El hallazgo de aparatos electrónicos y micrófonos para realizar operaciones de espionaje en las oficinas del gobierno del Distrito Federal y en otras ciudades del país revela la existencia de una o varias organizaciones clandestinas dedicadas a actividades ilícitas de intercepción de llamadas telefónicas y monitoreo del trabajo de los despachos de entidades públicas y de partidos políticos. El propósito de tales acciones es oscuro, pero puede suponerse que sus autores pretenden recabar informaciones políticas, administrativas, judiciales, policiacas e, inclusive, privadas o íntimas, que podrían ser de gran utilidad para grupos interesados en desestabilizar o presionar a gobiernos e instituciones legalmente constituidos.

La realización de un espionaje amplio y organizado como el que se ha descubierto en el Distrito Federal, en Campeche y en otras entidades de la República requiere de cuantiosos recursos económicos para la compra de micrófonos, videocámaras y equipos de grabación y procesamiento de la información captada y para el pago de aquellos individuos que colocaron y vigilaron el funcionamiento de estos dispositivos. La preparación de las instalaciones secretas, su mantenimiento, su control constante y el monitoreo e interpretación de los datos obtenidos exige igualmente la organización de una red de especialistas. Para llevar a cabo estas actividades ilícitas se requirió de un amplio soporte económico y logístico y es evidente que sólo individuos o grupos poderosos e influyentes tendrían la capacidad, el interés y los recursos para efectuar operaciones de espionaje a gran escala y para sostener la cadena de corrupción y criminalidad que las posibilita.

El derecho a la privacidad, al secreto en la vida íntima -así sea en el ejercicio del poder público- y a la inviolabilidad de la correspondencia, de las comunicaciones de todo tipo y del domicilio o lugar de trabajo, salvo orden judicial en contrario, forman parte esencial de los derechos humanos y políticos elementales y su violación es condenada severamente en todos los países civilizados. Además, el espionaje de las oficinas de gobiernos legítimamente electos constituye un ataque inaceptable a la institucionalidad democrática, al estado de derecho y a la convivencia armónica de la sociedad.

Por ello, la realización de una investigación a fondo de estos hechos y el castigo conforme a la ley de quienes resulten responsables son medidas que las autoridades judiciales competentes deben emprender cuanto antes, no sólo para identificar a los responsables materiales e intelectuales de estos ilícitos, sino para garantizar ante la ciudadanía la vigencia del marco de libertades y derechos consagrado en la Constitución.

De otro modo, ¿cómo podríamos presentarnos como un país esforzado en consolidar un régimen democrático cuando una situación de espionaje, en una proporción mucho menor, provocó con el Watergate la caída del presidente de la primera potencia mundial?