De acuerdo con datos aportados por el Consejo Nacional de La Raza, que agrupa a 250 organizaciones de hispanos en Estados Unidos, los mexicanos que trabajan en ese país envían a México cerca de 7 mil millones de dólares anuales. La importancia de esos recursos para la economía nacional es de un rango semejante a la inversión anunciada para este año por el Consejo Mexicano de Inversión (unos 10 mil millones de dólares).

En muchos casos, los dólares enviados por los trabajadores migrantes constituyen el recurso económico prinicipal para la subsistencia de pueblos y regiones del ámbito rural. A un costo personal altísimo -alejamiento del lugar de origen, separación familiar, peligros de muerte, discriminación, acoso policial, explotación, agresiones de toda clase- los connacionales que atraviesan la frontera común para vender su fuerza de trabajo no sólo suplen la carencia de oportunidades laborales en nuestro país sino que contribuyen a paliar la insuficiencia presupuestal que afecta a sus comunidades y participan, mediante sus envíos de dinero, en la atenuación de las terribles desigualdades sociales que afectan a la sociedad y el territorio nacional.

Sin embargo, a pesar de la retórica oficial, los trabajadores indocumentados no encuentran en las instituciones nacionales el apoyo y la defensa que merecen por partida doble: en tanto que mexicanos sometidos a condiciones adversas e infamantes y en tanto que pilares de la economía nacional. Mientras quienes se definen como inversionistas -nacionales o extranjeros- son tratados con toda clase de atenciones, deferencias y cortesías gubernamentales y privadas, quienes abandonan nuestro país a nado, a pie o escondidos entre pacas y costales de mercancías pueden sentirse afortunados si a su regreso no son extorsionados o asaltados, en ocasiones por las propias autoridades policiales.

En otro sentido, mientras que las autoridades financieras y las instituciones bancarias han diseñado toda una panoplia de atractivos instrumentos, procedimientos y rendimientos para atraer los fondos de los inversionistas de cuello blanco, los trabajadores migrantes se ven obligados a pagar tarifas injustificadas y a aceptar condiciones leoninas por parte de las empresas que han encontrado una mina de oro en las transferencias y el cambio de moneda de las pequeñas cantidades que los connacionales en Estados Unidos envían a sus familiares.

Este trato diferenciado y clasista constituye, en suma, una demostración palpable de la cada vez mayor fractura social y económica que afecta a la sociedad mexicana y que representa, de no ser corregida, la principal amenaza y el mayor riesgo para la estabilidad, la paz y el desarrollo del país.