El panorama económico del país vuelve a mostrar signos preocupantes frente a las expectativas de crecimiento y mejoría de las condiciones de vida de la población.

El año pasado la economía creció 6.7 por ciento y la inflación cerró en 15.3 por ciento; sin embargo, estas cifras no significaron una mejor distribución de la riqueza ni una generación de una mayor demanda interna. Para este año el gobierno ha anunciado, en voz del secretario de Hacienda, José Angel Gurría, que el recorte presupuestario, derivado de la baja internacional en los precios del petróleo, ha sido de 18 mil 115 millones de pesos, por lo que el gasto público ascenderá a 849 mil 267 millones de pesos. Este ajuste, aunque antes se negaba, mermará el gasto destinado a los estados y, también, el de carácter social; por tanto, los afanes de recuperación tendrán nuevamente que postergarse. Para algunos municipios, además, la disposición de recursos se ha visto complicada con la forma aprobada por el Congreso para repartir fondos del llamado ramo 033, que van a significar disminuciones drásticas en sus egresos.

De manera contrastante se anunció también que este año se asignará a varias constructoras --Protexa, Tribasa, GMD e ICA-- como parte del rescate carretero, la cantidad de 5 mil millones de pesos, de los cerca de 19 mil millones pensados para tal efecto.

Pero van más cifras de las señaladas por el secretario: el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) ha destinado al rescate de los bancos alrededor de 380 mil millones de pesos, cerca de 50 mil millones de dólares, y se han usado recursos del Fondo de Contingencia para el pago de indemnizaciones, pensiones y pasivos de Ferrocarriles del Noroeste a fin de facilitar su privatización. En pocas palabras, con estas cifras se nos sigue demostrando que la prioridad de la política económica está en la reactivación del capital y no en el bienestar de la gente. Las mayorías tendrán que esperar a que los dueños del dinero decidan invertir en actividades productivas de largo alcance para que haya empleos y puedan mejorarse salarios y condiciones de trabajo.

El apoyo que nuestro gobierno ha brindado al Acuerdo Mundial de Inversiones (AMI), que ofrece eliminar restricciones a la movilidad del capital y darle trato nacional, es una muestra más de esa intención, ya manifestada en el Tratado de Libre Comercio, de desestimar propuestas --como gravarlo o exigirle compromisos sociales-- que puedan incomodarlo.

En materia de comercio nuestra balanza apenas tuvo, en 1997, un pequeño superávit de 624 millones de dólares, pero tan sólo en enero de este año ya tuvimos un déficit de 565 millones. Ello indica que, de mantenerse la tendencia, volveremos a tener pérdidas en nuestros flujos comerciales, presionando el saldo de cuenta corriente, que ya el año pasado tuvo un déficit de 7 mil 315 millones de dólares. La crisis de 1994 fue derivada de un mal manejo de la cuenta corriente y los compromisos inmediatos de pago que debían enfrentarse sin disponer, en caja, de dinero suficiente y aunque este no es el caso, por ahora, es claro que nuestra vulnerabilidad vuelve a manifestarse a partir de no consolidar una estrategia de apoyo al aparato productivo, que incluya aspectos fiscales, monetarios, crediticios y de orientación del gasto a infraestructura y fomento de ciertas actividades que tiendan a sustituir materias primas que hoy se importan.

En esta semana se nos ha informado que nuestra política económica estará al escrutinio de una nueva comisión sectorial derivada del Acuerdo de Cooperación y Consulta de los Sectores Productivos. Esta noticia, que podría alentar la esperanza de una reflexión objetiva de las posibilidades de la política económica, de cara a su compromiso con la competitividad y la justicia social, es frustrada cuando se observa que sólo se trata de una nueva versión de los pactos anteriores con los mismos actores corporativos, que no garantizan un análisis serio y una discusión plural sobre la orientación, los impactos y alternativas a las medidas económicas oficiales. Por tanto, es de esperarse que esta instancia servirá sólo para legitimar una política cuyo fin no es el bienestar. Parece más un club de amigos de la política económica que un signo de los tiempos de la transición democrática y la nueva cultura laboral.