerdo para que el Ejecutivo federal envíe lo antes posible su proyecto de iniciativa de Ley en Materia de Derechos y Cultura Indígenas a la Cámara de Diputados, para que allí se ``diriman'' las diferencias entre los representantes de todas las fuerzas políticas del país.

Concluida la reunión, efectuada anoche en la sede nacional priísta, el secretario de Asuntos Indígenas del Revolucionario Institucional, Enrique Ku Herrera, manifestó que el debate en la Cámara de Diputados favorecería la concreción de acuerdos entre los partidos políticos.

Incluso, comentó, con el Partido Acción Nacional (PAN) ``no hay desavenencias, por el contrario, su visión es complementaria a la del PRI''.

Al preguntarle sobre si la bancada del tricolor buscaría sacar adelante la iniciativa de ley indígena con el aval de Acción Nacional, señaló que el propósito es lograr una reforma constitucional que cuente con el más amplio consenso de los partidos políticos.

Pero lo que no podemos permitir, agregó, es que la falta de respuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) sea ``el freno al análisis, debate y concreción de las leyes''.

A pregunta expresa, precisó que su partido reconocerá ``plenamente'' el derecho a la autonomía y autodeterminación de los pueblos indios, siempre y cuando sea de carácter ``administrativo''. En esos términos, no implica ``ni separatismo ni cuestionamiento ni riesgo alguno para la soberanía de la nación mexicana''.

La autonomía, el tema de mayor controversia y desacuerdo entre el gobierno y el EZLN, insistió Ku Herrera, debe otorgarse sin más ``límite que la integridad de la nación mexicana y la unidad de todos los mexicanos''.

El político adelantó que el próximo jueves o viernes, nuevamente se reunirán los legisladores priístas para discutir la propuesta de ley indígena que presentaría el PRI a la Cámara de Diputados, en caso de no llegarse a un consenso con los partidos de oposición.

En su propuesta, dijo, pedirían también el compromiso del Ejecutivo federal para que elabore un programa que enfrente las ancestrales desigualdades y atrasos de los pueblos indígenas.

Aclaró, sin embargo, que los priístas están a la espera de que el Ejecutivo envíe su iniciativa de ley correspondiente al Congreso para ``darle forma'' conforme al espíritu de los acuerdos de San Andrés.

En torno al pronunciamiento de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), dijo que ésta no está facultada para hacer propuestas de ley por ser una instancia de intermediación. Sin embargo, consideró necesario que los actores políticos fortalezcan el papel de esa instancia para que continúe exhortando a las partes a continuar con el diálogo por la paz en Chiapas, el cual no se agota en el tema de los derechos y cultura indígenas.

En la reunión --a puerta cerrada-- participaron unos 30 legisladores, la mayoría diputados de estados con población étnica, entre ellos el ex gobernador de Coahuila, Eliseo Mendoza Berrueto; el chiapaneco César Augusto Santiago; el ex integrante de la Cocopa, Jaime Martínez Veloz; Vicente Granados, dirigente de la CNC, así como el secretario técnico del CPN del PRI, Celso Humberto Delgado. Aunque estaban en la lista de asistentes, no acudieron los líderes parlamentarios del PRI, Genovevo Figueroa Zamudio y Arturo Núñez Jiménez.

En el salón de usos múltiples, evaluaron el documento Lineamientos y criterios del PRI sobre el derecho de los pueblos indios de México a la autonomía y autodeterminación, donde el partido define su postura y se pronuncia por la pronta remisión de los acuerdos de San Andrés al Congreso de la Unión.

Advierte también que aquellos que demandan una autonomía y otros derechos sin la participación de los indígenas, lo hacen como ``un reclamo intencionado que busca ganar ese atributo para que lo ejerzan terceros o para reforzar los tradicionales caciquismos''.

Las demandas de los pueblos indios, indica el documento, ``han sido tratadas fuera de contexto, en términos que las simplifican en exceso y las reducen a un indefinido y amenazante régimen político de excepción para los indios, que deja fuera y oscurece los componentes fundamentales de la demanda''.

Sin embargo, apunta, no se ``trata de reiterar en la ley una autonomía de nivel comunitario que ya existe en los hechos'', ni desplazar o recortar la soberanía de los estados, sino aprobar una autonomía de carácter administrativo.

Sobre el tema de la territorialidad el análisis señala que no es por la vía agraria, ``cuya evolución es ya irreversible'', como se logrará la vinculación de los pueblos indios con su territorio, sino ``a través de la revitalización de las antiguas regiones étnicas''.

Finalmente, Jaime Martínez Veloz criticó el documento porque ``separa el asunto de la autonomía indígena del conflicto en Chiapas, como si se tratara de dos temas ajenos, situación que repite un error de percepción política''.

El legislador pidió a los priístas apoyar el restablecimiento del diálogo entre el gobierno y el EZLN, y admitir que sin este diálogo no se atenderán ni solucionarán las causas del conflicto.