El gobierno mexicano está lanzando ``todo el peso del sistema'' contra los pueblos indígenas de México y llevando al país a una de las guerras más injustas de su historia.
1. El anuncio hecho por el secretario de Gobernación, Francisco Labastida, de que el Ejecutivo enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa sobre derechos y cultura indígenas contraria a los acuerdos de San Andrés y al Convenio 169 de la OIT (1o. de marzo), no sorprendió a nadie pues desde hace más de un año ésta era una amenaza de Los Pinos, y por lo mismo no hizo más que confirmar los dos rasgos centrales del gobierno que dirigen Carlos Salinas, Joseph-Marie Córdoba y Ernesto Zedillo, y que son la ineptitud y la mala fe.
2. El gobierno federal no ha hecho en los dos últimos meses más que poner de relieve el doble lenguaje que ha tenido: habla de la paz pero intensifica la guerra. Vetó los acuerdos de San Andrés pero se tardó más de 15 meses en fundamentar su reacción y dar a conocer sus ``cuatro observaciones'' al proyecto de la Cocopa (que en realidad son 29) y que, como ya se esperaba, no son serias pues no se encuentra en ellas un solo argumento jurídico válido. Envió durante más de un año a las plumas a sueldo a denostar este texto, pretendiendo que comprometía la soberanía nacional, y una vez más se constata que no tiene argumentos para sustentar esa propaganda, y que sólo ha saboteado el diálogo.
3. ¿Quién puede ahora creerle algo a Ernesto Zedillo?
4. El gobierno federal trata de sustentar su decisión de imponer una solución militar en el estado de Chiapas en una supuesta ``razón de Estado'', cuando lo que está prevaleciendo en las decisiones oficiales no son más que los intereses oscuros del grupo salinista. Al quedar al descubierto que la decisión de crear grupos paramilitares fue tomada en Los Pinos y que la matanza de Acteal fue un crimen del poder, el gobierno ``de Ernesto Zedillo'' ha mostrado un gran nerviosismo y hay signos y evidencias de que está buscando el aval de un sector de la IP y la aquiescencia de la cúpula del Ejército para lanzar una nueva ofensiva contra la dirigencia del EZLN y las comunidades indígenas.
5. La comunidad internacional ha insistido una y otra vez en que el texto de la Cocopa es conforme al Convenio 169 de la OIT y a varios tratados internacionales, pero el grupo gobernante no ha querido escuchar y sigue recurriendo a las armas. No es de extrañar por eso que, luego de que el PRD advirtiera en un ``Manifiesto a la nación en favor de la paz'' (4 de marzo) que al optar por la guerra el gobierno está tendiéndole una trampa a la Cocopa para que se haga cómplice de esta ruptura del orden legal, el gobierno lo haya negado todo: hasta que hay guerra.
6. El conflicto que opone al gobierno federal con los pueblos indígenas de México y que se ha agravado como consecuencia de la irresponsabilidad de Zedillo, al rehusar cumplir los acuerdos de San Andrés, al margen de las turbias motivaciones que subyacen en esta descabellada decisión, que hasta ahora no ha sido explicada al pueblo de México, está reflejando de manera nítida la nula voluntad democrática del grupo en el poder. Cualesquiera que sean las sinrazones tortuosas del grupo gobernante para oponerse al cumplimiento de lo pactado, aparece claro que hay en estos individuos una abierta oposición a reconocer los derechos de los pueblos indígenas y a que la sociedad mexicana empiece a organizarse de otra forma: de manera democrática.
7. El control que ``el sistema'' de poder ha ejercido en todos los ámbitos de la vida social durante siete décadas ha constituido el fundamento del poder de los gobernantes, pero es el obstáculo mayor para que el país pueda vivir en libertad y desarrollar toda su potencialidad. De ahí el pavor que tienen quienes gobiernan ante el derecho de los pueblos indígenas a su autonomía.
8. El gobierno mexicano se está oponiendo de manera abierta a reconocer a los pueblos indios de México derechos que son del consenso universal, desafiando así a la comunidad internacional, y una pregunta se impone en la que va implícita una cuestión central para el futuro inmediato: ¿puede un grupo, a finales del siglo XX, anteponer impunemente sus ambiciones e intereses sectarios a los derechos legítimos de las comunidades fundamentales de una nación?
9. Y algo más: ¿pueden seguir siendo los mexicanos rehenes de individuos que han saqueado sin límites a México, comprometiendo su destino como una nación independiente? ¿Puede seguir el país subordinado a un grupo de interés vinculado a los intereses del narco, y que ha cometido todo género de crímenes políticos, y que juega con el destino de los más desposeídos con tal de seguir en el poder?
10. La guerra está ahí y quienes gobiernan a México no han entendido que la defensa de los derechos de los pueblos indios a su plena autonomía es ya una cuestión de fondo para la sociedad civil: que la guerra es a todos.