El domingo primero de marzo pudimos conocer las cuatro observaciones que el gobierno hace a la iniciativa de reformas constitucionales de la Cocopa. Tomando en cuenta que nos enfrentamos a ``más de lo mismo'' pues sus posiciones no han cambiado, habría que analizar qué se propone el gobierno. Podría pensarse en una política errática e incongruente, o bien que busca el desgaste con el fin de liquidar a los zapatistas.

Me explico. El gobierno se ha mantenido, desde la suspensión del diálogo en septiembre de 1996, en la línea de negarse a aceptar los Acuerdos de San Andrés. Tan así es que la respuesta de la comunidad nacional e internacional se manifestó a través de cientos de desplegados, manifestaciones, marchas, cartas del exterior y del interior del país por parte de diversos organismos, grupos políticos, ONG, etcétera, urgiendo al presidente Zedillo para que se respetaran y cumplieran dichos Acuerdos. La respuesta de las autoridades fue una ofensiva en los medios de comunicación, que tuvo como propósito crear en la comunidad mexicana la idea de que los Acuerdos de San Andrés eran simplemente inaceptables porque llevaban a la ``balcanización'', que ``destruían la unidad nacional y se ponía en jaque la estabilidad social''.

Sin embargo, el domingo 1o. de marzo cuál fue nuestra sorpresa cuando el secretario de Gobernación, Francisco Labastida, afirmó contundente que ``el presidente Zedillo ha manifestado de manera reiterada que cumplirá cabalmente los Acuerdos de San Andrés'' (La Jornada, 2 de marzo). ¡Qué locura! Ahora quieren hacer creer que es la propuesta de la Cocopa la que se aleja de la letra de los Acuerdos de San Andrés. Habría que recordar que precisamente, por su negativa, se produjo la masacre de Acteal, la creciente militarización, la guerra de baja intensidad, el surgimiento de los grupos paramilitares.

Lógicamente, con la propuesta gubernamental se inicia una nueva confrontación que lleva, finalmente, al estancamiento del diálogo. Se dificulta un debate equitativo entre todos los sectores de la sociedad, dada la capacidad que tiene todo régimen autoritario para ejercer un desproporcionado dominio sobre los medios de comunicación masiva, favoreciendo y apoyando la expresión de los más reaccionarios exabruptos que no tienen el más mínimo pudor para proponer soluciones fascistas al conflicto en Chiapas.

El gobierno vuelve a desdibujar, enturbiar y a confundir a la sociedad mexicana de lo que son reclamos justos de una población marginada, y hacerlos aparecer como un grupo de subversivos que se niegan al diálogo poniendo en jaque a la nación. ¿Se trata de una política errática e incongruente? No.

Desde mi punto de vista se están dando largas al proceso para negarles a los indígenas de Chiapas lo que en otros lugares de la República sí está permitido. Tal es el caso del pueblo seri, del cual nos habló P. Yanes en La Jornada del pasado 19 de febrero. Este pueblo es ``propietario por decreto presidencial de la Isla Tiburón en el Golfo de California, y buscan el reconocimiento a sus derechos estratégicos... La Secretaría de Marina reconoce la importancia que para el desarrollo pleno del pueblo indígena seri representan sus usos y costumbres y los respeta; asimismo, los miembros del pueblo seri reconocen que sus actividades deben realizarse respetando las disposiciones legales del país''.

¿Por qué este trato tan diferente entre unos y otros? Creo que el gobierno, además de utilizar el conflicto con fines políticos con los ojos puestos en el año 2000, está decidido a no ceder ante un grupo de indígenas que prefirió tomar las armas y morir combatiendo ante la indiferencia, desprecio y racismo que sufrían. Desde la estrecha y autoritaria visión del gobierno, el ejemplo de Chiapas podría cundir entre otros indígenas, y por los mismo hay que doblegarlos. Pero los zapatistas han demostrado que responderán como don Quijote cuando, con una lanza en el cuello, se le obligaba a negar la belleza de Dulcinea por la cual luchaba y vivía: ``no es bien que nuestra flaqueza defraude esta verdad''.