Demandan a siete trabajadores del Montepío; querían romper la huelga

Fabiola Martínez Ť El Sindicato de Trabajadores y Empleados del Nacional Monte de Piedad interpuso una demanda penal en contra de siete de sus afiliados, quienes en compañía de un grupo de ``golpeadores, presuntamente de la sección 15 de la CTM, intentaron ayer romper la huelga al ingresar violentamente a la sucursal número 17 del Montepío''.

El dirigente sindical, Eugenio Joel González González, señaló que los autores intelectuales del atentado al movimiento de huelga podrían estar relacionados con la administración del Nacional Monte de Piedad.

El asesor jurídico del sindicato, Arturo Zayún González, comentó que el grupo de aproximadamente 30 ``esquiroles'' fue encabezado por Jesús Juárez Reyes, promotor de la corriente Victoria Sindical, quienes armados con tubos y palos trataron de romper la huelga.

En la denuncia penal también están implicados Pedro Doniz, Oscar Sánchez, René Cornejo, Jaime González, Francisco Miranda, Manuel León y quienes resulten responsables de los delitos de daño en propiedad ajena, lesiones, allanamiento de morada y los que resulten.

Tras la irrupción en la sucursal 17, el director general del Trabajo del gobierno de la ciudad de México, Manuel Fuentes, dialogó con los inconformes y los invitó a salir de las instalaciones, toda vez que la huelga es ``legalmente existente'', según dictaminó la autoridad laboral, y su presencia en ese lugar constituía un delito.

El subsecretario de Trabajo y Previsión Social, Javier Moctezuma, señaló que el aseguramiento de bienes contra el Nacional Monte de Piedad se hizo conforme a derecho ``porque la defensa de los trabajadores es preferente''.

Por su parte, el subsecretario de Trabajo y Previsión Social capitalino, Saúl Escobar, subrayó que continuará la intervención del equipo de Cuauhtémoc Cárdenas para coadyuvar en el diálogo entre las partes y solucionar el conflicto que hoy cumple 83 días.

A la sucursal llegó también personal de Seguridad Pública y, comentó Zayún González, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ya inició la investigación correspondiente.

Golpean a trabajadores telefonistas

En tanto, tres trabajadores del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) fueron golpeados dentro de las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje al interponer una demanda por la titularidad del contrato colectivo de la empresa de telecomunicaciones Aire y Fuerza, que detenta actualmente un sindicato cetemista ``de protección''.

Ante los hechos, el abogado del STRM, Héctor Barba, interpuso una demanda penal por lesiones, mientras que el presidente de la JLCA, Arturo Pueblita, se comprometió a investigar el suceso.

Daniela Pastrana Ť El líder del sector popular del PRI en el Distrito Federal, Jorge Schiaffino Isunza, afirmó que las ``irresponsables declaraciones'' del oficial Mayor del gobierno capitalino, Jesús González Schmal, en contra de su dirigente local, Manuel Aguilera Gómez, rompieron las pláticas con las autoridades sobre el reordenamiento del 85

ambulante.

En tanto, Edgar Mereles, secretario técnico del Movimiento Territorial priísta y quien encabezó la toma de las oficinas de González el viernes pasado, aseguró que los militantes actuaron sin avisar a la directiva de su partido.

En conferencias por separado, ambos líderes expresaron su apoyo a Aguilera y acusaron a las autoridades de enarbolar una campaña de difamación en contra de los grupos priístas que ``sólo defienden demandas legítimas''.

Schiaffino dijo que las denuncias de un supuesto espionaje a algunos funcionarios ``son bolas de humo con las que se intenta encubrir la falta de autoridad que hay en esta capital''. Indicó que a partir de las declaraciones de González Schmal ``tuvimos que suspender el diálogo porque parece que son ellos (las autoridades) los que quieren llevar a la ciudad a una situación de caos''.

Agregó que están en espera de una respuesta de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) con respecto a la situación del predio conocido como la Casa Blanca, en Tlalpan, donde los priístas que la usaban como oficina fueron desalojados.

Por su parte, Mereles negó categóricamente que la toma de las oficinas del oficial Mayor el pasado viernes, haya sido con violencia; en cambio, acusó a la secretaria general de Gobierno, Rosario Robles, de acudir ``al discurso y la frase más representativa de la era diazordacista, el de la intolerancia, la brutalidad y el uso excesivo de la fuerza contra la población''.

Acompañado por Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, líder del MT y secretario general adjunto del PRI-DF, Mereles afirmó que las organizaciones priístas no se van a callar ni a inmovilizar ``por miedo o cobardía''. Advirtió además que ``no perdonarán al funcionario cobarde quien se mantiene escondido por haber tendido la trampa, ni al funcionario que ordenó los golpes, ni al indiferente o cómplice de lo acontecido''.

Al aclarar que nunca ha sido consignado ante las autoridades judiciales --``no soy un delincuente''--, Mereles reiteró que hoy se presentarán las denuncias penales en contra de los funcionarios y una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por las agresiones sufridas durante el desalojo.

Entregan propuesta para el reordenamiento

Schiaffino, líder de la CNOP, informó también que su organización entregó al gobierno capitalino una propuesta de 62 modificaciones al programa de reordenamiento del comercio en la vía pública.

De acuerdo con el dirigente, junto con el documento se entregó un oficio en el que piden a Cuauhtémoc Cárdenas nombrar ``a alguien que tenga capacidad de decisión para dar una respuesta''.

Reconoció también que entre el anteproyecto y el programa oficial hubo cambios importantes, ya que se incorporaron algunas de las propuestas planteadas por las organizaciones priístas, como la de retirar de los requisitos para los permisos de la carta de no antecedentes penales; sin embargo, dijo, los cambios no son suficientes.

Entre los planteamientos del documento, destacan el de prolongar los permisos de tres meses a un año y el incremento de la exención del pago de la cuota diaria. Los priístas también quieren que se respete a las organizaciones y se reconozca la fuerza que tienen en la capital.

Daniela Pastrana Ť El PAN capitalino exigió la comparecencia de los delegados políticos y del jefe de gobierno del DF ante la Asamblea Legislativa para que presenten sus programas de trabajo.

En conferencia de prensa, la secretaria general del Comité Directivo Regional panista, Carmen Segura Rangel, dijo que si bien es cierto que en tres meses sería difícil esperar resultados contundentes, sí es un tiempo suficiente para tener una definición de sus líneas de acción. ``Sería importante que todas las fuerzas ahí representadas (en la ALDF) llamaran a comparecer al jefe de gobierno; estamos esperando ese tan anhelado programa que prometió'', dijo Segura.

La panista dijo que ``es imperante'' tener la certeza del destino que se dará a los cerca de 6 mil 630 millones de pesos otorgados a las delegaciones políticas en el Presupuesto de Egresos --impugnado por los partidos de oposición--, así como de una partida de mil 100 millones que se asignarán conforme con los criterios de marginalidad, población y crecimiento.

Alertó que de no aclararse el uso de estos montos se corre el riesgo de que sean utilizados selectivamente en las demarcaciones con intereses partidistas, como ha sucedido con el servicio del agua, donde aseguró que el PAN tiene evidencias de que hay un criterio selectivo en la distribución.

Segura aseguró que ``nunca antes, en ningún gobierno en el país'', incluyendo a los emanados de Acción Nacional, ha pasado tanto tiempo sin que se dé a conocer un programa rector de la acción gubernamental.

Indicó que es indispensable que se reanude la presentación de informes de gobierno de los delegados, porque si bien es cierto que presentaron planes de trabajo en sus comparecencias para ser ratificados por la ALDF, ``éstos fueron sólo esbozos que mostraban generalidades a emprenderse en tres años''. Los delegados, añadió, ``únicamente hablaron sobre sus buenas intenciones, pero nunca especificaron los rubros prioritarios y montos destinados para atender a cada demarcación, ni tampoco justificaron la calendarización de sus acciones a realizar en el presente año''.

La dirigente panista cuestionó la ``actitud de cerrazón'' de los diputados locales del PRD y de los mismos delegados, que evidencia ``la falta de conocimiento para gobernar'', al oponerse a la presentación de los informes. Al referirse a la evaluación que su partido está elaborando de los primeros 100 días de gobierno perredista, Segura Rangel dijo que había habido una serie de contradicciones, desaciertos e incongruencias entre el jefe de gobierno y su equipo que hacen evidente que no hay coordinación entre las instancias.

``Hay cierta ligereza respecto del señalamiento que se hace del gobierno, como es el caso de las declaraciones del propio oficial mayor'', expresó la panista, quien agregó que las autoridades deben preocuparse más por trabajar, ``ya que este es un equipo de gobierno y a todos nos afecta el hecho de que no haya coordinación''.