Sansores: el gobierno de Azar financió espionaje

De los corresponsales Ť El gobierno de Baja California informó de la remoción del subprocurador de Justicia, Alberto Sandoval Franco, en cuya oficina fueron encontrados aparatos de espionaje. En Campeche, la senadora Layda Sansores Sanromán presentó pruebas documentales que comprobarían que el centro de espionaje telefónico detectado en la capital de ese estado fue financiado por el ex gobernador Jorge Salomón Azar García.

El mandatario bajacaliforniano, Héctor Terán Terán, descartó que el aparato de espionaje descubierto el pasado martes en la oficina del subprocurador, en Tijuana, fuera colocado con fines políticos. ``Más bien se sospecha que fue instalado por algún grupo dedicado al crimen organizado''.

Terán Terán señaló que se pudo tratar de un instrumento para propiciar la fuga de información relacionada con actividades que lleva a cabo la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) en contra de grupos delincuenciales.

Sin embargo, ordenó una exhaustiva búsqueda de ese tipo de aparatos en todas las dependencias del gobierno, para lo cual solicitarán los servicios de una empresa especializada en detección de micrófonos y cámaras ocultas, así como de dispositivos para la captación de llamadas telefónicas.

Ayer se presentó la denuncia correspondiente por el delito de violación a las vías generales de comunicación ante la Procuraduría General de la República (PGR).

En cuanto a la remoción de Sandoval Franco, la PGJE precisó que oficialmente dejará el cargo hasta el próximo lunes, y será sustituido por Jorge Robles Cortez.

Mientras, la senadora Sansores aseguró que en el centro de espionaje telefónico ubicado en Campeche laboraban 14 personas, y se erogaba tan sólo en salarios un millón 128 mil 540 pesos al año, incluyendo aguinaldos y primas vacacionales.

Como prueba mostró copias de las nóminas, recibos por el pago de honorarios y documentos con el sello de la Secretaría de Finanzas estatal, así como el ``convenio entre el gobierno del Estado y la empresa Technik AG'', fechado el 12 de diciembre de 1994, para la adquisición e instalación del equipo de espionaje.

``El gobierno del estado tiene metidas las manos. No se trata de un problema con un particular. Debe investigarse si la Secretaría de Finanzas sigue cubriendo los salarios de esas personas'', apuntó.

De acuerdo con los documentos, el centro de espionaje, localizado el martes, se encontraba a cargo de los ``coordinadores generales'' Valente Quintana González y Oscar Kaufman Parra, con sueldos mensuales cada uno por 12 mil 376 pesos. Como ``directores de área'' aparecen Amador Puente Esparza, Dante Omaña Díaz y Eustaquio Correa Navarrete.

Sansores comentó que los reportes de las intercepciones de las llamadas se entregaban a Cruz Manuel Alfaro Isaac. Se espiaba principalmente a líderes de oposición, en particular del PRD, así como a la familia de la senadora y periodistas locales.

Por su parte, el delegado de la PGR, Jesús González Gallardo, confirmó que un grupo especial de la dependencia se encuentra en Campeche para apoyar las investigaciones, toda vez que son expertos en sistemas de computación y telefonía.

Espionaje en Querétaro

El alcalde de Querétaro, Francisco Garrido Patrón, y el diputado federal Felipe Urbiola, ambos panistas, informaron que al detectarse diversos aparatos utilizados para el espionaje electrónico se han tomado las medidas técnicas necesarias para bloquear las señales que se emiten.

Garrido Patrón precisó que se trata de dos aparatos de alta frecuencia localizados en su oficina del ayuntamiento, aunque señaló que el descubrimiento de esos instrumentos fue en octubre pasado, cuando acababa de asumir el cargo.

Práctica retardataria y fascista

Los responsables del espionaje telefónico, en oficinas del gobierno del Distrito Federal y en Campeche deben ser castigados conforme a la ley, ya que dicha práctica, además de inconstitucional, ``es inmoral y representa retroceder a sistemas políticos duros y retardatarios típicos de las dictaduras de los 70'', afirmó el diputado panista y presidente de la Comisión de Radio y Televisión, Javier Corral Jurado.

Manifestó que el blanquiazul reprueba ese tipo de acciones que violentan el ámbito privado de las personas, anteponiendo ilegalmente intereses de grupos de poder cuya intención es mantener un control de ``estilo fascista''. (Jorge Cornejo, Lorenzo Chim, Manuel Enríquez y Andrés Morales, corresponsales)