Al iniciarse nuevamente la discusión sobre la reforma política en el Distrito Federal, ahora en las condiciones favorables creadas por la nueva correlación de fuerzas políticas en el Distrito Federal (gobierno y Asamblea Legislativa) y la Cámara de Diputados, emanada de las elecciones de julio de 1997, vuelve a tocarse el tema de la conversión de la capital en un estado más de la federación, el número 32.

Las razones son políticamente obvias: mientras se mantenga al Distrito Federal bajo un régimen de excepción, sus habitantes no gozarán de todos los derechos políticos que otorga la Constitución a los del resto del país, y seguirán siendo ciudadanos de segunda clase. Además, su Asamblea Legislativa carecerá de funciones plenas de Congreso Estatal, como las tienen todos los demás; el jefe de gobierno local conservará vínculos de dependencia directa del Ejecutivo federal y la entidad no tendrá soberanía plena. Por otro lado, no será posible redactar una Constitución local que constituya el marco general del estado de derecho en la entidad y de sustento a su inclusión en el Pacto Federal en igualdad de condiciones.

Mientras los demás partidos representados en la ALDF (PRD, PAN, PT y PVEM) sustentan, cada uno a su manera, la necesidad y viabilidad de dar paso a la transformación del DF en estado 32, el PRI mantiene su negativa con discursos justificadores: que ello implicaría la reubicación de los poderes federales en otro lugar del país y la ciudad de México dejaría de ser la capital; que la conversión de las delegaciones en municipios haría mas ricas a las jurisdicciones ricas y más pobres a las pobres; etcétera. Sin negar abiertamente la posibilidad de esta reforma, la aplazan hasta un futuro indefinido.

Los argumentos carecen de sustento: no será el primero ni único caso en el mundo donde los poderes centrales convivan en una ciudad con un gobierno estatal electo, aun de signo contrario, y las posibles dificultades son obviables mediante el respeto al estado de Derecho, la democracia y la inteligencia; el ámbito territorial del poder federal puede reducirse a su dimensión real sin ningún problema, para que la capital del país siga siendo la ciudad de México; si el estatuto estatal llevara en sí la desigualdad de los municipios, entonces habría que cambiar el régimen federal en todo el país, lo cual es incoherente; etcétera.

La ``razón'' del PRI radica, a todas luces, en su interés de mantener al DF en su dependencia del Ejecutivo federal, como rehén político y caudal electoral sometido aún a candados, recortes de soberanía, tutelas y chantajes presupuestales, con la esperanza de recuperarlo en el 2000 y volver a convertirlo en factor fundamental de control nacional; una apuesta bastante insegura. Mientras tanto, la situación de excepción jurídica y política del DF conduce a una inestabilidad jurídica permanente, que obliga a constantes y recurrentes reformas legislativas, siempre parciales e incompletas, y que se hacen contradictorias cada vez que se introduce un nuevo cambio ``democratizador'' en cualquier otro punto de la remendada legalidad.

Sin duda, la democratización ha avanzado y puede seguir haciéndolo; pero siempre será incompleta mientras no cuente con una base de igualdad jurídica con todas las demás entidades de la federación. Es particularmente inaplazable la redacción de un marco constitucional propio que elimine la dependencia del Ejecutivo federal; el otorgamiento de derechos plenos y funciones de Congreso local a la Asamblea Legislativa; la conversión de las delegaciones en municipios dotados de su cabildo; y la igualación plena de los derechos políticos de los defeños con los del resto del país.

La posibilidad de impulsar legal y realmente una participación ciudadana democrática para la ciudad, exige también este nuevo marco institucional, porque no es posible que ciudadanos de segunda, con derechos limitados por la propia legislación, asuman plenamente su ciudadanía y participen activamente en la toma de decisiones sobre el presente y el futuro. Por ello la reforma del Estado, en curso de discusión, debe crear las condiciones para que el Distrito Federal se convierta en estado de pleno derecho en los próximos años. Así reivindicaremos la mayoría de edad civil de los capitalinos.