El Parlamento de Mujeres permanecerá como comisión bicamaral

Ciro Pérez Silva y Alma Muñoz Ť Las mil 300 mujeres que participaron durante dos días en el análisis de propuestas para construir una sociedad que reivindique la presencia de este sector de la población en todos los ámbitos, acordaron constituir el Parlamento de Mujeres de México, como una comisión bicamaral en donde se debatan y acuerden iniciativas que enriquezcan el marco jurídico del país y promuevan políticas públicas con equidad de oportunidades y dignidad de trato.

Asimismo, adquirieron el compromiso de crear en los Congresos estatales, la Comisión de Equidad y Género, para que en las agendas legislativas, en las políticas públicas y en los presupuestos que se voten, exista una instancia que incorpore a la discusión propuestas que garanticen espacios para las mujeres.

Concluyeron que enfrentan un arraigado modelo cultural, falsamente protector, que margina y somete su participación en asuntos referentes a los ámbitos familiar, comunitario y nacional, por lo que insistieron en la necesidad de impulsar reformas legislativas que eliminen vestigios discriminatorios y asienten explícitamente sus derechos. ``La demanda común es de trato y oportunidades similares, pero con traducción diferente para una indígena, una campesina, una obrera, una empleada privada o pública, una profesionista, una estudiante, una mujer con discapacidad, una mujer de la tercera edad o una ama de casa''.

Plantearon modificar el artículo cuarto constitucional para garantizar el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y establecer la obligatoriedad del Estado para evitar su discriminación, además de promover una cultura de la denuncia; crear espacios para niños y mujeres maltratados, ampliar los derechos de víctimas y reformas penales para agravar castigos, particularmente en el caso de hostigamiento sexual. De igual manera, crear un Programa Nacional contra la Violencia Intrafamiliar y legislar para que se prohiba a los medios de comunicación presentar a la mujer como objeto sexual y de servicio.

La incorporación de la diversidad sexual en la reglamentación de la violencia intrafamiliar, la eliminación de la orientación sexual como agravante en los marcos legislativos y en los mecanismos de procuración de justicia, fue uno de los temas más debatidos en las mesas de trabajo, por lo que se solicitó la creación de la agencia especializada en la atención a víctimas de la violencia sexual o intrafamiliar, así como modificar diversos artículos de la Ley General de Salud.

En este último punto se propuso modificar la citada ley para incorporar el concepto de derechos sexuales, entendiendo por éstos los que garantizan la posibilidad de vivir la sexualidad en forma autodeterminada, independientemente de la reproducción; que las instituciones de salud presten servicio gratuito para interrumpir un embarazo en los casos permitidos por el Código Penal y para sancionar al personal de salud que realice actos en contra de la capacidad reproductiva de la mujer sin el consentimiento de ésta.

Para la mujer campesina se propuso elaborar políticas diferenciadas que atiendan su problemática. Plantearon revisar diversos artículos de la Ley Agraria; el artículo 27 constitucional en lo referente a la igualdad de la mujer en los derechos agrarios; que en los fondos de la Alianza para el Campo se asignen partidas específicas para las mujeres además de que, ante la falta de reconocimiento como sujetos de crédito, educación o servicio, se genere un plan general de desarrollo integral con la asignación de recursos para formar una comisión intersecretarial que les permita el acceso a la capacitación técnica, subsidios, inversiones, crédito y trabajo.

En materia de participación equitativa en administración pública y en los cargos de elección popular, las participantes concluyeron promover que los partidos políticos nominen a 50 por ciento de mujeres para sus candidaturas, incluir en la discusión de la reforma del Estado el tema de la equidad y el género y elevar a rango de ley el Programa Nacional de la Mujer.

Clausura acalorada

Durante la clausura surgieron diferencias entre las participantes. La agrupación Mujeres Revolucionarias de México exigió tomar parte como oradora y extendió una manta en la que reclamaban la defensa de las conquistas laborales, tras afirmar que la relatora no incluyó en el texto final estas consideraciones.

La presencia de las manifestantes al pie de la tribuna provocó el malestar de las organizadoras y participantes, ya que violaban un acuerdo previo en el que se establecía que únicamente se daría lectura a los resolutivos. Desde las curules se les pidió abandonar el recinto y se les acusó de boicotear el evento. La diputada priísta Isabel Villers Aispuro enfrentó a la dirigente de esta organización, Antonia Pérez Sosa, y le reclamó: ``ustedes no tienen derecho a hablar aquí, esta es mi casa''.

Esta, respondió Pérez Sosa, es la casa del pueblo y ``puedo decir lo que quiera''.