Rechaza el PAN la propuesta de Labastida para la pacificación

Juan Manuel Venegas Ť El Consejo Nacional del PAN rechazó la propuesta del secretario de Gobernación, Francisco Labastida, para Chiapas; consideró que ``las objeciones'' del gobierno ``no deben ser obstáculo'' para llevar al Congreso los acuerdos de San Andrés de febrero de 1996, y el texto que a partir de ellos elaboró la Cocopa, y advirtió que si en un plazo de treinta días el gobierno y el EZLN no restablecen el diálogo ``analizará la posibilidad'' de retirar a sus legisladores de la Comisión de Concordia y Pacificación.

Al final de una larga discusión en el pleno del máximo órgano de dirección panista, por unanimidad se aprobó un documento de ocho puntos en los que Acción Nacional fijó su postura ``definitiva'' en el conflicto chiapaneco, que incluye la instrucción a sus legisladores federales a ``preparar una iniciativa de ley'' conducente para que el sureste de la República sea declarado zona económica especial, con exenciones y estímulos fiscales que impulsen su economía.

El senador Luis Felipe Bravo Mena, ex integrante de la Cocopa --y coordinador del análisis panista para un proyecto ``independiente'' y ``cuidando no otorgar avales ni al EZLN ni al gobierno''--, se encargó de dar a conocer el documento, aprobado luego de casi diez horas de debate.

Se destaca en el texto que todos los esfuerzos que se han hecho desde que estalló el conflicto armado en Chiapas ``se han venido enfrentando a una pugna de personas y grupos que anteponen ambiciones e intereses nada generosos''.

En ese contexto, gobierno y EZLN ``han apostado al desgaste del adversario y han sido incapaces de sostener un diálogo sincero de cara a la nación'', en tanto que ``el periodismo comprometido con la verdad y promotor de una vida más digna para todos, se ve parcialmente nulificado ante la comercialización de la desinformación y el sensacionalismo''. Paralelamente, diversas instancias de mediación han quedado nulificadas en esta vorágine, con lo que la amenaza de la violencia criminal convive con ``la tristeza y desesperación'' de los indígenas.

Esa ``es la lacerante realidad'', puntualizó el documento panista, y en ese sentido hizo un llamado ``a superar el falso dilema: oficialismo o guerrilla'', toda vez que existe una tercera opción que es el impulso al diálogo que permita encontrar ``la unidad de todos los mexicanos, con respeto a la diversidad'' de ideas y planteamientos.

De los ocho puntos contenidos en el documento elaborado por el Consejo Nacional del PAN, seis están dedicados a los que es esencialmente el reclamo indígena de respeto a sus costumbres y cultura, uno al rechazo a la postura gubernamental y uno más a un ``llamamiento'' a las partes en conflicto al diálogo. Por lo que hace al proyecto de derechos y cultura indígenas, los panistas consideran que toda reforma debe incluir la ``primacía de los derechos humanos y la preeminencia del interés nacional'', por lo que una solución debe acabar de raíz con la discriminación hacia las comunidades indígenas del país, que ha provocado condiciones infrahumanas y de injusticia absolutamente inaceptables.

En el segundo punto de unidad nacional, el PAN exige que todas las comunidades indígenas sean reconocidas y respetadas ``dándoles el lugar y la participación debidos en la estructura y en el funcionamiento del Estado''. Un tercer punto los panistas lo dedicaron a los conceptos de ``igualdad y participación'', y convocan ahí a ``luchar'' en contra de toda forma de discriminación y marginación en la sociedad mexicana, ``específicamente aquéllas que afectan a las comunidades indígenas, y en contra de las prácticas de subordinación, desigualdad y exclusión que provocan situaciones de miseria y explotación y que impiden la libre y justa participación en la vida nacional''.

En cuanto al reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, el Consejo Nacional llamó a reivindicarlas ``como sujetos de derecho, con pleno reconocimiento por parte del Estado mexicano, con las consecuencias jurídicas que establezca la legislación tanto federal como local en el ámbito de su competencia''.

Al respecto, en el siguiente punto de su texto subrayó que la autonomía de estas comunidades debe ejercerse en el ámbito municipal, refrendó su idea de que las cartas municipales podrían ser el instrumento que cristalice las especificidades culturales de las comunidades indígenas y, como complemento, propuso el desarrollo del derecho de asociación de los municipios, los que podrían integrarse con distintos propósitos y regionalizar sus políticas de desarrollo tendientes al aprovechamiento de sus recursos''.

Por ello, en cada estado ``ha de estudiarse la posibilidad y conveniencia de remunicipalizar zonas indígenas de manera que se propicie que los espacios municipales coincidan con las comunidades para que éstas puedan autogobernarse, elegir a sus propias autoridades y reivindicar sus usos y costumbres''.

En el punto sexto viene el rechazo a la propuesta gubernamental: ``El PAN exige el cumplimiento del compromiso asumido por el gobierno federal y el EZLN para que se discutan en el Congreso de la Unión los acuerdos alcanzados en San Andrés Larráinzar, en febrero de 1996. El documento elaborado por la Comisión de Concordia y Pacificación, a partir del texto de los acuerdos de San Andrés, al no lograr el consenso por las objeciones del gobierno federal, no debe convertirse en obstáculo que impida llevar a debate legislativo dichos acuerdos''.

En ese sentido --apuntaron los consejeros panistas-- ``tampoco es aceptable que el gobierno y la Cocopa elaboren la iniciativa de reformas constitucionales, porque la Ley para el Diálogo y la Conciliación no faculta a aquélla para intervenir como parte en el conflicto o en los contenidos sustantivos del diálogo, sino sólo como instrumento de coadyuvancia''.

Al ser interrogado sobre este punto, el líder nacional panista, Felipe Calderón Hinojosa, indicó que el gobierno ``debe asumir sus compromisos y responsabilidades'' en el diálogo que estableció con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.