Doce militares, involucrados con el cártel de Juárez: Herrán

Gustavo Castillo Ť El juzgado tercero de distrito en materia penal federal, a cargo de la juez Olga Sánchez Contreras, giró sendas órdenes de aprehensión en contra de los generales en retiro Bernardo Chávez, Tomás González Reyna y otros militares implicados con el cártel de Ciudad Juárez.

Asimismo, también estarían por cumplimentarse otras órdenes de aprehensión en contra de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que estuvieron adscritos al grupo de información al mando del general Jesús Gutiérrez Rebollo, actualmente preso.

Ellos son: Juan Turrubiates, Julio César Santoyo, Ricardo Vázquez Tafolla, Juan Manuel Alvarez González, Víctor Wilfrido Soto Conde, Luis Rey Abundis, Sergio Medina García y Ariel Hiram Hernández.

Entre los civiles figuran Martín Gerardo Alvarez Tostado, el ex director de la policía municipal de Zapopan, Jalisco, Luis Octavio López Vega, los policías José Octaviano González y Adán Segundo Pérez.

El subteniente Pedro Haro Vázquez, los capitanes Horacio Montenegro Ortiz y Javier García Hernández, son coprocesados de Jesús Gutiérrez Rebollo por los delitos de abuso de autoridad.

Entre los policías judiciales federales se hallan: Eduardo Mancera, José Noé Brito, los hermanos José Luis y Manuel Patiño, Jesús María Fermín Duarte, Gregorio Palacios y Gilberto Fabián Campos.

De acuerdo con información obtenida en el juzgado tercero de distrito en materia penal federal, la mayoría de las órdenes de aprehensión se desprendieron de las declaraciones ministeriales que rindió Juan Galván Lara en el proceso 226/97 de febrero del año pasado.

Finalmente se dijo que esta persona es uno de los principales testigos de cargo contra el general Gutiérrez Rebollo, y además fue quien afirmó en sus declaraciones ministeriales haberse entrevistado ``en más de diez ocasiones'' con el extinto narcotraficante Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielos.

José Antonio Román Ť En las actividades de narcotráfico, acopio y tráfico de armas, y lavado de dinero del cártel de Juárez, están involucrados 12 militares, entre generales y capitanes, la mayoría de ellos en retiro, informó el fiscal especial para la atención de delitos contra la salud, Mariano Herrán Salvatti.

Dijo que se cumplimentaron parcialmente 65 órdenes de aprehensión contra integrantes de dicho cártel que encabezaba Amado Carrillo Fuentes, entre quienes ellos Rodolfo Ortega Silerio -sobrino del gobernador de Durango-, quien apoyó a esta organización criminal en materia de lavado de dinero.

También fue detenido Ramón Báez Márquez, comandante de la Policía Judicial Federal en Culiacán, quien en abuso de sus atribuciones protegió cargamentos de cocaína; Paulino Mendoza Contreras, quien era subdirector de Seguridad Pública de Jalisco y brindó apoyo para proteger y proporcionar seguridad a la organización, así como Mario García García, jefe de la escolta de la familia de Eduardo González Quirarte, particularmente encargado de la vigilancia de la hacienda Camichines, en Jalisco, desde donde dirigía el transporte de droga y armas.

Herrán Salvatti destacó la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, con cuyo esfuerzo se logró integrar y consignar ante la autoridad judicial correspondiente la averiguación previa PGR/008/97 y otras acumuladas con ésta. En esta averiguación, indicó, se calcula que fueron lavados entre 30 y 40 millones de dólares, por el cártel de Juárez.

Señaló que en las próximas horas serán cumplimentadas las órdenes de aprehensión contra siete personas más que tienen ya otros procesos y que están sujetos a prisión preventiva en un centro penitenciario: Fabián Campos, Javier García, Horacio Montenegro, Jorge Mariano Maldonado, Rigoberto Silva, Luis Rey Abundis y Wilfrido Soto Conde.

Dijo además que dentro del marco de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la PGR ofrece una recompensa de 4 millones de pesos a quien colabore en la detención de cada uno de seis prominentes miembros del cártel de Juárez: Vicente Carrillo Fuentes, Eduardo González Quirarte; Ismael Zambada García, El Mayo Zambada; Juan José Esparragoza, El Azul; Arturo Hernández, El Chacky, y Alcides Ramón Magaña El teniente o El metro.

En conferencia de prensa, Herrán señaló que, además de lo anterior, en la lucha contra el cártel de Juárez 28 miembros de esta organización han sido detenidos y están sujetos a proceso judicial.

Las indagatorias abarcaron, según la fiscalía especial, el conocimiento de la estructura orgánica del cártel y de los sujetos activos dedicados al transporte y protección de cargamentos de narcóticos y estupefacientes, así como de los sicarios encargados de intimidar o ejecutar a sus oponentes.

De igual forma, se investigó la complicidad y corrupción de miembros de instituciones de seguridad, actividades de dirección y supervisión de la organización criminal y aquellos que se dedicaban al lavado de dinero provenientes de las operaciones ilícitas de la organización. Este caso, dijo Mariano Herrán, representa el primer proceso integral que en la jurisprudencia italiana se conoce como maxiproceso, afirmación que fue cuestionada por varios reporteros, principalmente de medios y agencias extranjeras.

Asimismo, destacó que el inicio de esta averiguación previa se debió al conocimiento que se tuvo de las actividades de protección al narcotráfico por parte del general Jesús Gutiérrez Rebollo y a las enormes facilidades proporcionadas por la nueva Ley Federal contra el Crimen Organizado al Ministerio Público federal.

En la sesión de preguntas y respuestas el fiscal especial reiteró que Amado Carrillo, alias El señor de los cielos, está formal, oficial y contundentemente muerto, y quien especule lo contrario debe aportar pruebas de su afirmación. Aclaró que no existe averiguación alguna en contra de los gobernadores Jorge Carrillo Olea, de Morelos; Mario Villanueva, de Quintana Roo, ni del hijo del gobernador Maximiliano Silerio Esparza, de Durango.

Respecto del origen de los recursos que se ofrecen como recompensa, dijo que la política de la PGR de esta administración es tener un ``escrupuloso manejo'' de los bienes asegurados, que no dependen ya de la Procuraduría, sino de un comité colegiado que integran varias secretarías de Estado, entre ellas la de la Contraloría, instancia encargada del pago de las recompensas que se hacen con cargo al presupuesto fiscal de la PGR.