Dicen los cínicos que la política, a pesar de que en teoría busca el bien común, no tiene moral. Pero sí la debieran tener los individuos que la practican. Toda sociedad democrática requiere una escala de valores compartidos, un conjunto de reglas éticas aplicables tanto a los ciudadanos como a quienes ejercen el poder, máxime si éstos son electos por la voluntad popular. México, hoy más que nunca, no puede ser la excepción. Nuestra democracia está en formación, dista mucho de tener solidez. Pero la ética no puede esperar placenteramente a sentar sus reales en una sociedad armonizada y una democracia perfecta. Al contrario, una ética en pleno ejercicio acelerará el logro de esos objetivos o los hará más viables.

La ética, para ser, tiene que practicarse. No podemos seguir teniendo políticos sin ética, al menos no debemos tolerarlos impunemente. No podemos, si nos queremos dignos, seguir teniendo un gobernador como Jorge Carrillo Olea. El secretario general de gobierno morelense, Hugo Salgado Castañeda ha dicho que ``no existe ningún elemento de orden jurídico ni moral para que el gobernador... considere su permanencia al frente del Poder Ejecutivo''. Jurídico no, moral sí. En cualquier otro país menos complaciente con el poder, un gobernador con tantas sospechas pesando sobre él, ya habría renunciado por dignidad y por vergüenza, aun siendo inocente.

La incredulidad que campea en México permite la elaboración de diversas hipótesis ante la permanencia de Carrillo Olea en su cargo.

Primera: no se quiere ir, porque hacerlo significaría al menos aceptar responsabilidad en los cargos que se le imputan.

Segunda: ni su partido, que viviría un nuevo disloque, ni el Presidente de la República quieren que se vaya y esperan que el asunto se diluya.

Tercera: su salida ya está decidida, pero el asunto se ha retardado, porque como el PRI no tiene mayoría en el congreso local no tendría toda la influencia para determinar al sucesor.

Cuarta: creer que Carrillo Olea, por los cargos que ocupó previos a la gubernatura, sabe tanto de tantos, que esa información es precisamente su salvoconducto.

Ante la primera, inocente o culpable, el congreso local en pleno debiera pedirle formalmente la renuncia. Todos, como mexicanos, nos sentiríamos mejor.

Ante la segunda, ya va siendo hora de que su partido, el PRI, tome una iniciativa correctiva y que no se espere, como acostumbra, a ser meramente reactivo. Por otra parte, difícilmente se podría pensar que el Presidente de la República, dueño de una escala propia de valores en los que cree y aplica, con una ética incluso considerada rígida por algunos, comparta el solapamiento de las acciones del gobernador, aunque en su escala de principios considere, en estricto apego a la ley, que la permanencia o no de Carrillo Olea en este caso no es una determinación del Ejecutivo.

Ante la tercera, que implica una negociación del poder, habría que apresurarse porque el descrédito no sólo afecta a Carrillo Olea sino al gobierno federal, pues para el ciudadano común no hay distingos y matices y todo se le carga a lo que en el lenguaje común se llama simplemente ``el gobierno'', que acaba por ser el Presidente. Además de que el asunto se suma al descrédito internacional.

En el clima de incredulidad que priva en el país todo es posible, lamentablemente. Pero este clima también debe revertirse con acciones determinantes, sobre todo cuando parece urgente la necesidad de aclarar el paisaje nacional, quitando la maleza podrida que va surgiendo.

No se trata de dar gusto a quienes quieren que caiga el gobernador de Morelos, que pueden ser muchos o pocos en el estado y en México; se trata de que un gobierno republicano con ética y un congreso local con ética, acepten que un señor sobre el que pesan sospechas de alianzas con el narcotráfico y complicidad con algunos de sus colaboradores en múltiples crímenes que van desde el secuestro hasta el asesinato, no puede ser merecedor de confianza alguna, aunque se diera el caso de ser inocente de todo lo que se le imputa.

Tarde o temprano se va a ir, no va a terminar su periodo, ¿por qué postergarlo?, ¿por qué esperar a que la presión social sea mayor?, ¿por qué esperar a que, nuevamente, la prensa extranjera lo incrimine, como lo hizo desde hace meses, cuando todavía no se descubría todo el cochinero que llega hoy hasta el ex procurador de Morelos? Los actos de dignidad deben ser inmediatos, claro, en un país con políticos con ética y la moral que todo compromiso y responsabilidad social implica.