La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados está constituida por 29 legisladores; de ellos, siete provienen del PAN, 14 del PRI y ocho del PRD. La presidencia está a cargo de la panista María del Carmen Díaz Amador. ¿Qué hace esta comisión? ¿Cuáles son sus iniciativas? ¿Cuál es el estado que guarda la normatividad en materia de investigación? Por la importancia que reviste el marco legislativo para el desarrollo científico y tecnológico en el país, conviene preguntar ¿cuál es la posición adoptada por esa representación popular en torno al diseño, aplicación y evaluación de las políticas científicas?

Si bien el gasto federal en ciencia y tecnología durante el periodo 1980-1994 representó, en promedio anual, 0.36 por ciento del producto interno bruto (PIB), ¿qué se hace hoy en materia legislativa para incrementar el presupuesto?

Según el Programa de Ciencia y Tecnología 1995-2000, una de las tareas prioritarias consiste en ``...orientar recursos de la sociedad hacia el financiamiento de las actividades científicas y tecnológicas, de manera que el gasto nacional anual en investigación y desarrollo experimental alcance 0.7 por ciento del PIB en el año 2000'' (Diario Oficial de la Federación, 5 de junio de 1996). Esa proporción de financiamiento oficialmente programada para la investigación en México, ¿será suficiente para hacer frente a las nuevas necesidades sociales? ¿En qué condiciones ingresará el país en un entorno mundial marcado por la apertura comercial y la globalización, si contamos con un sistema de ciencia y tecnología rezagado y escasos recursos financieros?

De acuerdo con el mencionado Procyt 95-2000, ``...en una encuesta que se hizo en 1993 a las empresas sobre el gasto que realizan en investigación y desarrollo experimental, se obtuvo que el sector privado participó con sólo 9.3 por ciento del financiamiento''. Además, se encontró que ``las empresas manufactureras destinan sólo 0.6 por ciento de su ingreso por ventas...'' a las actividades de investigación. ¿Cuáles serán los deberes y obligaciones del Estado, los empresarios y la sociedad en general para aumentar, por ley, la inversión en ciencia y tecnología?

Con respecto a los planes de descentralización de las actividades de investigación, ¿cuáles son las medidas que se habrán de tomar? ¿Con base en qué normatividad se alcanzarán las metas implícitas en dichos planes? ¿Cómo se podrá modificar, es decir, contrarrestar el excesivo centralismo? No olvidemos que, según cifras del propio Sistema Nacional de Investigadores (SNI), casi siete de cada 10 investigadores nacionales trabajan en la zona geográfica que comprende los estados de México y Morelos y el Distrito Federal.

En relación con los recortes presupuestales anunciados la semana pasada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que consisten, entre otros aspectos, en una reducción de las becas para realizar estudios de posgrado, surgen las siguientes preguntas: ¿en qué normatividad está fundada dicha reducción unilateral? ¿Qué opinan los legisladores al respecto? ¿No sería más conveniente adelgazar el aparato burocrático del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt)? ¿Acaso los estímulos económicos que se otorgan a las burocracias son más relevantes que las becas creadas para la formación de jóvenes investigadores?

Sobre este último punto, espero que los ajustes presupuestales no queden convertidos en miserable engaño. Como la sabia analogía que utilizaba mi abuelita para criticar a quien cuidaba su salud de manera inútil: ``Para qué hervir tanto el agua de la llave, si el azúcar viene más sucio''.