El pasado martes 3 de marzo el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dictó una resolución por la cual revocó el amparo del juez de Distrito Jean Claude Tron Petit, mediante el que ordenaba al Instituto Federal Electoral (IFE), registrar como partido político al Foro Democrático. Con esta resolución del más alto tribunal de justicia, que ya no puede ser recurrida y que, por tanto, tiene el carácter de definitiva, se cierra un ciclo político que se inició en 1992, con la salida del Partido Acción Nacional de nueve militantes entre los que se encontraban ex presidentes nacionales, ex secretarios generales, diputados y dirigentes.

La razón fue que el PAN en aquellos días daba sus primeros pasos al encuentro de la extrema derecha (que culmina ahora con la postulación de Luis Pazos).

Durante cinco años el Foro Democrático intentó sin ayuda del gobierno, sin apoyos abiertos u ocultos, ateniéndose tan sólo a sus escasos recursos y al trabajo de sus militantes, ser un partido de ciudadanos

Con fundamento en los ideales del maderismo de 1910, del vasconcelismo de 1929 y el gomezmorinismo de 1939, con inspiración en principios socialcristianos, el Foro se caracterizó por rechazar el subsidio del Estado ya fuera con ese crudo nombre o con el atemperado de ``prerrogativas'', y se propuso, frente al pragmatismo y al abandono de la doctrina, buscar formas de participación política fundadas en valores éticos.

Desde 1994 se intentó el registro infructuosamente; según nos dijo el entonces secretario Fernando Gutiérrez Barrios, ``litigaban'' en nuestra contra, a pesar de que había un nicho ideológico y de votantes que pudo entonces haber sido el del Foro Democrático.

Para participar en el proceso, en dos asambleas consecutivas decidimos adherirnos a la Alianza Democrática Nacional que postuló al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con base en un convenio de 15 puntos coincidentes con la plataforma del PRD.

En 1997, reiniciamos la lucha por el registro, presentamos los documentos requeridos para acreditar nuestra presencia en la vida pública nacional, entre ellos 32 números de Dignidad Ciudadana, órgano del Foro, y 12 mil firmas de afiliados sólo que no distribuidos en la forma caprichosa en que exigía la convocatoria del IFE, esto es, 90 afiliados en cien distritos o 900 en diez entidades; la distribución de los foristas en el país se extendía a 21 estados y el Distrito Federal.

Contra la negativa del Consejo General, acudimos al Tribunal Electoral y aun cuando el proyecto del magistrado José Luis de la Peza nos fue favorable, la intervención del entonces presidente del tribunal, que sería poco después subsecretario de Gobernación, fue definitiva para que se dictara sentencia contraria. Para combatir esta resolución, pedimos amparo y el juez Tron Petit entendió nuestros argumentos y en una sentencia histórica, en la que se distinguieron asuntos propiamente electorales de los que implicaban violación a garantías individuales, ordenó al IFE nuestro registro. Después vino la revisión de la Corte solicitada por el IFE y el Trife y, finalmente, la sentencia del pasado martes.

De los once ministros de la Corte, dos de ellos, con vocación democrática, nos daban la razón: el ponente Sergio Aguirre y el destacado maestro y jurista Genaro Góngora Pimentel; los otros nueve votaron por no ratificar el amparo y cerraron así, por ahora, la oportunidad de participar en política a un grupo decidido a no recibir dineros y recursos oficiales y a buscar el poder a través de principios diferentes a los de los partidos actualmente registrados.

Con esta sentencia se pone fin a un esfuerzo de participar y ejercer en plenitud derechos ciudadanos; esta lucha se dio por el camino del derecho y con fe en los tribunales; por lo pronto damos la vuelta a la página y continuaremos luchando en otras trincheras y por otros medios, pero con los mismos ideales: la democracia, la soberanía nacional y una mejor y más justa distribución de la riqueza. Nada hay más estimulante que volver a comenzar.