El anuncio de una iniciativa de ley para otorgar plena independencia al Banco de México en el manejo de la política cambiaria tiene varias vertientes. Una de ellas podría ser la previsión de que, tal y como lo señalan las encuestas recientes, el partido en el poder deje de serlo a raíz de las elecciones del año 2000. Se trataría, entonces, de dejar un enclave en un punto nodal de la actual política económica, que no estuviera sujeto al resultado de esa elección, en aras de una autonomía que podría suponerse apolítica y profesional.
Sin embargo, las declaraciones del propio gobernador del Banco de México, que lo seguiría siendo hasta bien entrado el próximo sexenio, dan una idea diferente de ese profesionalismo. Cuando el que también fue, hasta hace poco más de dos meses, secretario de Hacienda, atribuye los problemas de los bancos a una legislación que tolera el incumplimiento o negligencia dolosa de deudores, está haciendo política. Y, al mismo tiempo, está ignorando el papel de la política económica en la reciente crisis de la deuda, que si bien pasó ya de su nivel más agudo, no deja de hacer sentir sus consecuencias en muchas familias y empresas o ex empresas.
Puede, sí, haber casos individuales como los que señala el citado gobernador, como también hay banqueros procesados o presos por diversos ilícitos. Pero lo que ocurrió a partir de 1995 fue un fenómeno económico y social, que poco o nada tiene que ver con las virtudes o defectos de unos u otros individuos.
En lo general, si miles de empresas y millones de personas, que hasta entonces habían pagado puntualmente sus compromisos crediticios, dejaron de hacerlo, fue porque no podían hacerlo. Las devaluaciones, el disparo de los precios y sobre todo de las tasas de interés, la reducción del ingreso real de la mayoría, llevaron al doble o al triple los pagos de los abonos del departamento, el automóvil, la tarjeta de crédito, los créditos del productor agrícola o de la empresa. La suspensión de pagos no fue, en la gran mayoría de los casos, un fenómeno ideológico, moral ni de otra índole subjetiva, sino resultado de la imposibilidad material de seguir pagando.
Aunque se insista en que la política económica vigente es necesaria para evitar otro 1995, el hecho es que lo sucedido en ese año, si vamos un poco más allá de la anécdota, tuvo mucho que ver con la debilidad del mercado interno y la gran dependencia de los cambios en variables económicas externas. Si bien es cierto que ahora, a diferencia de 1994, la mayor parte de la inversión que entra del exterior va a comprar bienes tangibles y no papeles, también lo es que, si se depende demasiado de ella, cuando, por incertidumbres del año 2000 o por otra causa, ese flujo se interrumpa o incluso se invierta hacia la salida de capitales, volveremos a tener una crisis similar.
La ideología, la política detrás de la mencionada declaración, ni siquiera estuvo a tono con el hecho de que en ese mismo evento se dio el primer encuentro público entre dirigentes de agrupaciones de deudores, y los presidentes entrante y saliente de la Asociación de Banqueros de México. El Congreso de la Unión debe reflexionar si es correcto quitar a los ciudadanos que votarán en el año 2000, el derecho a decidir si esa política económica sigue o no.