Aguas Blancas se investigó ``con seriedad''; la pesquisa del ejido Morelia, en curso

En respuesta al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde responsabiliza a México de incumplir la resolución sobre los casos de Aguas Blancas y el ejido Morelia, la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó las imputaciones de no acatar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, establecidas en la Convención Americana.

En un comunicado, la cancillería pormenorizó las acciones que se han llevado a cabo tanto para esclarecer la masacre ocurrida en el vado de Aguas Blancas, el 28 de junio de 1995, como la tortura y asesinato de tres indígenas en el ejido Morelia, a cargo de elementos del Ejército Mexicano. La SRE sostuvo: ``El gobierno mexicano reitera su indeclinable compromiso de asegurar el respeto a los derechos humanos y el combate a la impunidad''. Agregó que en el caso del ejido Morelia, aceptó ``de buena fe'' y en el contexto de la legislación nacional, las recomendaciones que originalmente realizó la CIDH, aun cuando ``éstas no tenían un carácter obligatorio''.

La cancillería señala que en su momento se designó a un fiscal especial de la Procuraduría General de Justicia de Chiapas para esclarecer el caso. Sin embargo, ``hasta ahora no se cuenta con elementos suficientes que le permitan imputar de manera directa la responsabilidad penal''. Añadió que las investigaciones en torno al caso continúan ``hasta identificar a los culpables de estos hechos tan lamentables y someterlos a procedimiento judicial, en los términos solicitados por la propia CIDH''. Por tal motivo, la cancillería aseveró que ``no se puede compartir'' la opinión del organismo internacional en el sentido de que se haya incumplido con sus recomendaciones.

En cuanto a la masacre de Aguas Blancas, la SRE dijo que México no comparte las conclusiones de la CIDH, ya que a través de las diversas instancias de procuración de justicia se ha dado seguimiento a la investigación.

La dependencia subraya que ya se ha ejercido acción penal en contra de 43 servidores públicos acusados de los delitos de homicidio, lesiones, abuso y ejercicio indebido de autoridad y abandono del servicio público. La respuesta de la cancillería también alude a la resolución de la Suprema Corte de Justicia sobre los funcionarios a quienes se les encontró responsabilidad, cuando esa instancia se avocó al caso.

En tal sentido, asevera que ``se ejerció acción penal en contra de aquellas personas a las que se les comprobó responsabilidad penal''. Paralelamente, cita la cancillería, se han realizado acciones de apoyo a los deudos de las víctimas de la masacre de Aguas Blancas, otorgándoles ayuda e indemnizaciones.

Finalmente señala que dentro del sistema judicial mexicano, existen recursos viables e instancias judiciales idóneas para dar seguimiento a las resoluciones.