A revisión, toda área del gobierno del DF sensible al espionaje

Humberto Ortiz Moreno Ť La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) presume que el espionaje electrónico en el gobierno capitalino tiene su origen en la pasada administración, toda vez que las instalaciones presentan indicios de haber sido dejadas predispuestas en áreas estratégicas de la gestión perredista.

Anunció que solicitará la colaboración de Teléfonos de México para verificar, detectar y desactivar la intervención telefónica generalizada en las propias oficinas de la institución y anticipó que una vez concluidos los peritajes en oficinas gubernamentales, muy particularmente en la oficina de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, seguramente será requerida la intervención de la Procuraduría General de la República.

Sin embargo, consultados sobre el asunto, funcionarios de la PGJDF aclararon ayer que la dependencia no tiene presupuesto, personal ni el equipo especializado imprescindibles para realizar una revisión pericial en todas las áreas del gobierno capitalino.

Por lo tanto, precisaron que la verificación será realizada en determinadas oficinas, fundamentalmente las que manejan información confidencial y de vital importancia para el gobierno de la ciudad de México, como el despacho del ingeniero Cárdenas y las oficinas del procurador Samuel del Villar Kretchmar.

``Lo haremos poco a poco'', puntualizaron las fuentes consultadas. En consecuencia, será prácticamente imposible terminar los peritajes en los tres días que fueron marcados anteayer por las autoridades para dar los primeros resultados de las indagatorias.

Los funcionarios dieron a conocer que la Procuraduría capitalina pedirá la cooperación de la empresa Teléfonos de México para checar las líneas telefónicas intervenidas en la propia Procuraduría General de Justicia del DF y otras áreas del gobierno del Distrito Federal.

Y para que las investigaciones sean conducidas con seriedad, utilizando los recursos disponibles y los expertos que en la materia tiene la Procuraduría General de la República, en el momento en que pudiese configurarse un delito federal será solicitada la intervención de la propia PGR.